Durante los próximos 10 años Juan Carlos Gossaín, exgobernador y uno de los hombres más influyentes del departamento Bolívar, no podrá aspirar a cargos públicos. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó tras comprobar que esquilmó dineros de la salud a través de pagos a IPS inexistentes en el Cartel de la Hemofilia. Esto sería la muerte política para Juan Carlos Gossaín mientras que Alejandro Lyons ha logrado hacerle el quite a la justicia desde Miami a donde huyó una vez desató el escándalo y le ha dado largas a su extradición a Colombia.
En octubre de 2017 la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le otorgó un principio de oportunidad echar al agua a todos sus viejos socios como los Ñoños y los magistrados involucrados en el cartel de la toga. Con la justicia acordó que solo pagará cinco años de cárcel y devolverá $4.000 millones. Ahora un juez de Bogotá le prorrogó por seis meses más el principio de oportunidad para que el exgobernador regrese con las garantías necesarias al país y prenda el ventilador que tiene a más de uno en ascuas.
Por su parte, Juan Carlos Gossaín podrá apelar la decisión, pero el volumen y calidad de las pruebas que obran en su contra hacen remota la posibilidad de que el fallo sea revocado. Incluyen reveladores correos y documentos sobre la manera como el mandatario y funcionarios de su confianza convertían los dineros del sector en un coto de caza privado. La inhabilidad por 10 años también le cae a la secretaria de salud, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez y a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la Gobernación que solo fue inhabilitado durante cuatro meses.
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