De la aniquilación del cuerpo a la anulación política por la vía judicial y mediática de los políticos progresistas o de izquierda.
La confrontación siempre ha existido en los espacios de la política electoral, partidista y deliberativa. Pero, si algún adversario político colocaba en riesgo al orden imperante, las élites o el status quo, se recurría a acciones para nada ortodoxas que implicaban anular al contradictor por medio de la desaparición física, ya fuera la muerte como sucedió con personajes como: Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Juan Carlos Galán, Ramiro Bejarano y la misma voz de la sátira política de Jaime Garzón.
Hasta el exterminio de grupos, movimientos y partidos políticos, siendo más conocido por todos, la Unión Patriótica – UP, eso hablando del caso colombiano.
Incluso, dentro de la geopolítica, si se presentaba alguna mínima amenaza que desestabilizara a los centros de política imperial igualmente, se recurrían a estrategias como la de motivar golpes de Estado (caso Chile) o la de generar embargos económicos o comerciales para asfixiar a los ciudadanos pertenecientes a alguna nación, de forma tal que estos se revelaran contra el mandatario. La táctica de la muerte siempre ha sido usada por los poderes político económicos dominantes.
Pero esto, ha venido cambiando un poco, sobre todo en el continente suramericano. Las élites que recurrían a este tipo de prácticas se han dado cuenta que generan un efecto colateral, no resultando favorable, pues convertían en mártir a la víctima y de este modo las ideas de lucha prevalecían, ello aunado a la violación de derechos humanos y la categorización de los magnicidios.
Entonces empezaron a promover los ataques judiciales y la exposición mediática, afectando el reconocimiento político.
Casos como el de Lulla y Dilma Rousseff en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y hoy con Pedro Castillo en Perú; el mismo Petro en Colombia al ser sancionado por el ex procurador Ordoñez, Carlos Caicedo hoy gobernador del Magdalena que ha sufrido de una persecución feroz por el exfiscal Martínez, León Fredy Muñoz al ser acusado de portar una sustancia ilícita que nunca ha consumido.
Iván cepeda y los falsos testigos, los controvertidos computadores de las Farc que supuestamente implicaban a Piedad Córdoba y de lo cual nada se pudo comprobar, Camilo Romero que afronta juicio en la Procuraduría, Cesar Pachón por presunto constreñimiento a una persona de su UTL y el último gran caso sonado que fue el del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política.
Unos con procesos judiciales en las altas cortes, con investigaciones en la Fiscalía o procesos en la Procuraduría. Todos de izquierda o con tendencia progresista.
Algunos dirán que hay políticos de derecha que también son investigados o judicializados, pero a diferencia de los anteriormente mencionados, aquellos cuentan con procesos que tienen pruebas serias. Es preciso resaltar, que los procesos judiciales de políticos de izquierda, en un gran porcentaje terminan archivados por la falta de contundencia en las pruebas, por falsa denuncia o porque simplemente fueron entrampados.
Y si la estrategia judicial no funciona, la exposición en medios masivos de comunicación, el movimiento en redes a partir de las bodegas y la implantación de mensajes falsos y de posverdad en los chats, logran más efectividad.
Llevan a instaurar patrones o perfiles sobre los políticos que no defienden los intereses de estos grupos empresariales, como el caso del GEA y el Colombiano que día a día publican información sobre el alcalde de Medellín con una vehemencia nunca antes vista, en contra de los políticos de izquierda comunican a partir de sus intereses económicos y el muchas veces, a través de pauta a través de sus empresas y desde las entidades territoriales en las que han puesto gobernantes.
Desde las casas editoriales definen cuáles son las noticias que nos entregan a los colombianos para adaptarnos a la opinión que a ellos más les convenga.
Dicen cosas que quedan instauradas como lo del castrochavismo, un significante que surge desde lo político pero que ampliamente se repitió en redes y medios y que afortunadamente hoy se desvaneció o la imagen ridícula que piensan implantar del gabinete de Petro y la vicepresidenta Márquez, el proteger negocios como el de los alimentos no saludables y mover sus medios para que estos no sean grabados en la reforma tributaria.
Pero también, dejar incorporado en la imagen colectiva que la Primera Línea es un grupo terrorista, que con la protesta no se gana nada, que los políticos de izquierda son enemigos de los empresarios, que la corrupción solo se da en el sector público y que los servicios prestados por las instituciones públicas son malos, como si las EPS y los fondos de pensiones funcionaran muy bien.
Al igual, forjan imágenes de ciertos políticos progresistas difíciles de desprender, por ejemplo, Gustavo Bolívar catalogado como patrocinador de terroristas, Claudia López criticada por gritona, Antanas Mockus en su momento fue visto como un díscolo y payaso, María José Pizarro como una vendedora de tiquetes y sin mencionar las categorías que le dan a este grupo de políticos como mamertos, populistas, guerrilleros y mariguaneros.
Las elites al tener los medios económicos en su poder también han incursionado de manera directa e indirecta para hacerse al poder político.
Hoy hay una calma alrededor del Gobierno de Petro con el que han sentido que no se les ha cambiado su modus vivendi, pero a la menor amenaza de perder su poder político que tanto les sirve a sus intereses empezarán a actuar.
Esperemos que el gobierno del cambio pueda tener un buen final, traiga todos los cambios sustanciales que necesita el país y no se quede atorado en un falso positivo judicial inventado por la extrema derecha amangualada con empresarios, quienes tienen tentáculos en muchos lados para hacer un gran daño.
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