La lista de bienes incautados al narcotráfico se empezó a construir en 1974. La idea fue de Jaime Ramírez Gómez, el coronel que una década después lucharía contra Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, y que fue asesinado por orden del capo del Cartel de Medellín en 1987. La base de datos se fue alimentando ininterrumpidamente hasta que la Dirección Nacional de Estupefacientes se liquidó por corrupción en el 2012 y la lista misteriosamente desapareció. Entre sus misterios está saber cuánto costaban los bienes incautados a los grandes carteles.
Cuando el fallecido periodista Herbin Hoyos Medina pretendía renovar la licencia de vuelo de uno de sus helicópteros ultralivianos, un subdirector de la Aeronáutica Civil se enteró, por su propia boca, que la base de datos donde se podía consultar los antecedentes de narcotráfico había sido robada. El periodista lo comentó con tono de sorpresa al directivo de la Aerocivil, fuente de esta revista, que todo ocurrió durante el proceso de entrega de información de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al Ministerio de Justicia y a la naciente Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta grave denuncia se suma a la manifestada por el presidente Gustavo Petro, que en rueda de prensa la semana pasada dijo que el inventario de bienes incautados a los narcotraficantes a lo largo de la historia no está en la SAE, la entidad que debió recibirla tras la eliminación de la corrupta Dirección de Estupefacientes en 2011.
La narcobase de datos a la que se refiere esta investigación era uno de los instrumentos más importantes con que contaban el Estado, sus organismos de seguridad, la Aeronáutica Civil y la Dirección General Maritima (DIMAR) para evitar que narcos, o quienes tuviesen relaciones con ellos, se camuflaran y lograran licencias de vuelo, el registro de sus aeronaves o permisos para buques y lanchas. Es decir, era la base de datos más completa que existía en el país desde la época del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar.
La base de datos fue creaada por el director de antinarcóticos del la coronel Jaime Ramírez Gómez, asesinado por el cartel de Medellín tras el descubrimiento, junto con el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del mayor laboratorio de cocaína que haya existido hasta nuestros días: Tranquilandia, propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha. El decreto 1188 de 1974 creó la base de datos y la Ley 30 de 1986, año en que asesinaron al coronel Ramírez, la modificó para incluir detalles precisos sobre lo que debía buscar la DNE para expedir estos certificados.
El certificado aquí publicado es un ejemplo de los que expidió la DNE hasta antes de 2011, cuando era la autoridad competente. En este caso se trata de un certificado de carencia de información por tráfico de estupefacientes, es decir que certifica que las personas mencionadas no tienen antecedentes y da el visto bueno a la Aerocivil para que registre como legal una aeronave que estaban negociando dos ciudadanos y la empresa allí mencionada.
Otro ejemplo del papel que cumplía esa base de datos data de enero de 2008 cuando la DNE se abstuvo de otorgar dicho certificado en favor de Luis Guillermo Ángel Restrepo, el famoso piloto de helicópteros, exsocio de Escobar y luego líder del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes) que ayudaría al Estado en la muerte del capo del Cartel de Medellín. Según la resolución de la DNE, Ángel buscaba registrar ante la Aerocivil la compra de una aeronave y renovar el permiso de operación de Helicargo, una de sus empresas aéreas, pero la misma entidad le dijo que su certificado quedaba suspendido por su pasado narcotraficante con el Cartel de Medellín. Finalmente, apelando a la amnistía que el gobierno de César Gaviria le había otorgado a quienes colaboraron en la caída de Escobar, Guillo Ángel, como se le conoce, logró renovar su licencia de piloto y los permisos para su compañía aérea.
Tras la disolución de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2011, el ministerio de Justicia expidió el decreto 019 de 2012 entregándole explícitamente la función de verificación de estos antecedentes a la Aerocivil, pero con la condición de que pudieran acceder a las bases de datos y al sistema de información que debió pasar de la DNE al Minjusticia. “La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil hará directamente la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del derecho de dominio”, dice el decreto.
Según la fuente de la Aerocivil, quien entregó a la Revista RAYA los documentos para sustentar su denuncia, eso nunca ocurrió. Pasaron dos años para que dicho decreto se reglamentara, y cuando esto por fin sucedió el decreto 014 de 2014 omitió la base de datos y en cambio definió que los antecedentes debían ser consultarlos en la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) y en la Fiscalía. No obstante, esta última se negó a las peticiones de la Aerocivil arguyendo que la información relacionada con el tema era reservada y que no era la misma que venía recopilando la DNE.
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Incluso, como una forma disimulada de subsanar la ausencia de la narcobase de datos, el decreto presidencial de 2014 declaró que aún no existía una herramienta informática que permitiera la expedición de los antecedentes. “Hasta tanto se implemente una herramienta informática para el suministro de información, la Aerocivil y la Dirección General Marítima deberán solicitar la información respectiva de manera directa o indirecta a la Fiscalía y a la Dijin”.
Es más en ese entre reino mientras salía la reglamentación, la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, adscrita al ministerio de Justicia, fue la encargada de emitir algunos de estos informes, pero no amparados en la base de datos del CNE sino consultando a la Dijin y la Fiscalía. Así aparece consignado en un oficio de octubre de 2012, que aquí revelamos, el cual fue remitido a la Aerocivil para referirse a un grupo de más de 20 personas sobre las que se consultaban sus antecedentes de narcotráfico.
Sin embargo, la Aeronáutica no ha podido ejercer la responsabilidad que le asignó el decreto de 2012, pues hasta la fecha nunca ha tenido acceso a la desaparecida narcobase de datos. Una tarea que sigue pendiente, tal y como quedó registrado en oficio de mayo de este año que le remitió la Dijin a la Aerocivil. “Carencia de informes por tráfico de estupefacientes con fines aeronáuticos. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil hará directamente la verificación de carencia de dichos informes”, dice el documento.
Si bien el oficio resalta alguna información, esta corresponde a los antecedentes delictivos de tres ciudadanos y aclara que no es su responsabilidad decir si dicha información corresponde o no a informes por tráfico de estupefacientes y conexos.
La Revista RAYA intentó comunicarse con el ministro de Justicia, Nestor Osuna, y con el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el fin de consultar qué saben de la desaparecida narcobase de datos que contenía los nombres de los narcos más ocultos en la alta sociedad colombiana. En el entretanto, las preguntas que quedan para el nuevo gobierno son: ¿Cuántos mafiosos se beneficiaron con la desaparición de esa base de datos? ¿Cómo van a recuperar esa información?
*Este texto fue originalmente en la revista Raya
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