La naturaleza ha sido una víctima invisibilizada de los ataques contra la infraestructura petrolera como acciones bélicas en conflictos armados, desde las voladuras de oleoductos en Colombia y Nigeria, hasta la incineración de pozos petroleros en Kuwait, pasando por el bombardeo de instalaciones petroquímicas en Serbia y las explosiones submarinas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en Dinamarca y Suecia. En este momento Colombia tiene la oportunidad de crear un precedente internacional al reconocer a la naturaleza víctima del conflicto armado para el caso de las voladuras del oleoducto Transandino que inicia en Orito, Putumayo y atraviesa el sur de Nariño hasta llegar al puerto de Tumaco. Este oleoducto cruza diversos ecosistemas que han sido afectados por los derrames de petróleo, desde los páramos hasta los manglares, pasando por la selva,. Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abierto el macro caso 02 que investiga graves violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (Derecho de la guerra) presuntamente cometidas en el sur de Nariño.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) documentaron para el periodo 1986-2015, 448 acciones bélicas contra el oleoducto Transandino, incluidos 279 ataques con explosivos, de los cuales las FARC-EP presuntamente serían responsables de 154 acciones, según la FIP y CODHES. No hay espacio aquí para entrar en detalles, pero un caso sirve para mostrar la magnitud de los impactos ambientales que este tipo de acciones pueden causar. El 22 de junio del año 2015 la guerrilla de las FARC-EP presuntamente dinamitó el kilómetro 74 del oleoducto Transandino en jurisdicción de Tumaco, Nariño. Esta acción bélica produjo una emergencia ambiental de grandes proporciones pues dejó sin agua a más de 150 mil personas y derramó hidrocarburos en el río Pianulpi y la quebrada El Pinde; y la mancha de crudo se extendió por los cuerpos de agua hasta el océano Pacífico. En este video está el cubrimiento de Noticias Caracol de estos hechos y de su impacto ambiental. Concretamente, el macro caso 02 de la JEP investiga las acciones bélicas de las FARC-EP y la Fuerza Pública en el sur de Nariño en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas entre 1990 y 2016.
En Colombia ya hay precedentes del reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos. Así ocurrió para el río Atrato (2016); la Amazonía (2018); los ríos Combeima, Cocora, Coello, La Plata, Cauca, Pance, Otún, Quindío y Magdalena (2019). Igualmente, los Parques Naturales Los Nevados (2020) e Isla Salamanca (2021) fueron reconocidos como sujetos de derechos. La JEP con el Auto 079 de 2019 acreditó al territorio indígena Awá como víctima del conflicto armado dentro del macro caso 02 y con el Auto 02 de 2020 acreditó al gran territorio Nasa de la Cxhab Wala Kiwe como víctima dentro del macro caso 05.
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En el libro “Reflexiones sobre el Enfoque Territorial y Ambiental en la Jurisdicción Especial para la Paz”, con la abogada Juliana Galindo, argumentamos la necesidad de aplicar un enfoque ecocéntrico al análisis de la naturaleza como víctima del conflicto armado
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Como parte del debate sobre las investigaciones y sanciones con un enfoque territorial y ambiental de las violencias ocurridas en el conflicto armado, la Comisión Territorial y Ambiental de la JEP publicó la semana pasada el libro: “Reflexiones sobre el Enfoque Territorial y Ambiental en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Esta publicación nutre de argumentos este debate con ocho artículos. En uno de los capítulos de este libro, junto con la abogada Juliana Galindo, argumentamos la necesidad de aplicar un enfoque ecocéntrico al análisis de la naturaleza como víctima del conflicto armado, así:
“[E]l enfoque ecocéntrico abriría la posibilidad de examinar si el daño medioambiental hacía parte de las prácticas y modos de actuación criminal de los grupos armados legales e ilegales, y permitiría ampliar el ejercicio de develación de las motivaciones detrás de las afectaciones a ecosistemas -como ríos, manglares, selvas, páramos- como parte de las estrategias de control territorial y social, tácticas de supervivencia de los integrantes de los grupos armados, instrumentos de ocultamiento de los crímenes, entre otras acciones que dejaron una huella negativa en la naturaleza.” Para conocer en profundidad este y otros argumentos sobre la naturaleza como víctima del conflicto armado invito a consultar la publicación de la JEP disponible en este enlace.
Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales y la orientación de la magistratura en el macro caso 02 de la JEP sobre los ecosistemas, territorios y poblaciones afectadas por las voladuras del oleoducto Transandino, se avizora una oportunidad única para dar este debate, revisar los argumentos, cotejar las pruebas y proferir un precedente de la naturaleza como víctima de los ataques contra la infraestructura petrolera, haciendo justicia a los ecosistemas que siguen su largo y desatendido proceso de recuperación como víctimas silenciosas.
