Un profundo significado tiene el acuerdo al que llegaron Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, mediante el cual esta organización de los ganaderos se compromete a venderle tierras al gobierno nacional en extensión de 3 millones de hectáreas, que son indispensables para dar vía libre al banco de tierras de que habla el primer punto del Acuerdo de Paz de La Habana. Algo impensado antes: que Petro y Lafaurie firmaran un acuerdo de tierras.
Ese profundo significado tiene que ver con el cambio de actitud que parece estarse operando en ese sector de la economía, que ha sido el más reacio a la implementación de la paz, el que más empeño puso en frustrar las aspiraciones populares de llevar a Gustavo Petro a la Presidencia y uno de los que habrá que esperar mayor oposición al trámite de las transformaciones que impulsará este gobierno.
Como tal cambio de actitud puede no ser tal, sino un mero disimulo, lo mejor es celebrarlo como si fuera sincero, pero hacerlo como Calpurnia, esposa de Julio César, quien dormía con un ojo abierto, no sea que en realidad esconda algún embuchado que permita aprovechar cualquier incidente que pueda presentarse para poner en riesgo los todavía en ciernes atisbos de paz total que se vislumbran en el horizonte. En Lafaurie, tal propósito no es de extrañar, como lo indican los indicios que dan cuenta de su apoyo al paramilitarismo y la evidencia que dio con su llamado a conformar peligrosos “grupos de ganaderos de reacción solidaria”.
Pero dejemos de lado estos presagios y supongamos que lo que vendrá será un estricto cumplimiento de lo acordado entre Petro y Lafaurie. Quedarían, no obstante, algunas inquietudes como las relacionadas con los antecedentes jurídicos de la tierras a adquirir, la ubicación, los precios, las garantías de buen disfrute que tendrán los campesinos que logren llegar a ellas y, sobre todo, que los procedimientos de adjudicación sean tan claros que establezcan prioridades insoslayables a favor de las víctimas reales del despojo y el desplazamiento.
Con estas víctimas el Estado tiene una deuda que no se redime con la simple adjudicación, pero con la cual sí se les estaría dando un primer avance de reparación, que debe continuar con asistencia técnica, proyectos de mecanización, obras de infraestructura, centros de acopio, canales de distribución y créditos blandos, además del adecuado suministro de servicios domiciliarios, conectividad, salud y educación, con los cuales, de lograrse, puede hacerse más atractiva la vida en el campo e indeseable la trashumancia a los centros urbanos.
Por lo que atañe a lo anunciado por el gobierno, el campesinado y el país deben sentirse complacidos. Ojalá Fedegán y Lafaurie actúen de conformidad.
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