La fiscal Andrea Muñoz encontró dos contratos con EMCALI en los que Tapia estaría detrás: uno de ellos con el Consorcio Clarificación Puerto Mallarino por $3.800 millones y otro con el Consorcio Renovación Puerto Mallarino por $2.417 millones, que tiene como representante legal a Herles Rodrigo Ariza Becerra, cercano a Emilio Tapia.
Ariza es, a su vez, representante de ICM Ingenieros, una de cuatro empresas socias en la Unión Temporal Centros Poblados. Ambas uniones temporales de Puerto Mallarino tienen los mismos socios: Proctor Construcciones S.A.S. de Montería; AESCAF S.A.S, una constructora de vivienda de Girardot; y Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S (Contelac SAS). Los dos contratos son de 2021. Las pruebas son tan contundentes que Tapia fue imputado.
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El exgobernador Juan Carlos Abadía fue quien llevó al contratista cordobés a contratar en Cali. Son viejos conocidos en el mundo de la política e incluso Abadía visitaba en la cárcel a Tapias, cuando estuvo detenido por el carrusel de la contratación de Bogotá.
Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, a donde fue trasladado el pasado 23 de junio a la capital atlanticense luego de lograr a su favor un fallo de tutela que interpuso su esposa, Natalia Morales, alegando que se estaba vulnerando los derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana.
