El referendo de 2017 llegó después de una demanda popular sostenida desde 2010, a la que Madrid se había negado durante todos estos años. Por eso, cuando el gobierno catalán decidió celebrar el referendo unilateralmente, el Estado envió a 10.000 policías para impedirlo. Sin embargo, el referéndum se celebró y votaron 2.286.217 personas, 43% del censo, con 90% a favor de la independencia de Cataluña.
Después, el gobierno catalán intentó negociar con el español, pero éste se negó y activaron el sistema judicial que encarceló a 9 personas. Estuvieron casi cuatro años en la cárcel hasta que, las presiones del Consejo de Europa, forzaron el indulto a estos presos políticos. Pero llevamos 4.200 perseguidos judicialmente, de los que 720 aún esperan juicio.
Ahora mismo el gobierno español está intentando ignorar el conflicto y, en Europa, también miran hacia otro lado. Pero ignorar el movimiento social más potente de Europa es irresponsable porque un movimiento así, que sabe que tiene derecho a defenderse de la España ultranacionalista, no renunciará a la independencia de Cataluña por imposición española.
La parte más militante del movimiento independentista sabe que debe forzar una solución porque, la inaceptable situación actual, con un gobierno español nacionalista socialdemócrata (PSOE y Podemos), empeorará cuando gane el ultranacionalismo de la derecha (PP) más la extrema derecha (VOX).
Ante la falta de camino democrático, el independentismo está dándose cuenta de que deberá organizar un proceso insurreccional pacífico de más de 2 millones de personas para desbordar al Estado español, que previsiblemente reaccionará con mucha violencia.
Antes de que esto ocurra, sería deseable que Europa obligara a España a aceptar un referéndum de autodeterminación para solucionar el conflicto democráticamente.
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