Partimos de la convicción para llegar a la certeza: Así podemos resumir la lucha del campo social y popular en su camino por forjar una alternativa cierta a la evidente crisis social y política emergida del neoliberalismo en Colombia, e impulsada por la elite que históricamente ha gobernado nuestro país.
La posibilidad de desatar un proceso constituyente en Colombia, parte de dos premisas en la actualidad: una institucionalidad o poder constituido que tiende a reducirse y descomponerse; reducción al observar reformas e iniciativas políticas y legislativas que buscan profundizar el esquema de mercantilización y privatización de derechos, ya de por sí maltrechos – política pública de Educación Superior, anuncio de reforma a la salud, las ZIDRES, por ejemplo -. Por otra parte, hablamos de descomposición ante la ausencia de consensos entre el bloque de poder tradicional – derecha y extrema derecha, e incluso al interior de ambas facciones; la bancarrota del esquema de partidos como forma de canalizar la participación política en Colombia, la innegable crisis del sistema penal y judicial colombiano, profundizado por la emergencia humanitaria en las cárceles del país, como ejemplos.
Dicha reducción del poder constituido para canalizar las demandas, necesidades y aspiraciones populares choca con la segunda premisa del proceso constituyente: ante dicha estrechez, emerge un campo social, popular y democrático cuyas acciones, propuestas y capacidad rebasa con creces dicha institucionalidad actual. El constituyente primario, el poder constituyente, se activa, aún disperso, y su caminar supera la capacidad del poder constituido, la institucionalidad y el Estado. La constitución de 1991 se queda corta ante el empuje popular que sabe que su horizonte de aspiraciones hace mucho superó los estrechos marcos de lo posible, tomando el camino de lo necesario: una nueva sociedad, plenamente democrática, en paz con justicia social.
La entrada institucional es demasiada pequeña para nosotros y nosotras, y sin duda, el llamado es a desalambrar, a desatar el proceso constituyente, a profundizarlo. Ni las condiciones de vida del grueso de la sociedad, ni la promesa de la paz, y mucho menos la participación política para nuestra voz y propuestas fueron realidades emanadas de la constitución de 1991, la cual no pasó de ser un coqueteo, que como todo coqueteo no deja de ser una promesa incumplida.
Hoy, hay dos rasgos que quisiera enfatizar del campo social y popular con respecto a dicho panorama, partiendo de afirmar que asistimos a una creciente dinámica de legislación popular que confronta los postulados doctrinales del neoliberalismo. El campo social y popular ha construido una nueva concepción – o epistemología – de la sociedad, una visión coherente con su realidad y que fácilmente puede derivar en un nuevo constitucionalismo, una filosofía política popular, antineoliberal. Este rasgo ha sido poco analizado y es una fortaleza y avance del proceso constituyente que emerge y debemos profundizar:
Nuevas Formas de Hacer Política: La vitalidad del campo social y popular ha construido, o redimensionado, formas de disputar, acumular y construir poder. Desde luego se trata de una forma de entender la política que supera su reducción a mecanismos e instancias institucionales para asumirla como la disputa de opinión, propuestas y acciones en búsqueda de incidir en las discusiones públicas y las condiciones de vida de las comunidades.
De momento, dos aspectos de dichas nuevas formas pueden señalarse – sin ser los únicos -: el primero tiene que ver con las formas de agrupación social y política: espacios como MANE, CUMBRE AGRARIA, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, MODEP y MARCHA PATRIÓTICA son actores nuevos de la política y el movimiento social, caracterizados por sus dinámicas de movimiento, o movimientos socio políticos; una combinación de acción reivindicativa, sectorial, que no desconoce su alcance, ni la naturaleza de sus problemas y por tanto, irrumpe en las arenas de la política asumiendo que sus demandas solo serán posibles de la mano de profundas reformas que van más allá del tema, sector o problema en específico. En el caso de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y MODEP, se trata de espacios con clara vocación de poder, que se alimentan de la dinámica de luchas sociales, sectoriales y regionales, y las proyectan o hacen converger en un ánimo de ser poder y gobierno. Lo particular de estas formas de agrupación política, es que no adoptan la forma partido – e incluso por ello son desconocidas jurídicamente para, por ejemplo, participar en espacios electorales – para su accionar; pese a no ser partidos políticos disputan el poder, contrariando la noción de participación política, mecanismos e instrumentos definidos en la constitución de 1991.
En segundo lugar, hablamos de sus formas de acción colectiva, la forma de desplegar la fuerza para disputar el poder. Pese a la macartización de movilización, huelgas, paros, marchas, mítines, encuentros sociales, populares y democráticos, estos emergen y adquieren una renovada legitimidad, audacia y logran victorias importantes ante la arremetida del orden establecido. Un repunte de la movilización ha marcado los últimos 5 años, que además asistieron al nacimiento de las nuevas formas de agrupación referidas anteriormente. Incluso, movilizaciones como las estudiantiles de 2011 y las agrarias de 2013 perfilaron momentos de movilización cívica, multisectorial, que no observábamos desde los 80 y que podemos decir que en algunos aspectos las superaron. Las demandas postergadas, y la naturaleza cada vez más agresiva de la guerra social y legislativa contra el pueblo, ha enfrentado una formidable respuesta popular.
La Acción Programática; Legislación Popular con perspectiva constituyente: Ha sido bajo estos nuevos rasgos del campo social y popular que ha adquirido relevancia el proponer y sistematizar las demandas, y con ello, la certeza de ambicionar el poder y un nuevo modelo de sociedad, estado, democracia, cultura y economía. Fuerte derrota al poder constituido y el bloque dominante, que en tiempos de división y falta de consenso a su interior, se le interponga un gigante popular en las calles, agrupado bajo nuevas premisas y formas organizativas, e incluso, le grite en su cara ¡Hemos perdido el miedo! ¡Hemos perdido la confianza en sus instituciones, y en su lugar, proponemos las nuestras, nuestras reformas, nuestros modelos de derechos y democracia!
Espacios como los encuentros programáticos de la MANE, y su propuesta de ley de educación superior; las Constituyentes por la Paz con Justicia Social; los mandatos del Congreso de los Pueblos; los Cabildos de Marcha Patriótica y recientemente la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, son relevantes espacios de construcción programática popular, unitaria y fuentes inapreciables de legislación popular. No menos importantes han sido los encuentros alrededor del proceso de diálogos de la Habana entre FARC EP y Gobierno, y de seguro, un necesario y eventual proceso de conversaciones con el ELN motivará más esa dinámica.
Dichos acumulados programáticos, tienen rasgos que corresponden a dichas nuevas formas de hacer, entender y participar en política que hemos señalado, y considero acunan una concepción de la sociedad, una filosofía política, que también rebasa el disolvente individualismo neoliberal, su estrecho marco de participación política, y su maniquea noción de democracia y soberanía. Señalaré algunos, enfocándome en la MANE y la CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR, no sin invitar a ampliar el ejercicio; la selección responde a dos ejercicios de un carácter unitario innegable, vinculados a sectores muy dinámicos del campo social en Colombia:
Derechos: Nuevos derechos y sujetos de derecho, en especial comunitarios, rompen la noción individual y formal de la visión liberal. Se trata de derechos que a contramano son campos de disputa del campo social y popular; del reconocimiento de sujetos sociales excluidos o marginados que se consolidan al margen de los mecanismos de participación constitucionales. Dicho reconocimiento y ampliación de derechos conllevan la ampliación de mecanismos de participación y la noción de democracia al desbordarlos, e interpelan una mayor intervención del Estado ante la propiedad y la garantía de los mismos. Cambian así las fronteras de lo público y lo privado, así como la relación entre Estado y sociedad.
Se introduce desde el movimiento social y popular mayor concreción a derechos ya reconocidos, o por el contrario se construye de manera democrática la forma en la cual deben desarrollarse los nuevos derechos. Su formulación, o concreción, trasciende la enunciación de los mismos y por tanto la abstracción en su definición, es decir, se reclama concretar el derecho respetando la historia, cultura, tradición y realidad socio territorial de las comunidades; se eleva a rango de derecho temas como el agua, la salud, la consulta previa, licencia social, educación superior, el derecho a ser joven y la noción de bien común que los pone al mismo nivel jurídico, o uno mayor, con el derecho a la propiedad en la disputa jurídico constitucional. Se trata de nuevos instrumentos, garantías y apuestas para garantizar un buen vivir, participación política, defensa de la soberanía y paz con justicia social.
Los sujetos titulares de estos derechos se caracterizan por su naturaleza colectiva, cambiando la relación Estado Individuo por una relación Estado Comunidades; esta lógica desprende la ampliación de las formas de participación y toma de decisiones, con una preferencia por la democracia directa antes que delegada o representativa.
Participación: el reconocimiento de nuevos sujetos titulares de derechos, de nuevos derechos amplia el espectro socio jurídico de la acción política. El rasgo característico de las apuestas populares estriba en la ampliación de la noción de participación en dos vías: a) ampliación de los sujetos, con el reconocimiento de nuevos titulares de derechos, pero también de nuevas formas de agrupación y participación; b) ampliación de la democracia al privilegiar el ejercicio directo, amplio y plural de toma de decisiones, control, veeduría y ejecución de las mismas, así como la generación de espacios de deliberación y definición que desbordan la noción de representatividad y delegación de la democracia liberal; esto da lugar a nuevos mecanismos de acción, decisión y deliberación acordes a las formas de acción política del movimiento social.
La idea de la nación de ciudadanos formales e iguales ante la ley, se hace trizas ante sujetos colectivos, diversos, cuyas demandas evidencian lo que la igualdad formal y legal encubre: la desigualdad y asimetría estructural que el capital genera. Se desborda el pluralismo liberal de diversidad de visiones y agrupaciones reconocidas, hacia un crisol de agrupaciones, formas de participación, de economía, cultura y sociedad, generando un pluralismo real, pleno. Un pluralismo plural antes que abstracto o formal, que democratiza la democracia. El reconocimiento de nuevos sujetos comunitarios, diferenciados socio culturalmente, rompe por tanto la comunidad imaginada del relato homogenizante de Colombia como nación de libres e iguales, ante una idea de Colombia como nación de diversidades. Esa idea diversificadora de la nación supera el presupuesto étnico de la misma: es decir, esos nuevos sujetos diversos no son solo sujetos étnicos, son también sujetos comunitarios agrupados por aspectos sociales, políticos, gremiales (comunidad educativa de MANE), y desde luego, socio culturales.
Democracia y Soberanía: Nuevos sujetos colectivos de derechos y nuevos derechos emergen. Se trata, en el caso del campesinado, en lo agrario, y los estudiantes y trabajadores en las IES, de sujetos negados y excluidos institucionalmente en las decisiones políticas de cada ámbito. Esa ampliación de sujetos, que son reconocidos como participantes de la Nueva Ley Agraria y la Nueva Educación Superior, amplia la noción de participación política, los sujetos que la desarrollan y por tanto, la noción misma de democracia; fuerte revés a la forma partido, la participación electoral y el parlamento, consejos superiores y académicos, al ser rebasados en esta nueva y popular noción de participación política que amplía la participación, y las formas de agrupación.
Desde esta perspectiva, la ampliación del papel de la sociedad en la construcción de la política conlleva una ampliación de la noción de lo público al buscar mayor participación y recuperar aspectos privatizados por el neoliberalismo: agua, educación, salud, tierra, deporte, el significado y papel de ser joven. En síntesis una noción de participación más amplia que al reconocer más actores y mecanismos, modifica la relación entre el Estado y la sociedad.
Ese mayor poder directo reclamado adelgaza la competencia del poder delegado; se confronta así la idea de democracia y soberanía. La noción de la soberanía ejercida por el pueblo, el cual la delega a escenarios representativos que la ejercen – similar lógica a la de la autonomía universitaria, de la cual la rectoría asume la representación legal de la IES y por tanto su ejercicio práctico de autonomía –sucumbe ante la democracia directa: el control, definición, ejecución y veeduría del pueblo en las decisiones políticas; dicho ejercicio directo de decisión restringe el ejercicio delegado del poder, y con ello afecta el mecanismo mediante el que se desenvuelve la soberanía y la autonomía educativa. De otra parte, dicha soberanía se recupera en el contenido mismo de los planteamientos programáticos: rechazo a la subordinación a multinacionales, las exenciones y preeminencia de estas en la política económica del país; ciencia y tecnología propia, basada en la financiación estatal plena, como forma de superar la dependencia tecnológica, científica y técnica; así como la reivindicación del saber propio, construido culturalmente por las comunidades, como base y punto de partida para un nuevo proyecto de sociedad, de nuevo, democrática.
Conclusión, la necesaria convergencia de trayectorias en una Asamblea Nacional Constituyente: Estos aspectos señalan tendencias de madurez del campo popular en clave de construir, acumular y forjar un nuevo poder desde abajo. Sin lugar a dudas, la posibilidad de canalizarlos, de lograr su implementación depende de una victoria del campo popular y democrático, que refiere a la construcción de unidad, convergencia, con un horizonte estratégico: ser poder y gobierno.
En ese caminar, una Asamblea Nacional Constituyente representa un escenario propicio para lograr canalizar estas propuestas, para hacer poder constituido dicha filosofía política popular, es decir, hacer de estos ejercicios programáticos un auténtico constitucionalismo popular, que no es otra cosa que profundizarlo, articularlo, desarrollarlo y ponerlo en la disputa política. La naturaleza de nuestras propuestas supera la constitución actual, requiere una nueva. Podemos decir que despierta y toma cuerpo el pueblo como sujeto colectivo, político en pie de lucha por sus aspiraciones; y en ese accionar, se ha dotado de una visión de la sociedad, la política y la cultura nueva, renovada, nacida desde abajo, y antagónica a las ideas liberales y neoliberales hegemónicas.
Este aspecto se refuerza al tener en cuenta un escenario que debe ser apropiado y conducido por el campo social y popular: los procesos de conversación entre el movimiento insurgente – un innegable actor político determinante - y el gobierno nacional. La discusión y reclamo por mayor participación política de la sociedad en dichos escenarios, así como la revisión de los acuerdos logrados en particular con las FARC EP, y una mirada propositiva a la eventual agenda con el ELN, serán oportunidades propicias para desatar dicho proceso constituyente. Una Asamblea Constituyente representa de cara a dichos acuerdos la posibilidad de darles un rango jurídico apropiado a la naturaleza de las conversaciones, así como un mecanismo amplio de discusión, y alimentación de los acuerdos logrados por parte de la sociedad.
En síntesis, una ANC como confluencia de la dinámica social y popular, y los procesos de diálogos con la Insurgencia y Estado puede y debe arrojar un pacto social entre Estado, Sociedad e Insurgencia que no es otra cosa que un auténtico tratado de paz en Colombia, dicho tratado de paz, así entendido, no puede adquirir otra forma que el de una nueva Constitución Política que abra la puerta a una nueva etapa de conflictividad política prescindiendo del uso de las armas como herramienta política de parte del Estado y la Insurgencia, una etapa que, por cierto, permita espacio y garantías suficientes para renovar las fuerzas, profundizar las luchas y llegar a ser poder y gobierno bajo esa nueva concepción popular, esa filosofía, que es transversal a los ejercicios de legislación popular. Ese es el reto, y ese el camino que debemos seguir transitando.
¡Nos Vemos en la Constituyente!
