Se aproxima diciembre y con el ello las tradiciones decembrinas como la nochebuena, pero también esa de negociar el salario mínimo, que al final, el gobierno lo adopta por decreto, porque los términos de la negociación entre patronos y trabajadores por lo general son irreconciliables, ya que el debate se concentra en el valor nominal del mismo y ante ello, los unos dicen que debe bajar y los otros que debe subir.
Sin embargo, más importante que el valor nominal del salario es su capacidad adquisitiva, la cual este año va a crear serios inconvenientes por la inflación global de precios que viene ocurriendo en el mundo, como síntoma del desplome del modelo neoliberal, la cual no cesará, hasta tanto el modelo no se derrumbe del todo, lo cual tardará al menos, un quinquenio más.
Existen las dos alternativas para mejorar las condiciones de vida de los asalariados: se aumenta el valor nominal del salario o se aumenta el poder adquisitivo del mismo, mediante la disminución de los costos de la canasta familiar. En el primer caso los efectos se diseminan por el conjunto de la economía afectando los costos de producción y creando un círculo vicioso, por el aumento de los precios que realizan los empresarios. En el segundo caso, de muy difícil aplicación en una economía de mercado, solo existe una posibilidad real supremamente difícil, que se puede realizar con mecanismos políticos, pero con los consecuenciales efectos en este campo, donde las fuerzas se polarizan.
Lo cierto es que, más que el nivel nominal del salario, lo que afecta las condiciones de vida familiar es la baja capacidad adquisitiva del mismo, ocasionada por los altos costos de los bienes públicos, que absorben más del 70 % del ingreso familiar. La razón de esto, es que estos bienes, que son de subsistencia básica, se encuentran privatizados y por ello los altos precios para el consumidor.
Los precios de los bienes públicos en manos privadas se elevan porque en ellos prima la rentabilidad del empresario privatizador, por encima de la satisfacción de la necesidad humana y por ello, copan un alto porcentaje del salario. Si estos bienes no estuvieran privatizados, sino que fueran ofrecidos por el Estado con universalidad, el salario mínimo, con cualquier valor, sería suficiente para garantizar adecuadas condiciones de vida.
Las cuentas son sencillas. Qué porcentaje del ingreso familiar se comen los siguientes gastos: los gastos de transporte público, las cotizaciones de salud y pensiones, los servicios básicos domiciliarios, los gastos en educación, los peajes de carreteras, los servicios de transito y transporte, los trámites de registro, la factura de comunicaciones, el servicio de TIC y en general, todos los bienes públicos que hacen parte de la canasta familiar y que hoy están en manos privadas.
Con ello el salario mínimo se encierra en un dilema que conlleva una postura entre la espada y la pared, porque recae el asunto sobre el valor nominal, pero sin considerar la capacidad adquisitiva, que hoy está afectada por las políticas neoliberales de privatización. Sin considerar los aspectos inherentes a los altos costos de los bienes de la canasta básica, que actualmente están afectados por la inflación mundial y que en Colombia se agudiza debido a la alta dependencia del aparato productivo frente a las importaciones, no será posible dar una salida decorosa al tema y se mantendrá con las mismas características la encrucijada del salario mínimo.
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