Son pocas las empresas públicas de servicios públicos que no fueron privatizadas por la ola neoliberal de los años 80 y 90. La mayoría fueron vendidos al capital privado y unas pocas fueron salvadas de su privatización por el accionar sindical.
Una de las estrategias para vender estas empresas públicas fue una dolosa mala gestión empresarial, y la corrupción.
Las que se salvaron han demostrado que con una buena gestión empresarial y con gobiernos progresistas, son eficientes y eficaces, y dan plenas garantías a sus trabajadores del disfrute de sus derechos laborales y convencionales.
Una de esas empresas ha sido Emcali, que ha sido ejemplo de buena gestión de los servicios públicos en la ciudad de Cali, trabajando mancomunadamente con los sindicatos con gobiernos de derecha y de izquierda. Gestión articulada con la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
No obstante lo anterior, no ha sido ajena como las otras empresas públicas de otras regiones, al clientelismo de sus directivos y gerentes. Salvo contadas excepciones, estos cargos son el botín que se reparten los partidos gobernantes para sus clientelas. Tanto en gobiernos de derecha como de izquierda.
Y por supuesto, los riesgos de corrupción son altos teniendo en cuenta que son como ruedas sueltas que no tienen un estricto control político, ni fiscal, ni disciplinario y menos ciudadano.
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En tal sentido no es extraño lo ocurrido en Emcali como en otras entidades públicas donde estos directivos son cuotas políticas que terminan convertidos en criminales de cuello blanco perfumados que llegan a enriquecerse de muchas formas, como quedó demostrado con esta empresa de marras.
Tal vez sino hubiera sido por las denuncias del sindicato y la posición ética de sus dirigentes ese escándalo de la contratación de unos bienes hubiera quedado impune, como han quedado muchos robos a estas empresas y entidades públicas y que han dado lugar al enriquecimiento de esos círculos criminales de cuello blanco y perfumados que llegan a dirigir estas entidades públicas.
Y, queda igualmente claro que tanto en gobiernos de derecha como de izquierda el robo a los dineros públicos tiene las mismas prácticas.
Mientras no se implementen mecanismos meritocráticos para la designación de estos cargos gerenciales y directivos el riesgo siempre va a existir.
Los sindicatos modernos son los representantes de la sociedad en estas entidades, y son los llamados a pedir cuentas a sus gerentes, vigilar el cumplimiento de su misión, la defensa de la ética pública y la eficiente gestión de sus recursos, más allá de las reivindicaciones económicas y de estabilidad laboral.
