La sentencia T-302 declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y hace especial énfasis en la reducción de muerte de niños por causas prevenibles.
Sin embargo, un entramado entre políticos nacionales y locales ha logrado quedarse con los recursos destinados a la atención de esta problemática encarnada en una comunidad vulnerable que, paradójicamente, reside en un municipio al que le llegan importantes recursos de regalías.
En este contexto se adelantó la reunión de unos 30 minutos en la ranchería Maupain, donde el mandatario dialogó con la Junta de palabreros y miembros de la comunidad wayuu ,y los representantes de estos en la mesa de diálogo,donde les repitió el lapidario mensaje: “Ustedes los wayú son responsables porque eligieron a sus depredadores”.
De ahí que Petro nisiquiera determinara al alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, cuya administración es duramente cuestionada por malos manejos, que van desde contratos firmados en condiciones extrañas –incluso uno reciente para dotar de internet a las escuelas locales, cuando el 98 % de la población carece de los servicios públicos vitales–.
Petro, sin dar nombres pero brindando cifras, se fue lanza en ristre contra los corruptos del departamento y dejó claro que, sin recursos, la sentencia sencillamente es una letra muerta. Se comprometió a hacer la tarea política con su coalición de gobierno para sacar a flote la implementación del fallo. El presidente fue enfático, profundo y puntual: “La plata es el motor de la sentencia y aun así, aquí, tiene que haber un revolcón político para que La Guajira salga adelante”, expresó.
La foto y la furia
El equipo que acompaña al presidente no solo se encarga del protocolo, sino que también le informa de quienes participarán en sus eventos. En su visita a La Guajira, hubo tres personajes que fueron los primeros acreedores a los fuertes señalamientos del mandatario: la senadora wayú del Pacto Histórico Marta Peralta, el cuestionado alcalde bonifacio Henríquez y la representante wayú en la Mesa de concertación, María de los Remedios García.
El trío aparece en una soberbia imagen, de la cual no se diría más si no es porque García fue investigada y capturada por auxiliar a grupos paramilitares y conspirar para asesinar a Enrique Afanador, un empresario y concejal wayú de la alta guajira, que aspiraba a ser alcalde de Uribia,acción que terminó en la muerte de su hermano, Manuel Afanador, a mano de sicarios del frente contrainsurgencia wayú del bloque Norte de las AUC.
Por si fuera poco, en medio de este llamado al cambio político en la región, llamó la atención la presencia de García por un detalle: el hoy el candidato a suceder a Henríquez en la Alcaldía de Uribia es Jaime Buitrago García, sobrino de la cuestionada María de los Remedios.
Marta Peralta tampoco escapa de la clase política que ha sumido al departamento en la crisis de hambre y sed que lo embarga. Fuentes conocedoras de la región dicen que tiene familiares cercanos en la mesa de concertación de Riohacha, municipio igualmente golpeado por el flagelo del hambre y sed.y servir de puente entre los causantes de la situación y el gobierno nacional , no cayó nada bien al presidente.que no se ahorró ningún calificativo ni en público ni en privado.
