El contraste metafórico es el siguiente: al salón Gobelinos de la Casa de Nariño regresó la escultural Paloma de la paz de Fernando Botero y en la comisión primera de la Cámara de Representantes se radicó el proyecto de ley que crea las condiciones para la “paz total”. Así, el gobierno Petro asume el compromiso simbólico y operativo de otorgarle un sentido práctico a su ambiciosa política de paz. Con la radicación del proyecto se prorroga la Ley de orden público y se abre un camino tan prometedor como incierto en esa permanente búsqueda por una Colombia en paz.
A continuación, presento algunos de los elementos más importantes del proyecto de ley.
La paz como una política de Estado
El proyecto consta de 19 artículos subdivididos en cuatro capítulos. Inicialmente, establece que la paz será asumida como una política de Estado, no sujeta a los vaivenes del gobierno de turno, pues vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público. De esta forma, se pretende que la paz se configure como un principio rector de las acciones del Estado a partir de un enfoque de seguridad humana y derechos humanos. Así, el proyecto de ley reposiciona una reivindicación histórica del movimiento social que desde hace décadas viene exigiendo que la paz se debe elevar a política de Estado.
Personalmente, soy escéptico de las posibilidades administrativas de elevar la paz a Política de Estado sin incluir sendos mecanismos de control, especialmente porque la Constitución política básicamente se construyó como un tratado de paz y hasta consagra la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimento.
Además, con el gobierno Duque quedó en evidencia que la política de estabilización -con líneas borrosas de continuidad- se puede sobreponer a mandatos constitucionales o legales en defensa de la paz, ¿o Duque no se pasó por alto el Decreto ley 885 de 2017 que ya consagra la paz como política de Estado y hasta el acto legislativo 02 de 2017 que obliga a cumplir de buena fe el acuerdo de La Habana?
Más allá de la consideración ideal o filosófica de elevar la paz a política de Estado, se deben adecuar mecanismos de control y capacidades sancionatorias que impidan que cuando llegue un gobierno se desechen los avances en la paz y se sobreponga una visión contraria o adversa.
Se recupera la centralidad del enfoque territorial
En el proyecto de ley el enfoque territorial adquiere un mayor nivel de centralidad e importancia; en primera medida, porque se plantea que el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo territoriales fijaran políticas, programas y proyectos encaminados al logro del mantenimiento de la paz.
Y seguidamente, porque se eleva a rango legal la integración en los Planes de Desarrollo de los instrumentos creados por el acuerdo de paz, entre ellos: el Plan Marco de Implementación, las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y los Planes Nacionales Sectoriales.
Asimismo, el proyecto acaba con las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), la figura que orientó la estrategia de militarización y paz con legalidad empleada por el gobierno Duque en los territorios con mayor intensidad del conflicto armado; no obstante, se autoriza al presidente para velar por la continuidad de las inversiones adelantadas en estos territorios y avanzar en una auditoria forense.
Se establecen los criterios para adelantar negociaciones de paz
El aspecto más audaz del proyecto se encuentra en tres figuras estrechamente interrelacionadas: los comisionados de paz regionales (designados por el presidente y bajo la dirección del Alto Comisionado para la Paz); las regiones de paz (en las cuales se podrán adelantar conversaciones con previa autorización del presidente y bajo condiciones que no atenten contra el normal y pleno ejercicio del Estado de derecho); y el gabinete de paz. Las tres figuras convergen hacia un único objetivo: facilitar negociaciones para alcanzar acuerdos parciales o totales de paz con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley.
No queda del todo clara la naturaleza de los acuerdos parciales, pero si se plantea que estos deberán ser cumplidos de buena fe como política pública de Estado. Estos acuerdos distan de los borradores conjuntos de la negociación con las Farc y rompen el principio de “nada está acordado hasta que todo este acordado”. Así, podrían configurar, en un escenario de negociación, un modelo complementario de implementación; a lo sumo, un incentivo para el ELN y su visión crítica sobre la forma como se viene implementado el acuerdo de La Habana.
Seguramente emergerá la siguiente pregunta: ¿habrá implementación con un ELN en armas?
Además, se institucionaliza el Gabinete de paz, que a diferencia del coyuntural y efímero “Gabinete del posconflicto” de la era Santos, deberá reunirse en sesiones bimestrales y definir los componentes de la política pública de paz.
Se crea el servicio social para la paz
Como un incentivo para la juventud y buscando consolidar una cultura de paz, el proyecto retoma la propuesta de crear un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio. Aunque esta idea no es nueva, ya que viene haciendo carrera en el capitolio dese hace una década, si es la primera vez que tiene el apoyo decidido del gobierno. Las modalidades que se proponen como alternativa al servicio militar son:
- Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
- Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
- Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Unifica los recursos para la paz en un fondo único
Buscando mejorar los niveles de coordinación, concurrencia y capacidad administrativa en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desde el Gabinete de paz, el proyecto concluye proponiendo la creación del Fondo para la Paz como una figura que unifique los recursos dispuestos en el Fondo de Inversión para la Paz y el Fondo Colombia en Paz.
De esta forma, se busca que estos recursos, con una estricta y rigurosa veeduría, sean destinados a la implementación de la reforma rural y no se conviertan en la “caja menor del Ministerio de Defensa”. Solo hay que recordar que Duque echó mano de esos recursos para mejorar su imagen en los medios de comunicación, comprar indumentaria de guerra y financiar proyectos no relacionados con el acuerdo.
El proyecto de ley que cimenta las bases para alcanzar una paz total pronto alzará vuelo en el Congreso, llegará con mensaje de urgencia y le esperan cuatro debates. De ahí que varios de sus artículos puedan cambiar y otros puedan ser replanteados.
Sin duda, la paloma de la paz volvió con todo el ímpetu a la Casa de Nariño.
