Como con la Constitución Política Nacional –CPN– vigente, los dirigentes colombianos utilizan el clamor de cambio del pueblo para cimentar decisiones que puedan calmar los reclamos, manteniendo los privilegios de los todopoderosos. La CPN contiene el marco jurídico del modelo neoliberal, sin negar avances de participación social.
Así les sucede a los habitantes de la Costa Caribe en particular, pero a los colombianos en general, con el tema de los servicios públicos, cuyos valerosos reclamos son acallados con las privatizaciones, convirtiendo este derecho esencial en una vena de oro de multinacionales y todopoderosos especuladores a quienes les han otorgado todo tipo de privilegios, pagados con los vaciados bolsillos de los consumidores.
Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, alertó el 7 de marzo de 2019 sobre la gravedad de lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que propone “peor de lo mismo en el sector eléctrico”, con base “en el artículo 365 de la CPN de 1991, que autoriza su privatización.
Las Leyes 142 y 143 de 1994, donde se entronizó un negocio oligopólico (pocas empresas) en sus eslabones de generación, transmisión, distribución y comercialización, en los cuales predominan las empresas privadas, principalmente trasnacionales y mixtas, cuyo interés principal son las utilidades. Las Bases del Plan: establecen la coordinación entre las entidades del Estado.
Se implementará la Infraestructura de Medición Avanzada, la digitalización, microrredes, equipos de almacenamiento de energía, recursos energéticos descentralizados para agrupar a los prosumidores, esquemas de tarifas horarias, nuevos artefactos eléctricos etiquetados, en fin, la focalización en la asignación de subsidios (artículo 179 elimina el del estrato tres y rebaja el de los estratos uno y dos).
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Así se cocinó el negociado de Afinia y Air-e, aprovechando el agobio de los habitantes de la Costa Caribe con la tragedia con las empresas de energía, por lo que aceptaron la imposición de dos empresas, hoy convertidas en sus verdugos, con un servicio deficiente con permanentes cortes y racionamientos disfrazados de mantenimiento, y una disparada en las tarifas.
“Air-e y Afinia, creadas en octubre, son las encargadas de llevar energía eléctrica a más de 2,48 millones de clientes que demandan cerca del 30 % del total de ese servicio en el país, la cifra más alta en todos los mercados, según la Superservicios al 1 de octubre.
En proporción, EPM, que presta el servicio a 2,48 millones de clientes, solo representa un consumo de 16 %, lo que significa 13 % menos del que hacen los clientes de Air-e y Afinia…” (La República). Air-e presta este servicio al segmento Caribe Sol, que comprende Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El segmento Caribe Mar se lo dieron a Afinia para Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Así se repartieron “la marrana”; claro, los “marranos” terminaron siendo otra vez los clientes.
Empresas y Gobierno los creen tan “marranos” que, en Cartagena, un cliente Estrato 2E, de acuerdo al histórico consumió en los seis primeros meses de este año, 573, 619, 547, 583, 577 y 624 KWH, con promedios de pago entre $318.000 y $376.000.
Pero de manera inusitada, para julio, un medidor digital que le pusieron ese mes le arrojó 859 KWH, con un costo impagable de $690.190. Así hay miles de ejemplos.
La respuesta es que están autorizados y, si no pagan, se les corta el servicio y punto. ¡Los marranos se salen del chiquero y el gobierno Petro: ¡desentendido!
