"No somos tan poca cosa": los soldados de escritorio reclaman el mismo estatus que los del Ejército

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La gran mayoría de los funcionarios de carrera del Estado se pensionan y nunca tienen la oportunidad de ascender a un cargo directivo como sucede en el Ejército

Por: Jorge Enrique Buitrago Puentes
septiembre 03, 2022
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Foto: Archivo

Los sargentos de la carrera administrativa también tienen derecho a ser generales o directivos, como lo planteó el presidente Petro para los militares.

Los funcionarios de carrera administrativa siguen esperando que en un gobierno de izquierda tengan la misma oportunidad de ascender en la escala directiva de las entidades públicas.

La derecha clientelista salvo contadas excepciones, salvo por acuerdos clientelistas, nunca dio la oportunidad a sus funcionarios de carrera de ascender.

Petro ha dicho que un sargento debería tener la posibilidad de ascender para llegar a ser general preparándose, esa misma lógica debería aplicarse para los funcionarios de carrera del estado.

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La gran mayoría de los funcionarios de carrera del Estado se pensionan y nunca tuvieron la oportunidad de ascender a un cargo directivo como correspondería a una verdadera carrera.

Al contrario tienen que resistir jefes directivos, vinculados por acuerdos clientelistas de gobernabilidad, muchas veces con hojas de vida de menor formación que sus subalternos.

Han gastado incluso millonarias sumas en especializaciones y maestrías e incluso doctorados sin que hayan tenido una oportunidad de ascender y culminar su vida laboral aportando al mejoramiento de su entidad y del estado y su realización personal.

Hasta el momento hemos visto es un reparto clientelista, salvo valiosas excepciones, producto de acuerdos clientelistas, de amiguismos, de compadrazgos, pero muy cero oportunidades a los funcionarios de carrera.

Esta debería ser una política pública del presidente Petro que ha pregonado a los cuatro vientos el cambio que debe incluir la eliminación del clientelismo y la implementación de la meritocracia constitucional para el empleo público.

Y en el mismo sentido definir una política clara frente a la eliminación o reducción de la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios y, ajustarla al marco de los derechos humanos del trabajo decente, y de la meritocracia constitucional,  es decir que su vinculación sea por procesos públicos y transparentes.

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