Después de haberse conocido el contenido del Informe Final de la Comisión de la Verdad, vino a saberse que Francisco de Roux, presidente de la misma, tiene una opinión diferente a la que quedó plasmada en tal informe respecto a la asignación de responsabilidades al Estado por los mal llamados falsos positivos, también torcidamente denominados “ejecuciones extrajudiciales”.
Según De Roux, a esos aterradores crímenes, cometidos de manera sistemática y generalizada para dar la falsa idea de que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas, no se les puede llamar “crímenes de Estado” porque no estuvieron soportados en norma legal alguna que ordenara “irse a buscar personas inocentes y matarlas”.
Durante un tiempo, yo estuve creyendo también que los 6402 crímenes cometidos, contados solo los presentados entre 2002 y 2008, no debían denominarse “crímenes de Estado” ya que solo procedían de órdenes criminales de los más altos orígenes, impartidas por personajes por fortuna hoy mayoritariamente caídos en desgracia, a los cuales tal denominación solo serviría para cubrirles la espalda al no señalar directamente su responsabilidad criminal, y en cambio sí dejar diluida esa culpabilidad en el Estado, al cual no es posible asignarle ninguna responsabilidad penal.
De tal criterio nunca hice mención por carecer de las fundamentaciones jurídicas suficientes para defenderlo y, sobre todo, por haber conocido que la Corte Penal Internacional también les asignaba carácter estatal a tan abyectos hechos.
Pero el no reconocerles ese carácter no quiere decir que el Estado no tenga que responder por ellos. Incumplió el mandato constitucional que lo obligaba a proteger, incluso de sus propios hombres, la vida de estos colombianos, y ello le debe acarrear las sanciones correspondientes, que por lo menos han de ser indemnizatorias, lo cual le obligaría a ejercer la acción de repetición sobre presidentes de la República, ministros de Defensa, altos mandos de las Fuerzas Militares y muchos otros funcionarios más que participaron, intelectual o materialmente, por acción u omisión, en la comisión de los mismos.
A propósito, ¿será que ya se ejerció esta acción de repetición sobre los responsables del crimen de Manuel Cepeda Vargas, respecto del cual el Estado fue condenado a una cuantiosa indemnización?
Pero bien, llámense como se les llame, lo importante es que el país aprenda de esta dolorosa experiencia y se apreste a no dejarla repetir. Como bien se preguntó el padre De Roux, ¿dónde estaba el país cuando tan monstruosos hechos ocurrían? Porque hasta donde se recuerda, el silencio cómplice fue generalizado en todas las esferas del poder, salvo en algunos integrantes del Congreso, todos de la oposición en ese entonces, que valientemente se atrevieron a denunciar.
