El diputado liberal Andrés Mesa se ha convertido en una de las voces más críticas a la administración del gobernador Aníbal Gaviria. En está entrevista habla de lo que ha sido su gestión desde que llegó a la Asamblea Departamental, sobre su compromiso con la paz total propuesta por el gobierno Petro y sobre la necesidad del pasar del bogocentrismo a la descentralización.
Diputado, vamos a empezar por un tema urgente, en los últimos meses usted ha venido acompañando a las familias el alto riesgo de desalojo en el corregimiento El Totumo. ¿Qué está pasando y cuáles son las alternativas de solución que se le han planteado a estas familias?
El Totumo es un corregimiento ubicado en Necoclí, en el Urabá, en este sitio han estado asentadas más de 280 familias, en su mayoría mujeres, niños y niñas, personas en situación de discapacidad y adultos mayores, quienes a raíz de un fallo de restitución se les ordena restituir la tierra a sus legítimos propietarios. Lo que hay que decir de esto es que estas personas vienen habitando allí de buena fe, algunas por 20 o 25 años, la mayoría también han sido caracterizadas como víctimas del conflicto, desplazadas de Urabá, Córdoba o Chocó, y ante esta orden de desalojo se estaría dejando a más de mil personas sin vivienda. Por eso le estamos pidiendo al municipio de Necoclí, a la Gobernación y al gobierno nacional que asuman una posición más proactiva, que evite las vías de hecho y que se evite una tragedia en esta zona.
¿Y cómo se podría evitar ese desalojo?
El Estado puede intervenir sea comprándole el lote a sus dueños legítimos o haciendo un proceso de cambio con la Sociedad de Activos Especiales. El gobierno nacional ha servido de garante, pero no se han cumplido los acuerdos, el gobierno departamental también ha servido de garante y no ha cumplido los acuerdos. La propuesta que tenemos es negociar con el gobierno nacional, es la postura de los líderes de la protesta y es importante este caso porque puede ser precedente para encontrar un mecanismo de solución en otros casos de restitución de tierras, no solo en el Urabá, ya sabemos de situaciones similares en sitios en Turbo o en Carepa, sino también en el Bajo Cauca y seguramente en otros lugares del país.
Recientemente usted promovió un debate de control político a la implementación del acuerdo de paz en Antioquia, ¿en qué consistió y cuál es su balance?
El 19 de julio hicimos un debate de control político sobre la implementación de los acuerdo de paz en el departamento, ahí concluimos que el gobierno departamental ha sido ineficiente, ineficaz e insuficiente frente al reto que ha significado la implementación, frente a garantizar la seguridad de los reincorporados, también ha sido insuficiente al momento de gestionar los recursos del OCAD-Paz, encontramos una situación preocupante, pues mientras que el departamento aportó el 20% de la víctimas del conflicto, más de 2.200.000 hechos violentos, el 28% de muertos, no alcanzamos ni un 2 o 3% de los recursos generales para la implementación de los acuerdos. Es lamentable que en Antioquia no veamos grandes obras para llevarle a los municipios PDET y la situación de abandono en los proyectos productivos de las familias que están en el programa de sustitución.
A raíz de ese debate se va a crear una comisión accidental, ¿en qué consiste esa figura?
Así es, como resultado de ese debate se logró conformar una comisión accidental aprobada por la plenaria de la Asamblea para hacerle seguimiento a dos temas fundamentales; el primero, es sobre el funcionamiento del Consejo de reincorporación, donde queremos revisar la situación de los reincorporados en temas de seguridad, de proyectos productivos; y la segunda, es que a la fecha Antioquia no tiene un plan departamental de paz, apenas se está haciendo, así que queremos hacerle un seguimiento muy minucioso para verificar si sí está acorde a lo establecido en el acuerdo de paz. Esperamos tener en esa comisión a las autoridades nacionales, departamentales y por supuesto municipales, y lo más importante, a las personas de los territorios para buscar soluciones y que así Antioquia si pueda ser el motor de la reconciliación en Colombia.
Hablando del gobierno departamental, usted se ha caracterizado por asumir una postura muy crítica frente al gobernador Aníbal Gaviria. ¿Cuáles han sido los puntos más críticos que ha tenido el gobernador?
El gobierno departamental se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, pero con escaso impacto y ejecución. Vemos una crisis profunda en el corredor vial departamental, al momento no vemos articulación eficiente entre el gobierno departamental y el nacional, vemos incumplimientos a los gobiernos municipales, vemos una total desconexión y falta de compromiso con el acuerdo de paz, vemos un gobernador desconectado de las comunidades. Permanentemente a la Asamblea nos llegan permisos para que el gobernador pueda salir del país, y ya sabemos que él por sus líos judiciales en gran parte de su mandato no ha podido gobernar presencialmente.
¿Por qué la gestión del gobernador ha sido tan distante con las comunidades?
Yo creo que el gobernador ha interlocutado especialmente con varios alcaldes, pero le ha faltado dialogar con los actores sociales, con los lideres sociales, con los lideres campesinos, con los pequeños empresarios, con el territorio, creo que ha faltado un diálogo social más profundo como lo viene proponiendo el presidente Gustavo Petro.
Y sobre ese diálogo social que viene proponiendo el gobierno nacional, hablemos un poco de los retos que tiene Petro en Antioquia.
El primero es la reforma tributaria, importante porque será el combustible económico para que el gobierno se sostenga en estos cuatro años, además del diseño del plan de desarrollo. Y en la construcción de ese plan de desarrollo que se va realizar por medio de un diálogo social amplio, en todos los territorios de Colombia, pues esperaríamos que los insumos si sean los que realmente necesitan en los territorios y eso significa no solo descentralizar administrativamente el territorio, sino también financieramente; es decir, que las decisiones financieras no se tomen exclusivamente desde Bogotá: hay que pasar del bogocentrismo a la descentralización. El bogocentrismo es tremendamente dañino y perjudicial para el ejercicio de lo público porque significa que todas las decisiones importantes se toman en Bogotá.
Muy bien, ya para concluir, ¿cuáles son los temas que espera seguir impulsado desde la Asamblea?
El compromiso mío con la paz ha sido de casi toda la vida, yo soy sobreviviente de la operación orión en la Comuna 13, y siempre he creído en la solución política y pacifica del conflicto armado, así que creo profundamente en el proceso de paz total, ese es el camino. Hoy defiendo e intento visibilizar la implementación de los acuerdos de paz, es una de mis principales banderas. También nos preocupa el tema del hambre, ya que la pandemia acrecentó las desigualdades en los territorios, generó más desempleo, exclusión… así que otra de mis banderas es la garantía de una seguridad alimentaria universal, especialmente para todos los niños, niñas y adultos mayores.
