Hoy el gas que se consume en Colombia es producido en su totalidad por nosotros. Importar ese gas podría hacer 5 veces más costosa la tarifa que pagan actualmente los hogares por este servicio, pasando en promedio de 30.000 pesos a 150.000, por ejemplo en los estratos 1 y 2.
, y en general, ser una de las formas de energía más importantes en nuestra vida, que va desde el más modesto calentador hasta el complejo proceso de mover vehículos y máquinas, o hasta extraer petróleo, entre otros usos. Por ello es tan importante. Y a día de hoy en Colombia se produce la totalidad del gas que el país necesita, es decir, somos autosuficientes.
Sin embargo, en palabras textuales de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, “No vamos a hacer nuevos contratos de exploración, ese ha sido el compromiso del presidente y vamos a mantener nuestra palabra… Si habiendo superado las reservas de gas aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer transporte de gas con Venezuela” (en entrevista Blu Radio, 12 de agosto 2022), es decir, la soberanía energética del país en términos de gas terminaría una vez los 4,5 Tera Pies Cúbicos (TPC) que actualmente son nuestras reservas, se consumieran, lo que podría pasar al cabo de 11 años, renunciando a los 60 Tera Pies Cúbicos que podrían sumarse a las reservas si se continuará explorando, que habrían garantizado soberanía hasta por 100 años.
En términos de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Colombia solo aporta el 0,28% de las emisiones totales de CO2, mientras países como China (28%), Estados Unidos (15%), la Unión Europea (12,5%), India (7%) y Rusia (5%) suman casi el 70% de las emisiones, de los cuales depende la transición energética, pues son los principales causantes del calentamiento global. Según el índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch (una organización sin ánimo de lucro (ONG) que hace recomendaciones de política pública), los más afectados por fenómenos metereológicos extremos provocados por las secuelas de la contaminación de los más poderosos son los países tropicales y semitropicales, entre los cuales está Colombia junto a otros 96 de Centroamérica, Suramérica, África Subsahariana, el Sudeste Asiático, islas del Caribe, y otras ubicadas en la franja tropical, que entre todos ellos no suman ni el 3% del total de las emisiones, y deberían ser indemnizados por pérdidas y daños que para 2030 sumarán entre 300 y 700 mil millones de dólares (Saqueo, 2021).
Por lo que la mejor opción de acción climática sería unir a las 96 naciones más afectadas para exigir indemnizaciones, sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro optó por considerar que Colombia tiene la misma responsabilidad que los países desarrollados y debe reducir sus emisiones en igualdad de condiciones, pero el asunto es que nuestro aporte es minúsculo y no modificaría la estructura del problema. A los Estados Unidos, por ejemplo, que se negaron a cubrir el costo de los daños y pérdidas por cambio climático en países en desarrollo en el Acuerdo de París (2016), como debería ser, les gusta la idea, porque les interesaría es ponernos a pagar a nosotros créditos para financiar los daños y pérdidas ambientales que ellos han causado, lo cual no sería justo. Como queda claro en esta intervención de Juan González, asesor del gobierno Biden (agosto 2022, Congreso de la Andi): “Hay optimismo sobre las áreas de trabajo comunes con el nuevo presidente y su Gobierno… Por ejemplo, en las reformas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo… De apoyar a los gobiernos a hacer la transición energética”.
Lo grave es que acabar con la industria del gas, el carbón y el petróleo en Colombia tampoco ayudaría a que nuestra economía fuera descarbonizada para 2033 como prometía en sus tweets de campaña el presidente Petro, o 2037 como dijo en entrevista la ministra de Ambiente Susana Muhamad (agosto, 2022), pues el sector de minería y energía aporta un 14% de las emisiones de efecto invernadero que hacemos, mientras solo la deforestación aporta el 33%, que es el problema ambiental más grave de Colombia, no la quema de combustibles fósiles. En los 4 años del gobierno saliente, se deforestaron entre 500 y 600 millones de árboles, por el orden de 650 mil hectáreas. Los árboles actúan como esponjas que absorben CO2 del ambiente, que convierten en madera a medida que crecen, cuándo estos son talados, la madera se descompone y el CO2 fluye nuevamente a la atmósfera, por esto, la deforestación aporta mucho más que minas y energía.
Así mismo, al afirmar que el gas podría importarse, el gobierno reconoce que en 11 años Colombia seguirá necesitando gas, y aportando CO2 por su consumo, lo que contradice la idea de que el país deje de depender de sus combustibles fósiles, y pueda pasar algo peor, que dependamos de los combustibles del extranjero, con las consecuencias geopolíticas que ello supondría. Solo basta con ver en la zona de la guerra de Ucrania la dependencia de Europa al gas ruso, que hoy no pueden adquirir, y deben comprar gas licuado de los Estados Unidos que es mucho más caro, elevándose el costo del suministro entre 40 a 50 dólares por metro cúbico normal de gas natural (MBTU), más de 10 veces lo que cuesta hoy suministrar con producción nacional gas en Colombia: 4,7 dólares por MBTU.
Nos han dicho que el gas importado vendría de Venezuela, pero actualmente no existe la infraestructura adecuada para transportarlo, además de que no hay claridades de la disposición del país vecino de vendernos gas, pues fundamentalmente ellos lo utilizan para extraer petróleo, y sería cada vez más importante ahora que ya empezó a recuperarse la producción venezolana. Por lo cual, podríamos terminar importando gas es de los Estados Unidos, principal exportador de gas natural licuado (GNL), que surge como resultado de procesos de refinación del petróleo (como si se produjera gasolina), lo que es mucho más costoso que el gas que nosotros extraemos del subsuelo y podemos transportar directamente a través de tubos o gasoductos, pudiendo elevarse las tarifas de gas en los hogares hasta 5 veces de lo que cuestan hoy, por ejemplo, pasando de 30.000 a 150.000 pesos en los estratos 1 y 2.
De seguir adelante con la medida, se causarían enormes perjuicios al país que no redundarían en un planeta más sano, ni en una economía más desarrollada, ni en unos mejores niveles de vida, pues estaríamos es cediendo la posibilidad de nuestro desarrollo por interés de las grandes potencias, que podría llevarnos a aumentar los niveles de endeudamiento con el Banco Mundial y el BID como principales gestores a futuro de la transición energética, allanando el camino para la sustitución de nuestro gas por gas natural licuado extranjero, de lo cual solo se beneficiarían los países desarrollados y especialmente los Estados Unidos, pues adquiriríamos más deuda y nuestro mercado estaría a disposición para su producto.
Esperemos que el nuevo gobierno reconsidere esta decisión.
