No fue una, ni fueron dos, fueron tres las veces que el Concejo de Medellín no respaldó al alcalde Daniel Quintero en uno de sus proyectos más estratégicos: la venta de las acciones de EPM en Tigo-Une. Esa negativa se suma a una tensa relación con el Concejo y a la incapacidad de sostener una coalición tipo “aplanadora” que se va averiando a pocos meses de entrar en su último año de mandato. Cuando el modelo de gobierno de la Medellín Futuro medirá su permanencia en las urnas en una elección que pintará como un plebiscito sobre la gestión de Quintero.
Y aunque el alcalde le endilgó su derrota a la bancada del Centro Democrático (desestimando que en su coalición cuenta con varios concejales uribistas), su desgaste va más allá de la narrativa uribista y se cimenta en una verdad de a puño: Quintero no genera confianza. Y no genera confianza por su proverbial tendencia a la improvisación, por su mediática irascibilidad y por un autoritarismo que no resulta tranquilizador a pocos meses de empezar una contienda electoral que definirá su legado en la ciudad y la viabilidad de su eventual aspiración presidencial.
Para algunos concejales, tanto opositores consagrados (Alfredo Ramos o Daniel Duque) como antiguos aliados (Luis Bernardo Vélez o Dora Saldarriaga), el alcalde no genera la confianza suficiente para avanzar en un negocio que podría alcanzar los 2.6 billones de pesos y que ya tiene el visto bueno de la junta directiva de EPM (nombrada por Quintero en 2020). De nada valieron los argumentos del gerente de EPM o los alegatos del secretario de Hacienda. Al final, la desconfianza inclinó la balanza para rechazar el que sería uno de los movimientos financieros más grandes en la historia de Medellín.
A pesar de que Quintero culpó al Centro Democrático de su estruendosa derrota, la realidad va más allá de su constante fijación con el uribismo, pues tres de sus antiguos aliados, Luis Carlos Hernández (partido de la U), Luis Bernardo Vélez (Independientes) y Dora Saldarriaga (Estamos Listas), se sumaron al bloque opositor y hundieron la propuesta. La negativa de Vélez y Saldarriaga no resultó sorpresiva, ya que el primero rompió en octubre de 2021 con el movimiento del alcalde, y la segunda forma parte de un colectivo feminista que consulta sus decisiones en una concejalía colectiva.
El voto de Luis Carlos Hernández, exdiputado y aliado del exsenador Germán Hoyos, considerado como una especie de “concejal pendular”, sí resultó sorpresivo.
No deja de resultar curioso que el Concejo de Medellín, una corporación tradicionalmente gobiernista, le hunda una iniciativa tan estratégica a un alcalde; sin embargo, Quintero es un mandatario fuera de molde y su ruptura con ciertas élites locales cambió el rostro de la gobernabilidad en Medellín. A lo que se agrega su afán mediático, su reciente irrupción en las elecciones presidenciales y su necesidad por dejar un “sucesor” que garantice la estabilidad de su legado.
Son factores que se han conjugado para generar una atmósfera de desconfianza y confusión; mucho más frente a un alcalde que ve sus opositores como enemigos y solo se rodea de incondicionales.
Precisamente, en pocos meses la ciudad quedará atrapada en una contienda electoral que definirá la continuidad de ese modelo de gobierno. A eso le está apuntando Quintero, a propiciar las condiciones suficientes para dejar un sucesor (tal como lo intentó Federico Gutiérrez en 2019) y así poder gobernar en cuerpo ajeno (tal como lo intentó Federico Gutiérrez) mientras avanza en su aspiración presidencial.
De ahí que la desconfianza de muchos concejales sobre el destino de esos recursos de concretarse el billonario negocio no sea infundada o suene descabellada.
