Doce años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y un decomiso de mil millones de dólares. Es la pena que pidió el fiscal Diego Luciani para Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en la causa llamada Vialidad.
Según el fiscal, que expuso sus alegatos durante nueve audiencias, la actual vicepresidenta y sus doce coacusados participaron de un acto de corrupción que direccionó durante años la obra pública de la provincia de Santa Cruz, de la que su exmarido y expresidente Néstor Kirchner había sido gobernador, hacia la empresa de Lázaro Báez.
Báez, para quien el fiscal pidió también 12 años de prisión, oscuro empleado bancario, devino en exitoso empresario de la construcción apenas Kirchner asumió la presidencia.
El juicio continuará en los próximos días con los alegatos de los abogados defensores de los trece inculpados, para culminar con las sentencias, a fin de año. Y si éstas confirmaran lo pedido por el fiscal, Cristina Kirchner podría apelar.
Entretanto, sus seguidores se movilizaron desde este lunes, primero en las redes sociales, luego frente al domicilio de la expresidenta, donde se enfrentaron con vecinos que apoyaban el pedido del fiscal. Y el presidente Alberto Fernández, peleado con su vicepresidenta, la respaldó con un comunicado.
Respaldo de la Presidencia
Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.
"El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad", señaló el texto.
Tras el requerimiento del fiscal, la vivienda de Kirchner en Buenos Aires fue epicentro de manifestaciones antagónicas separadas por un fuerte cordón policial: mientras unos celebraban el pedido de condena con banderas argentinas y cacerolas, los otros cantaban en respaldo a la vicepresidenta.
El cordón de policías fuertemente apertrechados mantuvo separados los dos grupos y usó gas lacrímogeno en un momento de empujones con los seguidores de Kirchner, que fueron sumando gente y eran mucho más numerosos que los opositores.
"Fusilamiento mediático-judicial"
Cristina Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que "en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas" en el proceso, escribió en Twitter.
Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal que consideró que sus abogados podrán extenderse en los alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.
Tras la negativa, Kirchner anunció por Twitter que el martes hará su defensa pública por las redes.
"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el derecho de defensa", tuiteó.
Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría incluso ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
