Mucho se publica sobre la reforma tributaria de Gustavo Petro, pero hasta hoy nadie ha podido demostrar que con ella se lesionarán los intereses de los colombianos pobres. Pese a la avalancha mediática que el proyecto ha suscitado en contra, explicable por cuanto sabemos quiénes son los propietarios de la gran prensa en Colombia, una cosa es clara al respecto. Quienes van a pagar más impuestos son los que más riquezas poseen.
El nuestro ha sido siempre el país de la mentira, originada por intereses sucios y mezquinos, los de un grupo de colombianos privilegiados, dedicados a beneficiarse como vampiros del erario y el poder. El mismo que perdió las elecciones el pasado 19 de junio, y que se empecina del modo más grosero posible, en imposibilitar la opción de un país distinto que se abrió con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Cuando Petro designó la cúpula militar y policial, brotaron las inconformidades de amplios sectores de la derecha, que consideraron una afrenta que el nuevo gobierno llamara a calificar servicios a más de cincuenta generales y almirantes. Gracias a Gonzalo Guillén conocimos el trino del general Zapateiro, quien había acusado a Petro de corrupto antes de su elección, en el que llamaba abiertamente a un golpe de Estado.
La pregunta del general, difundida por @COLOMBIAFIRME76, decía: “¿Está usted de acuerdo que en Colombia hubiera un golpe de estado para derrocar al actual gobierno nacional, incluyendo el congreso de izquierda?” Y enseguida publicaba que un 89.8% de los encuestados había respondido positivamente, dejando ver que los votos totales habían sido 1.413, sin duda una cifra apoteósica, si se la compara con los más de once millones del Pacto Histórico en las urnas.
Las razones del general Zapateiro fueron develadas en la columna de Yohir Akerman el 14 de agosto en la revista Cambio, Zapateiro a tus zapatos. En ella puso en evidencia la maratón de adjudicaciones millonarias, que el anterior comandante del Ejército realizó desde su cargo, para favorecer de manera alarmante a un grupo de amigos suyos que, en calidad de contratistas de suministros para el Ejército Nacional, se llenaron de plata gracias a él.
Ya hemos oído de la carrera del alto gobierno saliente por disponer, para beneficio exclusivo de sus copartidarios más cercanos, de esquemas de protección perpetuos a cargo del Estado. Lo cual es poco, pese a los enormes recursos públicos que acarrea, si se lo compara con lo que la periodista Cecilia Orozco denuncia en su columna de El Espectador el día 17 de agosto, como El botín de las notarías nombradas a dedo. Aterra la condición inmoral del Centro Democrático.
El actual gobierno aspira a remover en profundidad la podredumbre disimulada con pompa, que se acumuló en las esferas del poder durante décadas. Exenciones tributarias escandalosas que establecían una inequidad asombrosa a favor de sectores económicos e individuos, que terminaban pagando cero pesos en impuestos, como quedó en evidencia al conocerse las declaraciones de renta de personajes como Uribe y Duque.
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Resulta necesario asumir una agenda de nuevo tipo, que incluya las aspiraciones más sentidas de la población olvidada de Colombia
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Para ello resulta necesario asumir una agenda de nuevo tipo, que incluya las aspiraciones más sentidas de la población olvidada de Colombia. En eso Petro ha sorprendido, yendo mucho más allá de lo que podía esperarse de él. La implementación integral del Acuerdo Final de Paz de 2016, felizmente se convirtió en una de las prioridades de su gobierno en el camino a la paz total. Era obvio que su cumplimiento sería el espejo donde se verían el ELN y otros grupos.
Petro lo ha entendido así. Igual sorprende favorablemente la forma como asumió el reinicio de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, conocidas sus antiguas manifestaciones sobre el denominado régimen de Nicolás Maduro. El pueblo venezolano inició con Hugo Chávez un proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales que no ha estado exento de dificultades y problemas, pero sólo a ese pueblo cabe definir su futuro.
Guaidó y su estela de corrupción patrocinada por el anterior gobierno colombiano serán cosa del pasado. Los gobiernos legítimos son los elegidos por las mayorías en las urnas, y con todos ellos hay que fortalecer vínculos de colaboración y fraternidad. Asimismo, conmueven profundamente las palabras de Petro en el litoral Pacífico, al que hay que sacar de su estado de abandono, destino al que lo condenó el racismo de las élites que gobernaron el país en el pasado.
Al caminar hacia el sur por la carrera séptima de Bogotá, sin hallar las barreras de control en la calle 10, entre transeúntes sonrientes y curiosos, se percibe que algo cambia rápidamente en Colombia. El proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, archivado varias veces por el anterior gobierno, despierta optimismo para el país de lo posible, el que merece su segunda oportunidad, lejos de los bandidos que nos gobernaron.
