El día martes, sin que causara mayores sorpresas, se publicitó en medios que, el Presidente de ACOLFUTPRO, Carlos Puche, se reunió con la ministra del Trabajo y la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. En dicha reunión, según el gremio, se trataron asuntos propios de la industria deportiva, pero principalmente los casos del fútbol femenino, la federación colombiana de fútbol y la Dimayor, así como las investigaciones del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio, por medio de la Superindustria.
Comunicado | Reuniones de los directivos de ACOLFUTPRO con las ministras del trabajo y del deporte.
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— ACOLFUTPRO (@acolfutpro) August 16, 2022
Y aunque el objetivo de esa reunión no era otro que discutir asuntos relacionados con ACOLFUTPRO y su estatus de sindicato para negociar de forma colectiva con los equipos del fútbol profesional colombiano, no pasó inadvertido que no se mencionó en la reunión la investigación que terminó recientemente la Superintendencia de Industria y en que ordenó múltiples compromisos a la FCF.
Sobre la investigación se ha revelado que ACOLFUTPRO acudió a la ayuda de un abogado de muchos quilates, Jaime Rubio, quien fuese Superintendente de Comercio y es desde hace muchos años el abogado de cabecera de Postobón, empresa dueña del Atlético Nacional.
Lo que ha resultado sorprendente para los nuevos funcionarios del gobierno e incluso para los jugadores de fútbol asociados a ACOLFUTPRO, es que la organización acudió a Jaime Rubio por recomendación del abogado de Atlético Nacional, Néstor Humberto Martínez.
En efecto, por allá en el año 2021, el Atlético Nacional, de la Organización Ardila, tuvo un conflicto con uno de los equipos investigados por la Superindustria de Rubio, Cortulua, por los derechos deportivos del jugador Fernando Uribe. Luego del paso por la FIFA, el CORTULUA fue considerado ganador de dicho caso.
Dado que el Atlético Nacional no pagó a Cortulua los dineros ordenados, conforme con el reglamento de la FIFA, el equipo no pudo inscribir nuevos jugadores en el torneo del año 2021. Coincidentemente, en las mismas fechas, ACOLFUTPRO denunció a la DIMAYOR, pero no a Atlético Nacional, de impedir la movilidad de jugadores ante la Superindustria, afirmando que esta era competencia desleal.
Al mismo tiempo, y casi que con los mismos argumentos, los jugadores de Atlético Nacional, representados por Néstor Humberto, presentaron cuatro tutelas que se han negado en la justicia ordinaria y, que ya seleccionó el Alto tribunal en la Corte Constitucional para su decisión.
La Superindustria hizo lo propio e investigó y terminó el proceso y según ACOLFUTPRO y algunos periodistas, le ordenó a la Dimayor y FCF, modificar los estatutos. Lo curioso es que, al final, a pesar de ser Atlético Nacional parte de la FCF, la modificación de los estatutos termina principalmente beneficiando a dicha empresa de la organización Ardila pues, en adelante, podrá no pagar los derechos de las transferencias de los jugadores y seguir jugando el torneo, sin consecuencias.
Del mismo modo, de ser exitosas las tutelas podrán pedir que le regresen lo pagado por Uribe, más de 20 mil millones de pesos, pues según Martínez es ilegal que se usen los sistemas de la FIFA para ordenar pagos entre clubes. Dichas tutelas que pretenden acabar con el sistema legal de la Dimayor, causó desconfianza en la Superindustria pues dichos hechos permitían ver que este era un caso que buscaba no el beneficio de los futbolistas, sino de los clubes grandes, pues ahora pueden, sin pagar la los derechos al jugador, contratarlo e inscribir jugadores.
Así, en una estrategia a tres bandas, la Organización Ardila Lülle, Postobon y el Nacional ayudaron a ACOLFUTPRO a doblegar a los demás equipos del futbol profesional y ahora el Gobierno, dirigiendo sus gestiones para promover la causa de la Organización Ardila, y poner en jaque a la FCF y a la DIMAYOR.
Así, sin más, el gobierno terminó trabajando para Ardila Lülle. Nadie sabe para quien trabaja.
