Frente al ELN, en su perspectiva nacional y subnacional (regional-territorial), los incentivos deben oscilar en torno a tres elementos transversales: participación, transformación e implementación multiescalar.
La participación es un aspecto esencial en la narrativa del ELN y el componente de Participación de la sociedad civil en la construcción de paz fue el único en el que meridianamente se avanzó en el suspendido proceso de negociación de Quito-La Habana (2017-2019) a través de «audiencias preparatorias para intercambiar con sectores de la sociedad sobre experiencias y formas de participación en el proceso de diálogo». Desde la perspectiva elena, la participación debe ser comprendida como un proceso permanente, concurrente y dinamizador en la construcción e implementación de agendas de transformación a escala local, subregional, regional y nacional.
Para esto, se torna necesario caracterizar el despliegue de las élites regionales en las áreas de influencia del ELN (Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar, Chocó, Costa Pacífica; etc) y su interacción con las élites nacionales. Así, se podrían consensuar incentivos compartidos y dinámicas de transformación de carácter estructural en una escala diferenciada; eso sí, con la concurrencia de la sociedad civil agrupada en torno a los sectores campesinos, ciudadanos o comunitarios cercanos -o no- al proyecto social y político del ELN.
No se puede pasar por alto que una negociación con ELN no podrá ser asimilada a un mero proceso transaccional entre élites (como pasó con las Farc-EP), sino como una construcción desde y para el conjunto de la sociedad civil, donde las élites tienen espacios legítimos de interlocución, pero no de determinación del sentido y contornos de las agendas de transformación.
En primera medida, los Diálogos Regionales Vinculantes -recientemente propuestos por el presidente Gustavo Petro- deben priorizar los territorios con presencia histórica del ELN, así se podrían integrar las agendas sociales, políticas y culturales de estas comunidades a la visión nacional del próximo Plan de Desarrollo –descargando demandas y exigencias específicas– y además se propiciaría un factor de creación de confianza entre las partes y hacia el conjunto de la sociedad civil.
Asimismo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) podrían ser readaptados o reestructurados a la nueva realidad política y social, retomando su espíritu participativo y reforzando el carácter vinculante de las iniciativas priorizadas en sus ocho pilares: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud, 4. Educación Rural y Primera Infancia, 5. Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación, 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz (inclusive agregando nuevos pilares y ampliando su horizonte de colaboración y ejecución).
Sin embargo, al ser un instrumento de planeación creado en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, tal vez, el ELN no podría apreciarlo desde su dimensión participativa. No obstante, relegitimar, rediseñar o reposicionar los PDET; volviendo a su esencia participativa y complementarlo a partir de la nueva realidad, podría configurar un incentivo para las comunidades -participes y no participes de su creación entre 2017 y 2018- donde el ELN tiene presencia y espera avanzar –en una fase de posconflicto– en grandes trasformaciones sociales.
De ahí que se pueda pensar como un incentivo para el ELN, el Estado, las comunidades y las élites, una nueva articulación en torno a los PDET (así se les cambie el nombre), retomando sus pilares e iniciativas, robusteciendo el rol de la sociedad civil en su ejecución –su mayor vacío durante el gobierno Duque– y creando una institucionalidad social, política y cultural que sustente su implementación a mediano y largo plazo.
Asimismo, la transformación no se puede reducir al mero “desarme eleno”, pues se debe comprender que el verdadero poder de esta guerrilla reside es su capacidad de relacionamiento con la sociedad civil donde ejerce control y no necesariamente en su arsenal; por eso, el mismo ELN debe ser garante de la planeación, construcción y ejecución de las agendas locales, subregionales, regionales y nacionales de transformación; trasmutando su poder en relaciones de horizontalidad mediadas por nuevas dinámicas de interacción.
Esa abierta integración a la esfera social-comunitaria se debe pensar como proactivo y no coactivo; en la práctica, como un poder de gobierno con cierta capacidad decisoria -un cogobierno transicional en sus áreas de mayor influencia-, o inicialmente, sin entregar las armas, convirtiéndose en un tipo de policía civil rural.
La entrega de las armas por parte del ELN se debe pensar como un punto de llegada tras surtirse el diálogo transformador.
