La burocracia es una convergencia de voracidades en acecho.
José Ingenieros
Imagine que usted adquiere un apartamento en un conjunto residencial, es un espacio privado para que su familia pueda estar tranquila, compartir en un ambiente de intimidad y de seguridad. Se supone que hay unas reglas muy sencillas de convivencia que deben privar para mantener un respeto entre los vecinos que, claramente, son personas con hábitos y costumbres diferentes a las suyas; es por esto que existen esas normas, para hacer del espacio común un espacio seguro y tranquilo.
En este conjunto existe, por simple necesidad administrativa, un mecanismo que se encarga de que los servicios necesarios para que los vecinos puedan estar tranquilos funcionen a cabalidad. La limpieza de los espacios comunes, el mantenimiento de la maquinaria y los equipos (ascensor, bombas de agua, planta eléctrica), el manejo de la seguridad de los espacios (por contrato con empresas privadas o por contratación propia), la efectiva convivencia de los vecinos y el cumplimiento del mandato de la Ley con el efectivo control de una junta administrativa que es elegida por los vecinos y que debe velar por el efectivo ejercicio de la administración del espacio.
Es así que el administrador no puede hacer lo que se le viene en gana, sino lo necesario para que las cosas funcionen correctamente, y que la junta administrativa debe ser prudente y respetuosa del bien común que nace de un claro ejercicio de la norma y el sentido común.
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Dado que la “propiedad horizontal” es un espacio privado, pues el administrador se escoge de manera meritocrática y el componente de la junta de administración de manera democrática. También deben existir mecanismos jurídicos externos que velen porque estos dos entes ejecuten sus funciones sin lesionar los derechos de los residentes.
En fin, que, en cierta forma hay un ejecutivo (administrador), un legislativo (junta de administración) y un ente jurídico (tribunales externos o entes que velan por una efectiva convivencia y manejo de los elementos administrativos del espacio comunitario de residencia).
Pero, juguemos un momento con el absurdo, un día, el administrador piensa que él es quien debe hacerlo todo (más allá de sus funciones básicas) y meterse de lleno en la intimidad de cada residente, que piensa que la cuota de administración es muy bajita y que hay que aumentarla (para pagar su creciente gasto burocrático), que permite que se hagan fiestas y desordenes en el edificio (conjunto de casas) porque lo contrario sería impedir “el libre desarrollo de la libertad del propietario”, que anda de manita cogida con el vecino indolente y desordenado, que se despreocupa por la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes, la maquinaria y los equipos, que mueve sus hilos para que la junta administrativa sea favorable a sus intereses y tiene amigos en las instancias judiciales que le permiten hacer lo que se le viene en gana, todo bajo la excusa del altruismo y el bien común.
El conjunto comienza a mostrar signos de decadencia y suciedad; muchos venden su propiedad y se van buscando un lugar más respetuoso con su inversión, y donde, además, puedan tener una mejor calidad de vida. En fin, este conjunto residencial, termina siendo víctima del populismo, la demagogia, el clientelismo y la mediocridad administrativa.
Más o menos así es cualquier nación latinoamericana, se elige a un administrador (por voto popular), una junta de administración (senadores y/o representantes a la cámara), existe un poder jurídico que se supone independiente (jueces en todas las instancias) que, se supone, deben dedicarse a la administración eficiente de los recursos y al eficaz ejercicio de la administración del Estado.
Pero pasa lo contrario, el administrador se considera un “Rey electo”, los legisladores llegan a defender sus causas ideológicas y los jueces se venden al mejor postor; el Estado, que debería estar limitado a funciones administrativas básicas, se dedica a todo y se mete en todo; contra el sentido común se dedica a promover acciones que no son de su incumbencia y que corresponden al ámbito íntimo y privado de los ciudadanos o que, por supuesto, podrían manejar con mejores resultados las empresas privadas.
Con una voracidad infinita crea y crea más impuestos para alimentar su insaciable voracidad burocrática. Los legisladores se dedican a promover leyes y más leyes convirtiendo cada espacio de libertad en un espacio regulado por las “políticas” que le convienen al reyezuelo de turno, los jueces se codean groseramente con los que gobiernan olvidando su función de imponer la justicia sobre los que abusan del poder.
En fin, que el país (como ese conjunto residencial fallido de nuestro ejemplo) se vuelve invivible, se agudizan los problemas, se destruyen los recursos y, al final, algunos residentes buscan una salida en otras naciones un poco más eficaces y eficientes que estos estados fallidos en los que reina la corrupción y la estupidez política.
Otros, desafortunadamente, debemos sobrevivir en medio de la ideología absurda del reyezuelo de marras y de su interminable desorden porque “somos así”, porque nuestros países “son pintorescos”, porque la etiqueta de “repúblicas bananeras” la merecemos con creces y porque la idiotez política de nuestros pueblos es infinita.
