El pasado lunes 25 de julio radiqué ante la Secretaría General del Senado de la República un proyecto de ley que busca dictar mecanismos y ajustes normativos para la resolución de los conflictos ambientales y sociales de las comunidades campesinas que habitan en 49 de las 59 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Este proyecto recoge el acumulado de experiencias y aportes que han realizado las organizaciones campesinas que habitan los Parques Nacionales Naturales durante años de diálogo, concertación y aportes en diversos escenarios con diferentes gobiernos.
Estas comunidades, además de ser víctimas del conflicto social y armado, son revictimizadas por una política de conservación que los ilegaliza y los proscribe bajo el argumento de la norma. Esto ha costado vidas en los territorios, ha significado el desplazamiento y la destrucción de familias enteras.
Además, el saliente gobierno ha dejado sin alternativas para el campesinado, sin implementación de la Reforma Rural Integral, sin resolver la inequitativa distribución de la tierra, sin entregarle tierra a estas familias. Sumado a esto, desplegó un tratamiento errado a este conflicto profundizando la confrontación y desprestigio a las autoridades ambientales incluida Parques Nacionales Naturales.
En este complejo contexto, he puesto a consideración del Congreso de la República y de la sociedad esta iniciativa legislativa que propone un régimen especial que se aplicaría exclusivamente en las áreas que hoy tienen ocupación campesina. Este régimen incluye una reglamentación de usos a partir de una zonificación ambiental participativa en la que se comprenda con detalle el nivel de transformación que tienen estos ecosistemas frente a los valores y objetos de conservación.
Además, propone unas instancias de concertación y coordinación de acciones entre las comunidades campesinas y Parques Nacionales Naturales, en la idea de que las comunidades asuman un papel protagónico en la gestión de conservación de las áreas que estarían bajo el régimen especial de Parques con Campesinos.
Considero que este nuevo Congreso, junto con una política agraria y ambiental más justa y equitativa, que es el mandato popular que eligió al gobierno Petro, generará las condiciones necesarias para dar esta discusión sobre lo que está sucediendo en nuestros Parques Nacionales Naturales, no para seguir con vastos operativos militares contra el eslabón más débil de la cadena de la deforestación, sino para generar condiciones de vida digna al campesinado y armonizar estos derechos con la protección ambiental de los ecosistemas.
En este sentido, a partir de la experiencia institucional acumulada en el manejo de este conflicto, retomando algunas apuestas de la Política de Participación Social en la Conservación y entendiendo el sentido del CONPES 4050 de 2021, espero que asumamos en conjunto los costos de la conservación de la biodiversidad y no los recarguemos exclusivamente en el campesinado sin tierra de este país.
Considero también que Parques Nacionales Naturales no sea la única entidad encargada de atender este flagelo, debemos convocar una articulación urgente de los Ministerios de Agricultura y Ambiente, así como toda la acción institucional para resolver la situación de las comunidades campesinas que habitan los Parques y la conservación de estos ecosistemas.
