El primero de abril de 2013 el presidente Santos ordenó desde el Bronx en Bogotá, intervenir y erradicar 24 'ollas' del microtráfico en 20 ciudades del país, una de ellas en Tuluá, tarea para la que dio un plazo perentorio de 60 días.
En ese momento el Mandatario se comprometió a “acabar con estas fábricas de crimen”, reconociendo que “Hay regiones donde cierto tipo de delito está creciendo o no ha sido combatido con la suficiente efectividad”.
Dos meses después, el 5 de junio, celebró los resultados obtenidos y anunció que la Policía intervendría otras 25 ‘ollas’, que ya estaban identificadas; para reafirmar lo dicho por Santos, el general Riaño subrayó que se habían erradicado el 92 por ciento de estas ollas, y las faltantes ya tienen un avance del 85 por ciento.
No se entiende pues, por qué después de 18 meses, es decir, el pasado 13 de diciembre, el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle, le dijo a Semana.com que “la tarea más difícil será desarticular las 45 llamadas ‘ollas’ que existen en la ciudad”, para intentar explicar la ola de extorsiones que azotan a esa localidad, y que se conocieron por la denuncia del futbolista Faustino Asprilla.
Este nuevo anuncio, viniendo de la cabeza de la Policía en el Departamento, nos lleva a preguntarnos, si el Presidente Santos estaba muy mal informado, lo estaba el general Riaño, e incluso, el alcalde de Tuluá José Germán Gómez García; o alguien omitió información para proteger estas ‘ollas’ convertidas en “fábricas del crimen”, como ha sugerido en varias oportunidades el escritor Gardeazábal.
Cuántos Consejos de Seguridad se han hecho desde entonces en Tuluá, con la presencia del Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana y el propio Ministro de Defensa, y por qué ninguna autoridad local dijo nada. También estaban “presos del miedo”, como lo estuvieron quienes abandonaron el “Corazón del Valle’ ante la imposibilidad de pagar las vacunas y el temor a denunciar a los extorsionistas.
Muchos muertos ha dejado este silencio, demasiados desterrados, e incontables personas están pagando aún a los delincuentes. Quién le responderá a los tulueños y al país por esta omisión que huele a mentira. O, acaso el que miente ahora es el coronel Murillo. A quién debemos creerle, mientras en cada esquina de barrio siguen apareciendo los muertos. En lo corrido del año van 120.
No se trata de culpar a nadie, pero los mandatarios, tienen la obligación de responder por sus acciones u omisiones, al igual que los concejales y demás funcionarios que tienen la obligación de velar por los suyos, para eso se hicieron elegir o nombrar, o si no para qué, que nos expliquen, porque ahora sí no entendemos.
Mientras tanto la situación de inseguridad se agravaba cada día, ante el silencio de medios y periodistas locales, que también callaron por conveniencia o por miedo. Ni siquiera se salvarían los padres de familia, porque cómo explicar que en Tuluá existan 45 ‘ollas’ cuando en todo el país, según el propio Santos, identificaron 49. A quién le venden toda esa droga, cuántos consumidores hay en Tuluá, una localidad de solo 200 mil habitantes.
Todas las preguntas llevan a los mismo actores, solo falta esperar para conocer quién las responderá, o si continuarán ‘comiendo callados’, mintiendo o encubriendo a costa de la tranquilidad, bienes, seguridad y vidas de los tulueños de bien, muchos de ellos de ínfimos recursos.
