La ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, parece que le habló al viento cuando especificó que la Justicia debe ser “pronta, cumplida y eficaz”. Esta ley también especifica que los “términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales” y que “su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
Lo cierto es que, visto lo visto, no se está dando cumpliendo ninguna de estos mandatos. Ni la justicia es pronta, cumplida y eficaz ni su incumplimiento es sancionada como se ordena. Aunque las generalizaciones siempre tienen el riesgo de que unas solitarias excepciones se puedan esgrimir para desvirtuar la realidad y que se desconozca a los pocos funcionarios que, si se esfuerzan por cumplir, lo cierto es que es innegable que tenemos un pésimo servicio de administración de justicia.
Suponiendo que todos los fallos son apegados a la ley, su tardía y extemporánea expedición hacen que su eficacia resulte muy disminuida e inclusive resulte ya completamente inútil, por ejemplo, cuando la decisión del juez llega después de que la víctima o el accionante ya haya abandonado este mundo o cuando los acusados ya hayan esfumado los bienes reclamados.
Como las sanciones solo se constituyen cuando el incumplimiento no está justificado, supongo que la tardía, incumplida e ineficaz justicia que sufrimos está ampliamente justificada.
Las justificaciones más frecuentes que se suelen aludir, son la falta de presupuesto y la falta de personal, que hacen que todos los responsables de la cadena de justicia se amparen en el excesivo cúmulo de trabajo, para aplazar indefinidamente las decisiones que los ciudadanos penosamente esperan.
Es preocupante que el tema de morosidad en la Justicia poco o nada se haya debatido en el proceso electoral. Tampoco en el proceso de empalme parece haberse estudiado, siendo que la pronta justicia es el pilar del estado y de la convivencia.
Hay que desmontar la actual normalización de la injusticia por mora que se ha enraizado, sin que nadie se ocupe. Parecería que los jueces, magistrados, litigantes y ministros de Justicia ven normal que un proceso se mantenga en trámite por 6, 8, 10 y más años. Se podría pensar que ven cada caso como un cartapacio más que hay que ir pasando de tribunal en tribunal y de estante en estante de vez en cuando y no como una necesidad urgente de seres humanos angustiados por la ausencia de justicia y de la sociedad en general que requiere eficacia jurídica para vivir, producir y progresar.
Sería bueno sensibilizar continuamente a los operadores judiciales para que no se les olvide por qué, para qué y para quien trabajan. Por ejemplo:
Contarles que los demandantes por reconocimientos de pensiones no son un número de radicado, sino que son viejos, que padecen necesidades y mueren esperando la lenta y perezosa resolución de sus demandas. Se ha normalizado indolentemente que el fin del ciclo de la vida sea el que se encargue de solucionar las angustias de los pre-pensionados demandantes. Ya muertos, pues no hay afán.
Por si no lo sabían, dejarles claro que las víctimas, viven en peligro y sufren inmensamente esperando que les atiendan sus demandas.
Igualmente, que no se olviden, mientras se están tomando el quinto tinto, que muchos inocentes padecen la demora de la fiscalía esperando larga y angustiosamente para poder defenderse ante un juez.
Que muchos depredadores continúan en la calle haciendo de las suyas por vencimiento de términos.
Que los abogados en los casos civiles solo esperan, no es que estén contentos, es que les da miedo importunar a los operadores judiciales pidiéndoles pronta justicia.
Si bien puede ser cierto que falten recursos, no creo que la justicia injusta solo se deba a estas carencias. El bajo ritmo de trabajo y la deshumanizada indiferencia de los miembros de la cadena de justicia, tiene mucho que ver con la normalizada injusticia por mora colombiana.
También los legisladores deben ayudar, tomándose el trabajo de redactar claramente las leyes, para que por una coma mal puesta no se llenen los juzgados de pleitos. Vergonzoso el desaire de los nuevos congresistas cuando, en la capacitación previa a su posesión, no escucharon a la especialista que vino desde Chile para hablar sobre la importancia de que los textos de las leyes estén bien estructurados. La moderadora tuvo que pedirles atención, pero finalmente no hicieron caso.
Igualmente, las entidades públicas deberían incorporar abogados capacitados que no enmascaren su ignorancia o desinterés negando todas las peticiones, lavándose las manos, con lo cual obligan a los ciudadanos a acudir a los juzgados. Estos funcionarios deberían ejercer como abogados y no solo simples tramitadores. Los miles de demandas contra en Colpensiones, UGPP y otras entidades evidencia esta lamentable mala práctica.
Por otra parte, los entes disciplinarios deberían estar más atentos al avance de los procesos y sea por exceso de trabajo o por bajo rendimiento, procedan a reasignar ágilmente los procesos, para que haya pronta, cumplida y eficaz justicia.
Al ciudadano no le basta con sanciones tardías esporádicas a funcionarios, sino que en realidad lo que necesita es que su proceso sea resuelto en tiempo razonable, ojalá mientras toda vía esté vivo. Nadie es eterno en el mundo, aunque los juzgados así lo crean.
