No es un secreto que Duque no pudo poner freno a los inspectores de policía incompetentes. Con el ascenso del nuevo gobierno, se espera que haya protección de la propiedad privada de los indefensos, los nadies, ancianos y el bienestar social de los colombianos frente actos de corrupción e intereses comerciales, políticos y sociales vividos por siglos en Colombia.
Un inspector incompetente puede determinar expropiar una propiedad privada a favor del alcalde de turno para adquirir una propiedad privada para obras de infraestructuras, pero con aquellas propiedades que han sido negociadas fraudulentamente por vendedores y estafadores a terceros, que sin presentarse a las demandas de prescripción de dominio y hacer expropiación administrativa que sería lo legal, correcto y bajo las leyes nacionales y tratados internacionales sobre la expropiación de terrenos privados para ejecutar obras de infraestructuras prevaleciendo el interés público sobre el privado, lo logran con un sólo dictamen de un inspector que se preste para esto, siendo un verdadero abrupto jurídico que se convierte en "error judicial" permitido por el mismo sistema judicial colombiano y un acto de prevaricato por acción de los de turno y suplantación de funciones públicas como jueces.
Al ser un inspector de policía de una entidad de defensa pública, le confiere el poder que su determinación "errónea e incompetente" no pueda revertirse o ser demanda, quedando como si fuera un caso juzgado cuando un juez determina una acción, o sea los deja al mismo nivel que un juez de la República de Colombia.
Duque no quiso poner freno a este poder que por siglos han tenido los inspectores, que por mandato del alcalde de turno, que se convierte en su jefe, puede obligarlos a expropiar, como pasó en Cali, con la propiedad de una mujer anciana adulta mayor que están sobre los 90 años de edad y la dejaron sin su propiedad privada de casi 40 años de posesión y tenencia que con su familia ejercían como dueños y señores, que conllevó a demandar al Estado y municipio para demostrar cómo fue que hicieron la expropiación administrativa correspondiente y correcta.
Sabiendo que una determinación de un inspector de policía al no poder ser revertido ese dictamen, ellos bien saben que la única vía es demandar al Estado colombiano que se puede demorar décadas, ya que ni los adultos mayores y sus familias podrán ver resarcidos y devueltos sus propiedades a raíz de una determinación tomada por una persona carente de conocimiento e idónea para hacer una expropiación legal.
Por eso el presidente Gustavo Petro según su decálogo puede parar este abrupto judicial que perjudica a todos, los daños morales y materiales que ocasiona a las familias, sociedad colombiana, a los municipios, departamentos y nación como Estado al tener que pagar millonarias sumas, ser denunciados a las cortes internacionales y demás organizaciones por violar los tratados internacionales y derechos humanos a una persona no poder defenderse como el libre derecho a la defensa universal, por culpa de un simple inspector actuando como juez.
Se propone al presidente Petro:
1) Todo caso de posesión, tenencia y titulación de propiedades privadas nunca podrá ser resuelta y menos expropiada a través de inspectores de policías para ejecutar o adelantar obras de infraestructuras, sin haber cumplido un proceso de expropiación administrativa correspondiente.
2) Ningún inspector podrá despropiar y ejecutar ninguna acción sin una orden judicial que no haya pasado por pruebas y veredictos dictados por un juez de la República, permitiendo a la libre defensa universal de todos.
3) Todo inspector de policía y persona que haya hecho y haga este tipo de acciones debe ser investigado y a su vez destituido o judicializado en caso de retiro por haber ejercido delicados actos que van en contra de los derechos humanos de leyes nacionales y de tratados internacionales.
4) Hacer retroactivo y sin validez cualquier dictamen que no haya cumplido los protocolos de una correcta expropiación administrativa, para que los vulnerados puedan continuar con sus procesos de defensa correspondientes, sean escuchados y a su vez compensados por los daños y perjuicios causados por los actos de abuso de poder que lo permitieron por parte de la fuerza pública de los inspectores de policía que ejercen intimidación a través de sus acciones.
De esta manera, el presidente Gustavo Petro Urrego estará logrando proteger la propiedad privada y por consiguiente el bienestar social de los colombianos frente actos de corrupción e intereses comerciales, políticos y sociales de lo que tanto ha defendido, promulgado y subido para demostrarlo, que según en su alocución ni sus amigos, se salvarán por cometer corrupción y vulneración a gente indefensa como los ancianos y menos a las mujeres víctimas de abuso de poder.
