El pasado 30 de julio se celebraron dos acontecimientos de especial trascendencia: el Día Internacional Contra la Trata de Personas y el 6to aniversario de la Asociación Internacional de Policías IPA, capítulo Colombia, importante mecanismo de cooperación presente en 65 países, aliado de la ONU y con potencial enorme en materia de integración, globalización, entrenamiento y fortalecimiento policial. Esta fue una valiosa oportunidad para compartir con instituciones policiales de América y Europa, diferentes aproximaciones al fenómeno del crimen organizado y de violencia que afecta la región y los desafíos de cooperación.
En un año mueren violentamente en el mundo cerca de 500.000 personas, el 36 % de estas (135 mil aprox) ocurren en latinoamérica y el 34 % se concentra en 7 países: Jamaica, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Colombia, Belice y México. Y la principal preocupación, es que el homicidio violento en la región está cada vez más asociado al crimen organizado y a la violencia, donde el tráfico de drogas sigue siendo la piedra angular. Solamente el año anterior en Estados Unidos murieron 100.000 personas por sobredosis de Fentanilo, un estupefaciente entre 50 y 100 veces más poderoso que la heroína y la morfina, y hoy en día la principal fijación de las autoridades para combatir su comercio ilegal. De acuerdo con el índice global de crimen, la trata de personas, el tráfico de cannabis, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de cocaína y el tráfico de drogas sintéticas, conforman los seis fenómenos criminales que mayor auge adquirieron en el último año en Latinoamérica. Precisamente, en lo ocurrido del año han fallecido más de 100 inmigrantes ilegales intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y en Panamá se registra este año el secuestro de más de 23 niñas adolescentes que son extraídas a la fuerza de sus vehículos, colegios y hogares, con fines de explotación sexual y al parecer para encargos de traficantes de órganos, otro negocio emergente muy lucrativo.
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El año anterior en EE. UU. murieron 100.000 personas por sobredosis de Fentanilo, un estupefaciente 50 veces más poderoso que la heroína y la morfina, las autoridades buscan evitar su comercio ilegal
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El desafío es superior, cuando se evidencia que estos fenómenos crecientes, se han atado de manera incondicional a operaciones de lavado de activos, al poder corruptor y al cibercrimen, haciéndolos más rentables, versátiles, sofisticados y productivos. Los carteles mexicanos siguen expandiéndose a Latinoamérica, con operaciones activas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile; Centroamérica se consolida como eje estratégico para el comercio ilícito de productos, drogas, armas y migrantes; el cono sur se afianza como plataforma del contrabando y lavado de dinero desde la frontera tripartita, la exportación de cocaína producida en Bolivia y vinculada con el asesinato del Fiscal antimafia Paraguayo en Barú y cigarrillos de contrabando desde Paraguay hacia Aruba, Curazao, Panamá y Colombia.
El mercado ilícito de productos, armas, drogas y personas tiene como insumos las 1500 toneladas de cocaína que se producen anualmente en Colombia, Perú y Bolivia, cerca de mil millones de armas pequeñas que están por fuera del control de las autoridades, los casi 300 millones de consumidores de alucinógenos, y los 600 mil millones de dólares que representa la economía del comercio ilícito cada año. Recientemente, por ejemplo, en el marco del Foro Concordia en Miami, se reveló una cifra abrumadora, cada año transitan por Panamá, 8 mil millones de cigarrillos de origen ilícito, transacciones en su mayoría vinculadas al contrabando, la falsificación, el lavado de dinero y la defraudación fiscal.
El crimen organizado y la violencia se alimentan mutuamente obteniendo ventaja de la fragilidad e inestabilidad que caracteriza a las instituciones públicas de latinoamérica, debilidad que se refleja abiertamente en la porosidad y deficiente control de las fronteras terrestres y marítimas, y aquí está el desafío mayor, si se tiene en cuenta que el 80% del comercio mundial se realiza por mar. Solo en 2021 se movilizaron 11.000 millones de contenedores, y si bien el reto de las autoridades se orienta a facilitar el comercio exterior y para ello se ha creado la oportuna figura de Operadores Económicos Autorizados OEA, y en el marco de la ONU el Programa Mundial de Control de Contenedores, El Sistema de Comunicaciones Aeroportuarias, el Programa Global contra el Crimen Marítimo y el Programa El Pacto de la Unión Europea; aún los puertos son precarios, la automatización es débil y la corrupción endémica, ventajas que hábilmente aprovechan las mafias del crimen.
El Indicador Global de Paz (2021) arrojó que en 7 paises de América Latina hubo un notable deterioro en la reproducción de la violencia, Haití (114) donde fue asesinado su presidente, México (137), y Venezuela (148), fueron los paises más afectados de la región, mientras Costa Rica y Uruguay sobresalen por su mejoramiento. De los 163 paises evaluados por la ONU, 126 presentaron un deterioro a causa de la protesta social violenta, esto supone un 49 % de incremento donde África subsahariana y el sur de Asia son las regiones más afectadas, seguido por América Latina, donde Colombia, Perú y Chile, empeoraron.
Finalmente, el cibercrimen que le cuesta 20 billones de dolares al mundo, consecuencia de los ataques cibernéticos que aumentaron el 65% en 2021, afectaron el 51 % de los negocios. Se agrega además el comercio ilícito electrónico que alcanza el 3.3% de los 26 billones de dólares que se comercializan cada año, donde la falsificación, la dulteración, el fraude fiscal y el contrabando son las modalidades más recurrentes. Según la Oganización Mundial de la Salud, el 50% de los medicamentos disponibles en las redes digitales son falsificados, asi lo reiteró el proyecto contra la falsificacion de productos de la Andi en su primer informe donde se destacan los tentáculos del crimen organizado en el comercio eletrónico ilegal. El problema para latinomérica, es que únicamente 7 de los 32 paises cuentan con una política pública de protección contra el cibercrimen, solo 5 se han adherido a la convención de Budapest que asocia a los Estados para combatir el crimen en el ciberespacio, y 12 paises cuentan con una estrategia nacional contra el fenómeno; Colombia está entre los países más avanzados de la región.
La decisión del gobierno electo de trasladar la Policía Nacional de Colombia a un nuevo ministerio, debe reafirmar el liderazgo de la Institución en Latinoamérica, reconocido ampliamente desde Ameripol, Europol e Interpol, y continuar fortaleciendo sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para contener la amenaza del crimen organizado transnacional. Es hora también, de explorar la creación de una Fuerza de Fronteras que asuma en forma determinante el control de los territorios fronterizos más vulnerables al delito. La desactivación de los grupos al margen de ley, no significa la desaparición de las rentas criminales, estas seguirán vigentes alimentando el círculo interminable de violencia y criminalidad.
LPNSN: Al Clan del Golfo no le importa si la población se moviliza para rechazar el asesinato de los policías de la patria. Su indolencia y alevosía, obligan a seguir desplegando toda la capacidad del estado para confrontarlos y someterlos.
