El alcalde de Villavicencio (Meta) y como parte de la implementación de su Plan de Desarrollo “Villavicencio cambia contigo” (2020-2023), está adelantando distintas actividades para adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio POT, que es la política pública que regula la organización urbana de la ciudad en sus distintas dimensiones: uso del suelo, plusvalías, valorización, vivienda, equipamientos urbanos, etc., en los términos de la Ley 388 de 1988.
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De lo que se trata, según reza el Plan de desarrollo, es de garantizar el derecho a la ciudad de cerca de 700 mil personas.
Para lograr tal objetivo se ha planteado reformar el POT NORTE del 2015, que es una estrategia neoliberal de la que han sacado provecho las grandes constructoras como Amarilo, el sistema bancario y los especuladores con la tierra que son vulgares tierreros que manipulan las necesidades de las familias más vulnerables de la ciudad, que son como 440 mil, entre las que se cuentan centenares de hogares víctimas de la violencia que viven en condiciones terribles, en las rondas de los ríos Guatiquia, Ocoa y los principales caños, en zonas de alto riesgo según estudios de expertos de la Universidad nacional.
Con esa Hoja de ruta se reunió el sábado 30 de julio, en las instalaciones de la Caja de Compensación del Meta COFREM, el primer Congreso municipal del POT para debatir sobre los aspectos centrales del nuevo Pot que surja de la revisión legal establecida en la Ley 388.
El consenso general del Congreso se construyó alrededor de los siguientes puntos:
Primero. Construir un nuevo POT que garantice efectivamente el Derecho a la ciudad empezando por blindar los derechos de la naturaleza. Un nuevo POT debe proyectarse en los términos de la transición energética, el calentamiento global, el cuidado de los recursos hídricos, de los humedales, de la flora y la fauna.
Segundo. El nuevo POT de la ciudad debe encajar en el Plan de desarrollo del gobierno del presidente y del Pacto histórico que se ha planteado organizar los bancos de suelos urbanos, las alianzas público-populares, los bancos de materiales locales, la revisión de la ley 388, hacer efectivas las plusvalías y ampliar la tributación sobre los lotes de engorde.
Tercero. El POT que se adopte para los próximos años debe construir un sujeto comprometido con los derechos de la naturaleza a partir de un ideario ambientalista que comprometa una amplia Red de cuidadores de la naturaleza que defienda los recursos ambientales del municipio frente a la acción depredadora de la industria petrolera y minera que está arrasando con los ríos, las fuentes de agua, la fauna y la flora.
Cuarto. En la carta urbana que se acoja es prioritario garantizar el derecho a la movilidad mediante un sistema moderno de transporte al servicio de miles de ciudadanos que deben padecer hoy un obsoleto sistema de vehículos en manos de unas empresas y monopolios enfocados en acumular grandes riquezas en perjuicio del bienestar de toda la población llanera. Hasta el día de hoy el único resultado que muestra el alcalde en este frente es una contratación por 4 mil millones de unas consultorías con empresas de Bogotá.
Quinto. Es central en el nuevo POT garantizar el derecho y el acceso a una vivienda digna en condiciones de transparencia, erradicando las redes burocráticas ubicadas en Piedemonte, que es el ente municipal encargado de la construcción de vivienda. En el Congreso del POT, el exconcejal de la UP, Ricardo Toscano, planteó la propuesta de construir una gran ciudadela de vivienda de interés social con todos los equipamientos para evitar los hacinamientos de los conjuntos de apartamentos en que no se dan las condiciones adecuadas para vivir sabroso.
Sexto. Un nuevo POT requiere una nueva institucionalidad moderna y funcional.
Esperemos que el nuevo POT sea una realidad en poicos meses para lo cual se requiere evitar la negligencia de los actuales funcionarios encargados de la planeación y el control físico.
Séptimo. El congreso del POT debatió nuestra propuesta de organizar un sistema financiero cooperativo autónomo del municipio para garantizar los apalancamientos financieros justos a los beneficiarios de los programas municipales de vivienda de interés social y comunitario. Se trata de organizar una Cooperativa financiera que erradique la especulación financiera, que bien puede despegar con una alianza del municipio con cooperativas financieras existentes en la ciudad.
Nota. Todo indica que las obras del Parque Metropolitano de Villavicencio, por un valor cercano a los 30 mil millones de pesos, se iniciaran dentro de poco, luego del permiso ambiental otorgado por Cormacarena.
Como Veeduría ciudadana hemos hecho un derecho de petición, tanto al alcalde Harman como al señor Barreto, el secretario de infraestructura, para que se nos informen los requisitos de la licitación que se convocara para tal proyecto, pero esos funcionarios ignoran nuestras demandas y peticiones desconociendo la Ley y el propio Plan de desarrollo que se trazó la meta de hacer de la alcaldía una institución abierta y transparente. Recurriremos a los jueces para que estos funcionarios cumplan sus obligaciones.
