Después de múltiples anuncios desde la tragedia de 2010, cuando las aguas del canal se desbordaron y provocaron la inundación de varios municipios en el norte de Bolívar y el sur de Atlántico, el Gobierno Nacional anunció a principios de este año una licitación que pretende, bajo un sistema de esclusas y compuertas, evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos que son la principal causa del estado actual del canal. Los dos sistemas de esclusas estarían en Calamar y Puerto Badel.
La licitación tenía previsto iniciar el 25 de enero, pero luego de dos prórrogas finalmente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la abrió en marzo para que fuera adjudicado en julio, y posteriormente mediante una Adenda se prorrogó la adjudicación para el próximo 4 de agosto. La ejecución de estas obras, como su respectivo mantenimiento, se haría a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años.
La inversión total del proyecto será de $3,09 billones de los cuales $2,19 billones serán aportados por el Gobierno nacional y el resto por los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Sin embargo, el único proponente es la española Sacyr.
Sacyr llegó al país en 2012, desde entonces ha realizado varios proyectos, como el Puente Pumarejo, la Concesión Rumichaca-Pasto, el Túnel de Occidente en Antioquia. Cuenta con más de diez proyectos en todo el territorio nacional y participa en el Aseo urbano de Bogotá,
Sin embargo, algunos de sus proyectos han presentado problemas de sobrecostos, como es el caso del puente Hisgaura, contratado por el Fondo de Adaptación a un precio de 80.000 millones de pesos y que tuvo dos adiciones por cerca de $ 28.000 millones para finalmente ser recibido por Invías, entidad que enfrenta hoy un proceso de responsabilidad fiscal por valor de $ 23.308 millones por haber recibido un puente de inferior en calidad al previsto en los diseños aprobados.
Sacyr presentó una primera reclamación al Fondo Adaptación que le fue fallada a favor por más de 10.000 millones en enero de 2021 (había pedido indemnización por $ 41 millones), y tiene pendiente una segunda reclamación por otros $ 11.000 millones por los costos de las pruebas de carga que fueron realizadas.
En 2017, Sacyr como accionista de la concesionaria encargada de la vía Puerta de Oro-Cruz del Viso, se enfrentó a la ANI alegando mayores costos de construcción debido subsuelo de la zona. Un panel de expertos falló a favor de la ANI.
Sacyr contrató el puente Pumarejo en Barranquilla a cantidades y precio unitario por valor de $ 615.000 millones y se le reconoció una adición de $ 121.000 millones. El puente fue inaugurado a finales de diciembre de 2019 tras presentar una demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para dirimir presuntos sobrecostos, demanda que retiró en octubre de 2020, pero que posteriormente en abril de 2021, inició otra demanda de 30 millones de euros.
