“…un plagio puede parecer un asunto menor, pero no lo es: es el robo del trabajo intelectual de otra persona y un engaño, que afecta la fe pública y la credibilidad de la labor académica. Si bien no todo plagio es delito, todo plagio es condenable”:
Rodrigo Uprimny
En su primer gobierno (2010-2014), Juan Manuel Santos llegó a afirmar, con toda la contundencia que lo caracteriza, que en 2025 Colombia sería la más educada de América Latina. No obstante, el comportamiento de la mayoría de colombianos no demuestra la primera parte del título de este artículo, y en cambio, los escándalos que aparecen cada cierto tiempo con rimbombantes titulares en los medios y que hacen carrera en redes sociales, en los que se ve involucrado todo el sistema educativo, sí dan crédito a la segunda. Miren por qué:
Cuando fue nombrado Tito José Crissien Borrero como segundo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la era Duque, “…los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (…) expidieron un comunicado a la opinión pública rechazando esta designación por la participación de Crissien en el plagio de documentos académicos…”. Así mismo, “…la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (…) se pronunció sobre la designación de Crissien como ministro (…) por la participación del administrador de empresas y MBA como coautor en artículos como el titulado ‘Emisiones de carbón, efectos adversos para la salud humana asociados con el papel de las nanopartículas ultrafinas y los controles de ingeniería resultantes…’.[i], cuyo problema de investigación nada tenía que ver con su perfil académico, según los denunciantes, cuando fungía como rector de la Universidad de la Costa. En su defensa el ministro argumentó que tal inclusión había sido sin su consentimiento.
Es costumbre vieja que algún decano, rector o quien ejerza un cargo de poder en las universidades presione a los grupos de investigación para que en la publicación del respectivo artículo científico en revistas indexadas lo incluyan como coautor. Y es costumbre vieja también que, por pura lambonería, como se dice coloquialmente, los investigadores incluyan a directivos docentes como coautores para granjearse un nuevo contrato en el siguiente semestre académico. Esto lo que demuestra es un afán por figurar y agrandar su currículum vitae con un mínimo de esfuerzo, pero muy poco, o nada, por contribuir a trascender la frontera del conocimiento, que es de lo que debe ocuparse este tipo de investigaciones. Frente a este incidente no pasó nada y el doctor sigue aferrado a su cargo.
Más adelante se confirmó que el entonces senador Julián Bedoya Pulgarín “…había logrado una gesta casi imposible de imitar: volvió a la universidad poco menos de una década después de haberla abandonado para presentar y aprobar 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tiempo récord ─tan solo cuatro jornadas─.”[ii] En este caso, a Bedoya Pulgarín le fue retirado el título obtenido fraudulentamente, y el ex rector de la Universidad de Medellín y otros directivos involucrados fueron sancionados[iii]. Mientras tanto, el senador sigue en lo suyo: haciendo política de la mano del próximo gobierno, esperando jugosos contratos con el Estado o la entrega de una institución descentralizada con suficientes puestos para repartirlos entre sus fans.
Luego el turno fue para la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, cuya tesis de maestría que ostenta en su hoja de vida, elaborada a dos manos con Leydy Largo, coordinadora de Control Interno de la Cámara, resultó un plagio, según certificó la Universidad Externado, a la par que le solicitaba al Consejo de Estado el retiro del título de magistra, cinco años después de habérselo otorgado y como respuesta al escándalo que armó un acucioso periodista.
En este caso, la Procuraduría General de la Nación, encargada de disciplinar a los indisciplinados funcionarios públicos, “…soltó la tesis, de veras iluminante, de que no les podía iniciar un proceso disciplinario porque la conducta de las dos funcionarias había ocurrido hace más de cinco años y, en consecuencia, había prescrito.”[iv] Así, la honorable (¿?) representante siguió aferrada a su cargo hasta fenecer su periodo como congresista.
Como si faltara un escándalo más, por esas mismas fechas, en Neiva apareció un falso ingeniero contratado en una entidad pública. A la fecha, y por tratarse de un cargo de bajo perfil, no se sabe ─y nunca se sabrá─ quién es su padrino político ni en qué otra institución pública le habrán avalado dicho título, como suele suceder en estos casos.
Más recientemente se tuvo noticia del doctorado del contralor Felipe Córdoba “…que le permite (…) cargos futuros en las cortes o la Fiscalía. La documentación exhaustiva, de disímiles fuentes, da cuenta de que, en ejercicio de funciones de tiempo completo, en <<dos años y medio se graduó de abogado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y obtuvo, además, el título de un doctorado en la Universidad de Jaén en España>>, con reconocimiento cum laude. Una revisión académica y periodística, que encontró inconsistencias, plagios y manipulaciones ideológicas en el trabajo de grado, dio para el sonoro titular: ‘Summa cum fraude’ (Caracol Radio, 2/6/2022).”[v] De manera inmediata actuó la Procuraduría, pero para sentenciar que no aplicaba investigación alguna, pues tal título no había sido presentado como soporte para ocupar el actual cargo. Como en los casos anteriores, no pasó nada y el contralor sigue aferrado a su cargo.
Y más recientemente se conoció que en sus obras El nuevo orden político electoral en Colombia (2004) y Régimen electoral y partidos políticos (2014), el coordinador del empalme para el sector justicia y serio aspirante a conformar el gabinete del nuevo gobierno, Guillermo Francisco Reyes González, había reproducido páginas enteras de un artículo publicado en 1998 por Juan Jaramillo, sin citar a su autor, además de otra denuncia por plagio en su tesis doctoral, según lo sostiene el jurista Rodrigo Uprimny.[vi]
Pero estos casos no son ni serán los únicos. Hace ya varios años la Universidad Externado expulsó al hoy excongresista y candidato al gabinete del nuevo gobierno, Luis Fernando Velasco, junto a cuatro políticos más, por plagiar un trabajo en uno de sus posgrados[vii]. Por las mismas calendas, Jerónimo Uribe se vio involucrado en un plagio cuando cursaba su pregrado, pero este caso no pasó a mayores; cabe recordar que para entonces el decano de la facultad de Economía era Juan Carlos Echeverry, ex candidato presidencial del Equipo Colombia. Otros candidatos (Enrique Peñalosa[viii] y Gustavo Petro[ix]), en sus respectivos momentos han mostrado en sus hojas de vida doctorados sin haberlos cursado y sin ruborizarse.
Estos casos narrados recuerdan a un tristemente célebre personaje de la época de la Colonia: el hidalgo ─hijo de algo─. Ser hijo de algo era un afán de notoriedad de tantos nadies que había por ahí con ganas de ser alguien. Para ello compraban ese permiso (hidalguía) con una gruesa suma de dinero: oro, plata, joyas…, que iba para la Corona española. Si bien es cierto no llegaban a ser alguien, sí les permitía ser algo y gozar de ciertos beneficios, como exenciones tributarias. Eso era más o menos como la compra de indulgencias a la Iglesia Católica para borrar pecados, denunciada por Lutero, o la compra de títulos en que se han convertido muchos de los posgrados hoy en día.
Así las cosas, se imponen las siguientes preguntas: ¿Cuántos y cuántas Jennifer, Bedoyas, Felipes, Reyes, Velascos, Uribes y otros hay por ahí devengando jugosos salarios en puestos públicos y privados, titulados por estas prestigiosas y acreditadas universidades, pues estos no son los primeros casos ni serán los últimos? ¿Cuántos títulos falsos reposan en los archivos de las oficinas de personal de las entidades públicas y privadas, al lado de las pólizas falsas que entregan políticos y ahijados de estos, como soporte en sus infladas hojas de vida para la contratación?
¿Qué responsabilidad les cabe a las universidades que otorgan estos títulos? ¿Acaso las tesis de grado no deben responder a unas líneas de investigación que promueven, financian y ejecutan las universidades, y en ellas participan los estudiantes aspirantes a estos títulos, cuyos resultados deben ser revisados por pares académicos? ¿Cómo una universidad acreditada con altos estándares de calidad otorga un título de este nivel con un trabajo plagiado?
¿Quién vigila ese sistema de acreditación institucional, que parece una componenda de compadrazgos en donde tú me acreditas, yo te acredito, y nos hacemos pasito? ¿Dónde está ese club de burócratas, cuyos socios posan de doctores sin saber si los títulos que ostentan son chimbos, y que han dado en llamar CESU? ¿Dónde está el MEN? ¿Dónde está ASCUN?
Todos estos hechos conducen a pensar que el llamado aseguramiento de la calidad parece más un maquillaje para embellecer por fuera a las instituciones: grandes instalaciones con entapetadas oficinas y amplios ventanales, pero por dentro las corroe el cáncer de la mediocridad, la corrupción y la mala calidad educativa.
La gente sí está titulada, pero está mal educada. Un título no es sinónimo de ser educado, que significa ser ético, decente, respetuoso, tolerante, solidario. ¿Qué decir del despliegue ético de decencia, respeto, tolerancia y solidaridad demostrado en las pasadas elecciones por candidatos, partidos y movimientos?
En la mayoría de las veces el título es utilizado como mecanismo para escalar posiciones y figurar en nóminas o en titulares..., y en el peor de los casos para hacerle trampa a la justicia como ocurrió con el cartel de la toga: José Leonidas Bustos, prófugo de la justicia que él corrompió; Gustavo Enrique Malo, preso; Francisco Javier Ricaurte, preso; Luis Gustavo Moreno ─rey de la corrupción… perdón, zar anticorrupción─, preso; y Jorge Pretel, preso por exigir dinero para fallar tutelas. Todos con título de doctor.
¿Acaso una persona con doctorado no tiene la capacidad de discernir qué está bien y qué no? Si por ejemplo un político inmerso en un delito de paramilitarismo le ofrece unos millones para que archive o engavete un proceso en su contra, ¿no es capaz de entender que de aceptar tal dádiva está favoreciendo el delito, contrario a la doctrina que debió de haber aprendido a lo largo de su vida académica: combatirlo? Lo que aprendió fue que delinquir paga. Por eso están tan devaluados los títulos y con sobrada razón se le dice doctor a cualquier…
Capítulo aparte merece el siguiente comentario: de los casos de plagio citados, y sin pretender defender a la hoy ex congresista Jennifer Arías, hay un hecho destacable entre todos: al ministro Crissien, al político Bedoya, al falso y anónimo ingeniero de Neiva, al contralor Córdoba y ahora al candidato a ministro Reyes escasamente los rozan, mientras que a la ex congresista se le fueron con toda. Se le metieron al rancho, como se dice coloquialmente, a esculcarle su vida privada: extrajeron de su álbum familiar una foto en la que se ve una joven ligera de ropas y armada hasta los dientes, y procedieron a publicarla en redes, como forma de matoneo.
No se sabe si la joven de la foto realmente es la ex congresista ni tampoco si el arma que porta es real, traumática o de juguete, y menos aun si tiene o no salvoconducto. Pero a juzgar por los líos que les encontraron a su padre ─condenado por asesinato─ y a su hermano ─preso en Estados Unidos por narcotráfico─, parece que es costumbre familiar andar alardeando del poder que les da un arma. Joven y bonita, provocadora y armada. ¡Qué miedo, santo Dios!
Pero bueno, de lo que se trata es de resaltar que a Jennifer se la “montaron” más que a los otros porque reunía dos condiciones desfavorables para ella: i) mujer, en un país machista por excelencia; ii) militante del partido de gobierno, en un país polarizado, en el que la entonces oposición, mañana gobierno, tiene como misión en este mundo acabar moral y psicológicamente al contendor político. Si no hubiera sido por haber llegado a la presidencia de la Cámara de Representantes, Jennifer estaría gozando de su título de magistra y devengando un buen salario. Pero cometió el pecado de meterse donde no debía. ¡Pobre!
Referencias
[i] El Tiempo (2022). La respuesta del nuevo Minciencias ante acusaciones de plagio. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nuevo-minciencias-responde-ante-acusaciones-de-plagio-594358. Recuperado el 08/06/2021
[ii] Lombo, J. S. (2020). El informe que pone en peligro el título de abogado del senador Julián Bedoya. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/el-informe-que-pone-en-peligro-el-titulo-de-abogado-del-senador-julian-bedoya-article/. Recuperado el 27/11/2020
[iii] El Colombiano (2022). Inhabilitan a exrector de la U. de Medellín por presuntas irregularidades en título del senador Julián Bedoya. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/antioquia/inhabilidad-a-nestor-hincapie-exrector-de-la-universidad-de-medellin-por-caso-julian-bedoya-LN17923338. Recuperado el 29/06/2022
[iv] Alarcón, O. (2022). La tesis copiada. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/oscar-alarcon/la-tesis-copiada/. Recuperado el 10/05/2022
[v] Suárez, M. A. (2022). Las herencias de Pipe. Disponible en: https://www.msn.com/es-co/noticias/opinion/las-herencias-de-pipe/ar-AAZDle1?ocid. Recuperado el 16/07/2022
[vi] Uprimny, R. (2022). Los plagios de Guillermo Reyes. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/los-plagios-de-guillermo-reyes/. Recuperado el 03/07/2022
[vii] El Tiempo (2003). Expulsan a políticos por copialina. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1029097. Recuperado el 30/08/2003
[viii] Afanador J. y Carrillo, C. (2016). El tal doctorado de Peñalosa no existe. Disponible en: https://www.elespectador.com/bogota/el-tal-doctorado-de-penalosa-no-existe-article-625911/. Recuperado el 14/07/2022
[ix] Torres, M. (2016). Los tres títulos falsos de Gustavo Petro. Disponible en: https://www.elespectador.com/bogota/los-tres-titulos-falsos-de-gustavo-petro-article-628574/. 22/04/2016
