Los medios realizan un seguimiento muy detallado de los distintos hechos de violencia que se han presentado contra agentes de la fuerza pública en diferentes regiones del país, un remanente gravísimo de violencia que esperábamos haber superado tras cinco años de implementación del acuerdo final de paz, que entre otras, tiene como uno de sus grandes objetivos lograr el desmonte de las organizaciones criminales y generar toda una serie de acciones que ayuden a promover la convivencia y en especial, en aquellos territorios víctimas del conflicto.
La forma en que se han incrementado estos casos en el último periodo contra agentes de la fuerza pública, donde 30 de sus efectivos han perdido la vida, demuestra que durante el último periodo no se logró sentar las bases necesarias sobre las cuales construir el modelo de convivencia que a gritos exige el país y jugaría un papel importante en la protección y respeto de la vida de todos los colombianos.
Más preocupante aún, los ataques que también siguen aconteciendo contra líderes sociales en todo el país registrando la preocupante cifra de 107 líderes y lideresas asesinados en lo corrido del año según Indepaz, evidenciando que no solo hay un plan sistemático para atentar contra agentes de la fuerza pública, sino que a su vez, también hay fuerzas mucho más poderosas que atentan de forma sistemática contra lideres y lideresas sociales causando un gran impacto en los procesos sociales a los cuales pertenecen y que van desde los defensores de derechos humanos, lideres ambientales y campesinos, así como lideres indígenas, afros y comunitarios entre otros.
También nos preocupa que, durante lo corrido del año, sumado a lo anterior y según el CNR componente Comunes, van 339 crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz, 258 durante el actual gobierno, 28 casos durante el 2022 y 7 en lo corrido del mes de julio, siendo el último de ellos el de Bladimir Herrara Avella en el departamento de Arauca. Lo anterior a pesar del fallo de la Corte Constitucional en enero del presente año declarando el Estado de Cosas inconstitucionales por la falta de garantías contra los firmantes del acuerdo de paz.
Este escenario de ataques contra la fuerza pública, de crimines contra líderes y lideresas contra personas firmantes del acuerdo final de paz de La Habana, son la radiografía de la fallida política de Paz con Legalidad, donde no solo se evidencian este tipo de situaciones, pues incluso, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prendieron las alarmas por el hurto de los recursos asignados para la paz, la gran mayoría de ellos, provenientes del apoyo de la comunidad internacional y con los cuales se esperaba direccionar las acciones para la implementación de los PDET, tal y como lo dispone el AFP.
Situación que motivó impetrar la denuncia de carácter penal por parte de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, IMPULSO Y VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL (CSIVI)-COMPONENTE COMUNES en calidad de víctima, contra los congresistas: ALFREDO APE CUELLO BAUTE, JUAN SAMY MERHEG MARÚN y demás Congresistas involucrados penalmente en los hechos; por los punibles de PECULADO POR USO, PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE, COHECHO PROPIO, COHECHO IMPROPIO, COHECHO POR DAR U OFRECER, INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO y PREVARICATO POR OMISIÓN, en concurso heterogéneo y sucesivo, y otros ilícitos, teniendo en cuenta que la desviación de recursos afectó el funcionamiento de esta alta instancia, derivada del acuerdo final de paz, máxime cuando la Comisión ha realizado múltiples esfuerzos para establecer y garantizar el buen funcionamiento de los PDET, sin que estos puedan dar los frutos esperados debido a las conductas punibles presuntamente cometidas por un número plural de personas que de forma premeditada decidieron solicitar dádivas afectando el funcionamiento normal de los PDET, para beneficiarse a sí mismos o a terceros y reduciendo, de esa manera, los recursos que debían ser destinados a la implementación del Acuerdo en las regiones. Esto afecta profundamente la potencialidad de los PDET para alcanzar su finalidad principal: la construcción de paz.
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el gobierno de Iván Duque no logró hacer trizas el acuerdo final de paz y precisamente, fruto de ello, hoy tenemos una nueva oportunidad única en nuestra historia para repensarnos el país, también hay que ser conscientes, que su gobierno, y es necesario decirlo, que tiene las horas contadas, se caracterizó por la falta absoluta de voluntad política para avanzar en la construcción de paz.
Ahora viene lo nuevo y con ello una gran oportunidad para superar todos los rezagos de una guerra que nos fue impuesta y a la cual debemos cerrar puertas de todas las formas posibles y donde para fortuna del pueblo colombiano ya hay una gran serie de acciones que bien nos pueden servir de catalizadores para avanzar en esta dirección y que se encuentran consagradas en cada uno de los puntos, instancias y demás que hacen parte del acuerdo final de paz de La Habana.
Saber aprovechar al máximo este punto de partida, el respaldo internacional que en torno a él se ha suscitado, deberá ser uno de los imperativos del nuevo gobierno, que durante su campaña y posterior elección se ha referido en varias ocasiones a éste como uno de los ejes centrales para su desarrollo, en otras palabras, la voluntad política manifiesta que tanta falta hizo durante este gobierno.
