El pasado 19 de julio se celebró en la Asamblea departamental el primer debate de control político a la implementación del acuerdo de paz en Antioquia. El debate fue citado por diputado liberal Andrés Mesa y contó con la participación de líderes y lideresas sociales, excombatientes, académicos, defensores de derechos humanos, representantes de diversas ONG y sendos delegados de las secretarias de Agricultura y Gobierno.
El debate se centró en problematizar el grado de concurrencia de la administración de Aníbal Gaviria en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la reincorporación de los excombatientes de las Farc.
A lo largo de ocho horas y con serias acusaciones a la gestión de Aníbal Gaviria, el diputado Mesa demostró el poco nivel de participación del gobierno departamental en el impulso a los PDET, el lamentable abandono a las 11.555 familias adscritas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, y la poca operatividad de las instancias creadas para facilitar el proceso de reincorporación.
A continuación, presento los principales puntos abordados en el debate.
El PDET, entre la poca gestión y el estancamiento
En Antioquia se priorizaron 24 municipios en cuatro subregiones PDET -Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, Chocó y Sur de Bolívar-. De esta forma, Antioquia se convirtió en el departamento con la mayor cantidad de municipios priorizados. Además, entre 2017 y 2018 se seleccionaron 3.590 iniciativas en la fase veredal, municipal y subregional del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET; sin embargo, la ejecución de estas iniciativas se ha limitado a pequeñas obras de infraestructura y no ha profundizado en los grandes proyectos de transformación territorial.
En parte, esto es resultado de la precaria participación del departamento en los proyectos estratégicos aprobados en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión también conocido como OCAD-Paz, pues de los 7.7 billones aprobados en esta instancia -con serios cuestionamientos de corrupción-, a los municipios PDET de Antioquia solo le correspondieron, según el Décimo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Secretaría Técnica del Cinep-Cerac, 164.506 millones.
Es decir, aproximadamente el 2,3% de la totalidad de recursos destinados a la ejecución de los proyectos del PDET.
En el marco del debate de control político, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -presidida por el excéntrico Rodolfo Correa-, afirmó que hasta 2021 se habían radicado un total de 11 proyectos ante el OCAD-Paz por un valor de 208.542.323.103 millones; sin embargo, la Secretaría no especificó el tipo de relación de estos proyectos con alguna de las iniciativas seleccionadas por las comunidades en el diseño concertado del PDET en su fase municipal o subregional.
A esa poca capacidad de gestión se agrega que el gobierno departamental asume cierta lógica de simulación al concluir que cualquier inversión realizada en un municipio PDET de facto está implementando el PDET, esto resulta siendo ciertamente engañoso porque desestima que el PDET se cumple en tanto las iniciativas seleccionadas por las comunidades en el PATR -y vale recordar que en Antioquia son 3.590- se convierten en proyectos que transforman a los territorios más afectados por el conflicto.
El gobierno departamental de espaldas al programa de sustitución
Sin temor y con firmeza, líderes sociales de Anorí, Cáceres y Tarazá manifestaron que el PNIS se encuentra en cuidados intensivos. En efecto, el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que acoge a 11.555 familias en cinco municipios del Norte, Nordeste y el Bajo Cauca, no ha cumplido con su principal objetivo: garantizarle a las familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras, un proyecto productivo que les permita gozar de estabilidad económica.
A cinco años de su creación, el PNIS registra un avance en cuanto a proyectos productivos inferior al 20% y su desarticulación con el resto de las disposiciones de la Reforma Rural Integral resulta evidente.
Ante ese panorama, el compromiso del gobernador Aníbal Gaviria ha sido prácticamente inexistente. A diferencia del exgobernador Luis Pérez, que sí se trazó una meta de erradicación en su plan de desarrollo y se aventuró en programas como Antioquia libre de coca o la fumigación con drones (dos grandes fracasos), Gaviria no tocó el tema en su plan de desarrollo o si quiera se le ha jugado para diseñar políticas autónomas o complementarias de sustitución. ¿Por qué el desinterés con un tema tan trascendental en la implementación del acuerdo de paz?
En respuesta al cuestionario formulado por el diputado Mesa, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que la Gobernación “asiste a las reuniones del PNIS”. Nada más. En el debate de control político no dio cuenta de algún grado de cofinanciación con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, un impulso a los proyectos productivos de las familias beneficiadas, un respaldo a las instancias participativas o una atención a las familias no-PNIS comprometidas con la sustitución.
Ese abandono por parte del gobierno departamental resulta problemático cuando los niveles de victimización sobre la población civil se vienen elevando como resultado de la configuración de clúster de cultivo y procesamiento de hoja de coca, siendo el municipio de Valdivia en el norte antioqueño un caso referenciado como un nuevo clúster de la coca por parte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Lo cierto es que a más presencia de cultivos de hoja de coca sobreviene más violencia, tensiones sociales y control por parte de actores armados. Entonces, ¿por qué el gobernador Aníbal Gaviria no ha realizado una gran apuesta institucional con el gobierno Nacional para impulsar la sustitución voluntaria y concertada de cultivos ilícitos?
La reincorporación demanda más acción y compromiso
El debate de control político concluyó con la intervención de los excombatientes de las Farc. En medio de la tristeza y la incertidumbre - el día anterior a la realización del debate fue asesinado en el municipio de Campamento el firmante de paz Robín Muñoz-, los firmantes le pidieron un mayor compromiso e interlocución al gobernador, el mismo que afirma ser “promotor de la paz y la noviolencia”, pero que se ha negado a reunirse con los firmantes del acuerdo de paz desde que asumió en La Alpujarra el 1 de enero de 2020.
Más allá de la posición personal de Aníbal Gaviria (víctima de las Farc), el proceso de reincorporación demanda la reactivación del Consejo Departamental de Reincorporación, el diseño de una política de reincorporación -ajustada a los lineamientos del Documentos conpes 3931 de 2018- con enfoque de género y diferencial, así como de una sólida estrategia de seguridad humana que permita que los excombatientes permanezcan en el territorio -32 exguerrilleros han sido asesinados en el departamento desde la firma del acuerdo de paz - y así puedan avanzar en la ejecución de sus proyectos productivos.
Aunque en Antioquia se viene avanzando en la compra y adjudicación de tierras para proyectos de vivienda, en el diseño de una política pública de noviolencia y en la creación de los Consejos Municipales de Paz, el proceso de reincorporación requiere de un mayor compromiso, cofinanciación y acompañamiento por parte del gobierno departamental. En palabras de las firmante Sandra Cartagena: “Le pedimos a la Gobernación que sea esa red que nos ayude a pescar”.
A lo largo de ocho horas, las voces de líderes y lideresas sociales, excombatientes, académicos, defensores de derechos humanos, representantes de diversas ONG, recorrieron los pasillos de la Asamblea departamental. Un recinto poco dado al control político. En esta oportunidad el llamado al gobernador Aníbal Gaviria fue unánime: Antioquia reclama por la implementación del acuerdo de paz. ¿Se le mid, señor gobernador?
