Duque entrega el país al nuevo gobierno como si fuera un gobernante exitoso y un gran ejecutor de políticas públicas. Se jacta de las cifras de la reactivación económica reconocidas por la OCDE -ocurrida después de la pandemia- adjudicándose logros que no son suyos.
No menciona en sus balances y rendición de cuentas que algunos buenos resultados económicos dependen de factores de carácter internacional o de fenómenos estructurales.
No dice que el aumento en los precios del petróleo y el carbón que fue causado por la invasión de Rusia a Ucrania ha servido para equilibrar el déficit fiscal del gobierno.
No explica que el incremento en los ingresos de los exportadores de café y otros productos que es consecuencia de la devaluación de la moneda colombiana contribuye con la dinámica económica interna aunque dispara hacia arriba la deuda externa (pública y privada).
Y, lo principal, no reconoce el papel de los ingresos del narcotráfico que funcionan como un “macro-estabilizador” de la economía que muy pocos países tienen como respaldo para impedir la profundización de la crisis que vive una gran parte del mundo.
De acuerdo con cifras de la UNODC, la capacidad de producción de coca por hectárea y de clorhidrato de cocaína por tonelada de hoja de coca ha aumentado en forma significativa. Han mejorado las técnicas de cultivo y aumentado la productividad del procesamiento.
Y como dichos recursos se irrigan hacia la economía legal a través del comercio de insumos, pago de mano de obra, transporte, inversión en construcción y negocios de diversa naturaleza hasta llegar a los bancos, Colombia puede presentar cifras superiores a otros países vecinos.
No obstante, aparte de esas cifras la realidad es oscura y trágica. El desempleo se mantiene (10,6%) y en el caso de las mujeres 13,7 y los jóvenes pasa del 19%. La inflación en junio se acerca a 2 cifras (9,67%) según el Dane y el hambre crece y se acrecienta entre los pobres.
Y lo más grave, los grupos delincuenciales que son el soporte armado del narcotráfico que reemplazaron en muchas regiones a las Farc, ya no se contentan con ser la “policía rural de los narcos” como ocurría con esa guerrilla. Hoy se enfrentan con el Estado como ocurre con el “plan pistola”, con el que han asesinado a la fecha a más de 35 policías.
Ahora son cuerpos armados con cierta autonomía que controlan los negocios del tráfico de armas, la extorsión de pequeños y medianos comerciantes, el tráfico de personas, las apuestas y el crédito ilegal (“gota a gota”) y que luchan entre ellos por el control territorial.
Dado que durante el gobierno de Duque hubo fortalecimiento de los grupos armados ilegales (sean de origen paramilitar, guerrillero o delincuencial), por cuanto permitió su crecimiento para desacreditar el “proceso de paz”, hoy ese “chicharrón” le corresponde enfrentarlo al gobierno de Petro.
Por lo anterior, no es casual el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa. Seguramente Petro ha encontrado a importantes sectores de las Fuerzas Armadas que se cansaron de la corrupción de la cúpula “uribista” y están dispuestos a sanear al ejército y a comprometerse con atacar a fondo tantos problemas de seguridad y de delincuencia.
No obstante, es un “chicharrón” de alta complejidad. La única forma de enfrentarlo es acabar con el combustible que alimenta esa violencia, o sea, el narcotráfico. Y para hacerlo se tiene que enfrentar la política “prohibicionista” que impone el gobierno de los EE.UU.
Esa política de prohibición es la que crea las condiciones artificiales para que el negocio de la cocaína adquiera las dimensiones increíbles. Y, es claro que en medio de la crisis que vive el capitalismo, ellos no van a renunciar a un negocio que les genera pingües ganancias.
Además, necesitan justificar su “guerra contra las drogas” que ha sido un instrumento muy eficaz para intervenir en países como Colombia y México, en donde agencias como la DEA y la CIA, actúan a sus anchas para desestabilizar gobiernos y atacar potenciales enemigos.
Es por ello que en Washington no han nombrado al embajador en propiedad en Colombia dado que están a la expectativa de la actitud del nuevo gobierno en política interna y externa, y especialmente, frente a la “lucha contra las drogas” y la extradición.
Además, como quien no quiere la cosa, Biden envía a Samantha Power como cabeza de la delegación estadounidense a la posesión de Petro y Francia. Ella es una de las impulsoras de la “doctrina de la intervención humanitaria”, alumna avanzada de los “halcones gringos” en Bosnia y los Balcanes, y actual directora de la USAID. Es un mensaje cifrado.
En fin, ese “chicharrón” es en realidad un “hueso duro de roer” y deberá ser masticado con muy buen tacto y paciencia.
