La deuda social y política que se tiene con los trabajadores y el sindicalismo es inmensa.
La constitución del 91 ordenó en su artículo 53: "El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores."
En todo el periodo neoliberal hasta nuestros días, gobierno tras gobierno con sus mayorías en el Congreso, han legislado en contravía de esos principios y por el contrario han aprobado toda una normatividad muy regresiva , entre las que se destacan la ley 50/90 (flexibilidad laboral), ley 100/93 (privatización de salud y pensión), ley 789/2002 ( ampliación trabajo diurno y reducción de dominicales y festivos), acto legislativo 01/2005 (eliminación de pensiones especiales y convencionales), ley 1607/2012 ( eliminación de parafiscales en salud, Sena e ICBF), entre muchas.
Con base en estas medidas y otras de privatización, los trabajadores en este período, han perdido en sus ingresos al menos el equivalente al 7 % del PIB y en medio de la perversa violencia antisindical, la afiliación y fuerza sindical ha pasado de tasas del 16% en la década del 80 a menos del 5% en nuestros días.
Los grandes ganadores, el gran capital y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.
Con la llegada del gobierno de Petro se pone al orden del día su propuesta de Pacto por el Trabajo que dice: "El Trabajo: derecho fundamental, fuente de la riqueza y la libertad. Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales."
Visto así, al rompe se ve la trascendencia y magnitud de la tarea.
La pregunta es si se dan la condiciones en el espacio del Congreso y el Ejecutivo para resolverlo.
________________________________________________________________________________
El gobierno ha venido sosteniendo que sus prioridades legislativas son las reformas tributaria, rural y política, la ley de presupuesto y la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo
________________________________________________________________________________
El primer tema al respecto es que el gobierno ha venido sosteniendo que sus prioridades legislativas están en las reformas tributaria, rural y política, así como en la ley de presupuesto y la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo.
Además el gobierno deberá atender planes de emergencia en contra del hambre y la pobreza y deberá generar empleo.
Cuestiones, todas, de mucha envergadura que coparán la atención y el máximo esfuerzo del gobierno y sus mayorías en el Congreso para lograrlo.
Adicionalmente la estructuración del Estatuto del Trabajo, partiendo de las propuestas presentadas anteriormente por la CUT, Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y las nuevas realidades del mundo del trabajo, nos estaría demandando un tiempo razonable de estudio, discusión y construcción participativa. Tiempo que habría que considerar tener en cuenta con la agenda ya mostrada del gobierno y acompasada con la que traiga ya en concreto el nuevo ministro del trabajo y las diversas instancias como la Comisión Nacional de Concertación.
Esa agenda ya la señaló la CUT y está enunciada en su comunicado del día 28 de junio de respaldo y acompañamiento al programa del cambio que representa el elegido gobierno de Petro. Allí se enumeran los compromisos internacionales adquiridos provenientes de OIT, OCDE, departamentos del trabajo de EE. UU. y de Canadá, consistentes en eliminar la tercerización laboral ilegal y los pactos colectivos, promover la negociación colectiva multinivel (por rama económica), reglamentar la huelga en los servicios públicos esenciales y proteger la actividad sindical.
También deberá cumplir los acuerdos colectivos firmados entre el sindicalismo estatal y los gobiernos anteriores.
Así mismo, dará cumplimiento a la mesa de alto nivel contemplada en el decreto 624 de 2016 para implementar medidas para la reparación colectiva del sindicalismo como víctima del conflicto armado en nuestro país.
Deberá en especial derogar la ley 789/2002 que amplió la jornada diurna hasta las 9 pm y redujo los dominicales y festivos y que eliminó el carácter laboral del contrato de aprendizaje.
Como se ve el tema es complejo. Se requiere sin desestimar lo más importante, resolver lo urgente sin congestionar las prioridades de la agenda ejecutiva y legislativa.
Posdata: el 7 se agosto se inicia el cambio y tal como lo ha dicho el presidente electo debemos recibirlo con una amplia movilización social y cultural en todo el país. En Bogotá debe ser apoteósica.
Twitter: fabioariascut
