Un fantasma se pasea por el territorio nacional, alguna vez se llamaron “águilas negras”, otras veces “clan del golfo”, otras veces se autodenominaron simplemente grupos “paramilitares”. Lo cierto es que actualmente existen muchas organizaciones armadas que operan por fuera de la estructura formal del Estado, pero en un entorno de amplia tolerancia, cuando no de abiertos apoyos desde este último. Dicho esto, cabe preguntarse ¿estas organizaciones por qué han sido tan visibles últimamente?
Y la respuesta es compleja: en primer lugar, algunos medios de comunicación y portavoces oficiales minimizaron por 4 años la importancia de estas organizaciones; en segundo lugar, el gobierno Duque mayoritariamente se inclinó hacia la persecución de las disidencias de las Farc-EP, pretensión en la cual fracasó; en tercer lugar, la Fiscalía General de la Nación estuvo más preocupada por el lobbismo que por la persecución criminal, y finalmente, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en cabeza de subdirector saliente, invisibilizó el paramilitarismo del presente y del pasado.
“Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”, la posible nueva directora del Centro de Memoria Histórica, la doctora Aurora Vergara, es la persona buena, encargada de reencausar una entidad que en estos 4 años a oscilado entre la mediocridad y el negacionismo.
En efecto, la gestión que realice la doctora Vergara traerá de seguro a la narrativa histórica del conflicto armado y al museo de la memoria, fenómenos como el paramilitarismo, el asesinato de lideres sociales y ambientales, el despojo de tierras y las relaciones estrechas entre el Estado y la criminalidad en buena parte de la historia de Colombia. En otras palabras, de la gestión de la doctora Vergara depende identificar claramente el problema del momento.
De igual forma, la nueva fiscalía general de la nación debe perseguir de manera decidida estas organizaciones y sus enlaces “legales” que apoyan toda su organización logística y misional, empero, el gobierno central debe colocar todos sus esfuerzos para perseguir legalmente a estas organizaciones hasta llevarlas a un sometimiento a la justicia, que si bien no sea perfecto, sí nos aleje de esos deshonrosos puestos que hoy tenemos como: primer país de Latinoamérica en el impacto criminal y segundo país del mundo más afectado por la criminalidad, según datos del “Índice Global de Crimen Organizado”, datos que utiliza la ONU en sus análisis sobre las regiones del mundo.
Por otro lado, la impecable hoja de vida y el compromiso social demostrado en la carrera profesional de varios nombramientos que ya anunció el presidente electo Gustavo Petro permite pensar que se va a dar un rápida y efectiva intervención del fenómeno del paramilitarismo, es decir, al parecer el nuevo gobierno ya tiene una agenda en torno a ello.
Prueba de ello es la entrada al gobierno nacional de personas como: Álvaro Leyva Durán, Leonor ZabalataTtorres, Patricia Tobón y Giovani Yule, en las carteras de canciller, embajadora ante la ONU, directora de la Unidad de Víctimas y director de la Unidad de Restitución de Tierras, respectivamente.
De no presentarse negociación alguna o un sometimiento que convenza a los paramilitares, el panorama es gris, pues los paramilitares son los técnicos violentos de parte de los terratenientes del país, siendo estos últimos unos peleadores bravísimos, capaces de impedir los cambios sociales y la titulación de tierra en las zonas rurales del país.
Por ende, se hace necesario y así no nos guste mucho, incluir a este factor real de poder en la “negociación” de estos cambios que se vienen, de lo contrario esta violencia que persiste se reactivará con toda fuerza.
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