Definitivamente el campo político colombiano ha registrado un giro radical con la influencia, la presión y el protagonismo de las masas populares articuladas en múltiples y diversas organizaciones.
Desde los años 2010 y a lo largo de los últimos 12 años los sectores populares han adquirido un enorme potencial, haciendo que el Estado y el propio régimen político se vieran obligados a modificar elementos centrales de su organización y funcionamiento como efectivamente ocurrió en la educación universitaria publica, en el tema de tierras, en el asunto de la paz, en los derechos de los indígenas, en la situación de las mujeres, en lo atinente a los derechos humanos, en los problemas ambientales y en lo relacionado con las Fuerzas Militares.
La cúspide de esta tendencia bien puede ubicarse en el acceso al gobierno del Pacto Histórico con la conquista de una formidable bancada parlamentaria y con la elección del Presidente Gustavo Petro en una intensa disputa política en que se logró doblegar los planes de la ultraderecha neonazi en todas sus facciones.
Hay que caracterizar adecuadamente esta coyuntura constituida con la movilización social y electoral para saber exactamente hacia donde tenemos que marchar y qué objetivos se deben trazar en función de las cambiantes y liquidas correlaciones de fuerza.
|Le puede interesar: Celebración de externadistas pesados por llegada de Petro, un exalumno a la Casa de Nariño
El presidente Petro y los liderazgos del Pacto Histórico han esbozado un paquete de reformas que deben ser consolidadas en los primeros seis meses de su administración mediante la aprobación de leyes en el parlamento y la adopción de medidas ejecutivas que atiendan, mediante un Plan de choque, problemas muy graves que no dan espera.
El hambre de millones de seres humanos y la violencia en los territorios que debe y puede ser superada con voluntad (de poder) y medidas eficaces que atiendan las demandas agrarias y de las resistencias revolucionarias armadas (ELN, FarcEP, Nueva Marquetalia y EPL) urgidas de procesos genuinos de democratización política para quebrar el dominio de las mafias gamonalicias que han secuestrado el Estado en todos los ámbitos, especialmente los locales y regionales con aberrantes sistemas de corrupción y pistoleo de los líderes sociales y las comunidades.
Hay reformas existenciales que remiten a la constitución de nuevas realidades políticas como la tributaria, la agraria, la presupuestal, la político-electoral y las relacionadas con las plataformas de políticas públicas para el desarrollo que, por supuesto, deben estar en el Plan de desarrollo del entrante gobierno que se extenderá, en principio, hasta el 2026, pero con proyecciones históricos según se establezcan unos cimientos muy sólidos de lo que sería una Colombia progresista y enfocada en la construcción de una sociedad socialista y solidaria.
La reforma tributaria debe garantizar unos ingresos cercanos a los 50 billones de pesos (15 mil millones de dólares) que deberán aportar los 4300 multimillonarios que acumulan fortunas con la explotación del trabajo, los recursos naturales y la evasión en paraísos fiscales; agréguense los tributos de otros 44 mil millonarios que eluden sus obligaciones tributarias con maniobras de diversa índole contable.
La reforma agraria debe ser ya una obra ejecutiva que se sustente en los Acuerdos de paz de la Habana (2016) para entregar 3 millones de hectáreas a 13 millones de campesinos pobres y para formalizar los títulos de 7 millones de hectáreas; desde luego, esa reforma deberá agilizar los procesos de sustitución de tierras y los apoyos integrales en vías terciarias, jurisdicción agraria, créditos, tecnologías, educación, salud, sustitución de cultivos de uso ilícito, derechos de las mujeres, de los indígenas y de las comunidades afros.
La reforma agraria no necesita más leyes ni trámites legislativos engorrosos e innecesarios. Lo que se necesita es voluntad, eficiencia, eficacia de los funcionarios, y un gran torrente de participación campesina con marchas, huelgas y tomas de tierras para arrebatar las tierras improductivas al gran latifundio reaccionario.
La reforma política y electoral debe dar un vuelco radical al sistema departidos, al vetusto régimen electoral, profundizar todos los mecanismos de participación ciudadana según lo establece el Acuerdo de Paz de la Habana, eliminar el ESMAD y depurar las Fuerzas Militares de todo el fichaje neonazi entronizado por el Comando Sur y la OTAN en Colombia.
Este bloque de reformas y cambios demandan una presencia combativa de los movimientos sociales y de sus Primeras líneas. El Presidente Gustavo Petro ha convocado a la multitud para que se movilice con gran disposición y fuerza, y tal cosa debe ocurrir el próximo 7 de agosto, el día de su posesión, en que millones de colombianos deben salir a las plazas y vías públicas a saludar con energía esta Nueva Colombia anti neoliberal, anti oligárquica y antifascista.
