Esta semana se conoció un informe del Congreso de los Estados Unidos que reveló que las prácticas de interrogatorio a detenidos utilizadas durante la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre, fueron “más brutales” de lo que el mismo gobierno había admitido frente al Legislativo y la opinión pública y, para el desconcierto de algunos políticos, en muchos casos completamente “ineficaces”.
Más que un apropiado mea culpa, el informe parece advertir que las violaciones a los derechos humanos de los detenidos en lugares como Guantánamo y Afganistán no sirvieron para nada. Quizá si a criterio de los congresistas se hubiese demostrado la utilidad de la tortura, no habría informe ni discusión para dar.
Frente al informe, un Obama vacilante solo atinó a decir que los hechos denunciados eran incompatibles con los “valores” estadunidenses y que quienes cometieron las graves violaciones estaban bajo una "enorme presión" para prevenir nuevos ataques. Es decir, los justificó.
De un presidente tan inferior a los retos históricos que tenía enfrente no se podía esperar más. Sin embargo, la discusión social generada por el informe volvió a abrir una herida en el seno de la Asociación Americana de Psicología —la famosísima APA— que vale la pena exponer en el contexto actual de Colombia.
Resulta que está demostrado gracias a todo tipo de investigaciones de carácter penal, administrativo y académico, que el gobierno estadunidense no solo utilizó psicólogos en los equipos médico-militares encargados de interrogar a detenidos, sino que además los profesionales en psicología brindaron apoyo técnico durante los interrogatorios e incluso realizaron preguntas directamente a los detenidos.
La labor de los psicólogos era, en teoría, garantizar que el interrogatorio se ciñera a los protocolos y que los detenidos no fuesen torturados, pero en la práctica, ello significaba que el criterio mismo de definición de ‘tortura’ recaía sobre el psicólogo, quien debía determinar ‘profesionalmente’ si el estado psicológico del interrogado permitía utilizar procedimientos más fuertes y violentos que asegurasen conseguir información significativa.
El psicólogo, para decirlo más fácil, debía determinar hasta dónde era posible quebrar la voluntad del detenido y hasta qué punto los interrogadores se convertían en torturadores ¿Y a partir de qué criterios podía cada psicólogo determinar tales límites? Pues, teóricamente, en razón de su formación profesional.
Si tras ese tenebroso periodo que abrió Bush —y del que Obama ha sido incapaz de desmarcarse con determinación pues, a fin de cuentas, Guantánamo sigue funcionando—, la APA vivió uno de sus trances históricos más difíciles y unos debates académicos y profesionales muy profundos, fue precisamente porque la naturaleza misma de la profesión estaba en juego.
No hay que ver en el apoyo a las torturas solo un problema ‘personal’ relativo a cómo se comporta cada profesional en su fuero interno, sino que debemos interrogar aquí a los modos en que una profesión se constituye de la mano con una sociedad que espera de ella ciertas acciones. La cuestión es tanto de ética profesional como de ejercicio político de la profesión.
Tuve la oportunidad de estudiar psicología por varios años y, la verdad, no creo que determinar si a alguien se le violan sus derechos humanos sea una cuestión de orden psicológico. No encuentro posible reducir la tortura a un evento con límites puramente técnicos como los grados de dolor o de indefensión aprendida. Antes bien, me parece evidente que los límites de la violencia son siempre políticos y éticos.
En este sentido, la discusión sobre la tortura trasciende el problema de la guerra y nos empuja a preguntarnos por el papel del profesional ante el Estado ¿A quién debe servir el psicólogo? ¿A cierta noción de “patria”, al gobierno de turno, al funcionario que lo emplea, al “paciente”? ¿Y quién es aquí el paciente? O para decirlo de otro modo, ¿quién es propiamente el consultante?
Todas estas preguntas, a pesar de que parecieran importarle solo a quienes desempeñan roles profesionales en el campo “psi” (psicología, psiquiatría, psicoanálisis…) son extensibles a cualquier profesional que presta sus servicios al Estado. Es por ello que creo muy importante estimular este debate tanto en los ámbitos gremiales, como a nivel académico, político y ético ¿Qué pasa cuando los profesionales servimos al Estado como funcionarios o contratistas? ¿A quiénes nos debemos?
Ahora que se puso de moda el “posconflicto” —noción en la que, dicho sea de paso, percibo una oscura imposición política y una muy cuestionable interpretación histórica, más que un inocente término técnico— sería muy importante que las asociaciones de profesionales y cada una de las personas que trabajamos en la constitución de vínculos y narrativas sociales, nos preguntáramos de qué lado vamos a estar: si trabajaremos para que lo que no lograron los victimarios a través de la violencia lo realicen a través de la “paz”, o si para que las víctimas puedan articular nuevas formas de vida distintas a las que quiso imponerles la violencia.
Ya veo más de un periodista trabajando para que el legado narrativo y de impunidad de los victimarios persista, pero eso será materia de otra discusión.
