“Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a su casa y promete quererla / claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra…” (Del cantautor guajiro, Hernando Marín).
Prometer el cielo y la tierra es de uso común en las empresas multinacionales mineras a las comunidades que en Colombia han tenido el infortunio de habitar sobre yacimientos mineros (oro, petróleo, níquel, gas, o carbón), a cambio buscan “licencia social” para la explotación; es un infortunio, porque lejos de significar mejoramiento de las condiciones de vida, dicha explotación se ha traducido en mayor pobreza e inseguridad física para sus habitantes y en particular para líderes y lideresas de estos territorios.
La Guajira colombiana es tal vez el retrato más nítido de esa tragedia ambiental y humana que vive el país, desde que se adoptó la desatinada política de suplantar la labranza, por la reprimarización de la economía; de sustituir la riqueza que produce trabajar la tierra, por la minería a ultranza, sin condiciones sociales ni ambientales. La población guajira ha sido y sigue siendo más que testigo, víctima del desarrollo y el progreso que con sus renovadas formas promete el capital, por eso desde estas líneas, la Guajira le habla al país.
Cuarenta años de explotación de minería a cielo abierto nos dan la experiencia y autoridad para decirle a las instituciones del Estado que hay que cambiar de rumbo, porque de las promesas que iniciaron en los años ochenta, con la Morrison Knudsen e Intercor y continuaron con la BHP Billiton, Anglo American y Xtrata (triada que ha explotado en los últimos 20 años la mina El Cerrejón), solo queda un cúmulo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y un daño ambiental irreparable. La Guajira sigue liderando los índices de pobreza multidimensional en Colombia, así como las estadísticas de desnutrición y mortalidad infantil.
Como si lo anterior no bastara, recientemente ha trascendido en medios la noticia de que el Estado colombiano otorgó licencia para la explotación de cobre a la empresa minera Carbomás para un área de 47.000 hectáreas en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, y en los municipios de Villanueva y el Molino.
Con idénticos fines, la empresa canadiense MAX Resource Corporation, el pasado 14 de mayo reunió a un reducido grupo de habitantes del corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca (La Guajira), para informar que próximamente iniciará la exploración de los yacimientos de cobre localizados en este territorio (veredas La Unión, Las Colonias, Las marimondas, entre otras); que se encuentran en la fase precontractual para la explotación (con una expectativa de título a 30 años) y que cuentan con el aval de la alcaldía municipal de Fonseca, luego de surtirse una supuesta audiencia pública de concurrencia, hecho que la administración municipal lo ha negado.
Se avecinan tiempos difíciles para Conejo, un corregimiento declarado por sus propios habitantes como Territorio de Paz y Reconciliación, luego de que en 2016 se firmara en La Habana, Cuba, el Acuerdo Final para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), y su municipio (Fonseca) fuera priorizado para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con miras a compensar y reparar a sus comunidades por las afectaciones directas ocasionadas por el conflicto armado, los altos índices de pobreza, la existencia de economías ilegales y debilidad institucional.
El PDET, cuya esencia es la superación de la brecha de desigualdad e iniquidad que subsiste entre el campo y la ciudad, no puede convivir con la minería a cielo abierto, ni con ninguna forma de minería; porque esta contamina y destruye las fuentes hídricas y sin agua no hay cultivos ni vida en los territorios.
La explotación de cobre, que hoy asoma como una nueva promesa de progreso y desarrollo para La Guajira, es uno de los cinco bloques de minería adoptado por el gobierno de Iván Duque Márquez (año 2021), en el marco de la pandemia del covid-19, con la retórica de “diversificar la minería lejos del carbón” (Quinde B, 2021), pero que realmente fue motivada por la crisis generada por la baja en los precios del “coque”, ocurrida antes del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Una reflexión final
Aunque las empresas transnacionales prometan explotar nuestros recursos, minimizando los impactos negativos de su actividad minera, lo cierto es que no existe hasta ahora manera exitosa de “mitigar”, “evitar” ni “compensar” los daños que esa forma de explotación minería ocasionan al territorio y sus habitantes. Más de una docena de comunidades ancestrales de los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira, pueden hablarnos con propiedad de la tragedia de su desplazamiento, ocasionado por la vorágine minera que ha sacrificado culturas indígenas y afrodescendientes, vidas humanas y fuentes hídricas (como el Arroyo Bruno y el Río Ranchería y todo el ecosistema que los compone), en función de su fracasado modelo de desarrollo.
El presente y futuro de la vida en nuestra casa común, la tierra, no puede depender de los caprichos ni promesas del sistema capitalista que simula cumplir los ODS, cuando en la práctica sus hábitos y estilos de vida condenan al planeta y la especie humana a la extinción. Nos corresponde entonces asumir el compromiso de la defensa de nuestro territorio, sobre la base del impulso de un modelo de vida basado en la convivencia con la naturaleza y el medioambiente, donde la máxima aspiración sea el bienestar común y el buen vivir. Proponemos al nuevo gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez que uno de los temas centrales del diálogo territorial vinculante sea el del uso del suelo, priorizando nuestra vocación agrícola y productora de alimentos.
Fuentes bibliográficas
Arcila Adriana (2019). Once grandes mineras se quedan con nuestros metales. Cavilando.org. https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/7184-once-grandes-mineras-se-quedan-con-nuestros-metales
Quinde Bryan (2021). Colombia aprobó nuevo contrato de explotación de cobre. Tiempo Minero.
