El madrugón del Congreso saliente y del gobierno de Duque para adelantar la elección del nuevo contralor general de la República, se explica no sólo por la trinca que habían armado entre el exdirector nacional de planeación, Luis Alberto Rodríguez, el actual contralor Felipe Córdoba, el fiscal Barbosa, la procuradora Cabello Blanco y varios magistrados, para intercambiar y repartirse entre familiares y amigos, los principales cargos de estas entidades remunerados con jugosos salarios.
El verdadero motivo para el madrugón podemos entenderlo al conocerse la investigación de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohora, de la W Radio, según la cual cerca de $500.000 millones de los recursos destinados a financiar obras en los 170 municipios PDET, incluidos después del acuerdo de paz con las Farc, fueron repartidos en coimas entre funcionarios de Planeación Nacional, a los que este gobierno por primera vez los puso a disponer de presupuestos para inversión, congresistas, la mayoría del partido conservador, que hicieron campaña con estos recursos, funcionarios de la Contraloría General de la República cumpliendo tareas de control previo que les sirvió para chantajear a numerosos alcaldes, y algunos burgomaestres y gobernadores miembros de la OCAD PAZ, la entidad que decidía a qué municipios se les autorizaban las obras.
Ahora se explica, que entre los que encabezan lista en manos del congreso para elegir al nuevo Contralor General, se encuentre en primera fila el exdirector Nacional de Planeación, Luis A. Rodríguez, quien orquestó la repartición de los $7 billones, que debían invertirse en 10 años y sólo en 2021 adjudicaron $4.5 billones, de los cuales en sobornos se rapiñaron medio billón, sin conocerse cuánto se han robado en la ejecución de los obras, que hay que averiguar, sí las ejecutaron, y en qué estado se encuentran, tal como cuestionó Germán Vargas Lleras, en su columna dominical en El Tiempo.
Y para asegurarse de que la investigación siga el mismo destino de la de la Caya Daza y el difunteado Ñeñe Hernández, acerca de la compra de votos para la elección de Duque en 2018, para curarse en salud, si en el Senado no escogen a Rodríguez como contralor, en la lista de los 10 elegibles están Gualdrón y Quiroz, subalternos en la Contraloría de Felipe Córdoba, quienes se relacionaron con el exdirector de Planeación Nacional Luis Alberto Rodríguez, al hacerles control previo a los cuestionados contratos financiados con fondos de paz.
Salta a la vista la maniobra de apuntar con regadera a la elección del nuevo contralor, pues en caso de barajársele la elección al favorito Rodríguez. de ser elegidos Gualdrón o Quiroz, -cómplices en el negociado, cualquiera de estos, tendría la misión de “echarle tierritia y tapalo”, a la investigación sobre el manejo de los dineros para cumplir el acuerdo de paz, aprobados por la OCAD y en cuya asignación se repartieron cerca de $500.000 millones. (aproximadamente 125 millones de dólares)
Poniéndole lupa a la ejecución de los contratos adjudicados a dedo se incrementaría notablemente del robo a la paz, a la que no sólo hicieron trizas fomentando la proliferación de grupos armados para que entre todos, y a veces con la complicidad de las fuerzas armadas, siguiera el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes sociales.
Razón tiene el electo presidente Petro en cuestionar el montaje que le hicieron al madrugar con la selección de los candidatos a suceder al Contralor General, así como de salida lo hizo el gobierno de Duque al aumentarle de dos a cuatro años, el mandato a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol.
¡Qué gran despedida la de este gobierno y de la bandola que lo acompañó!
