El primero que quedaría por fuera sería Sergio Alberto Tafur, pues cuenta con procesos abiertos en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en al menos 16 falsos positivos cometidos durante el año 2006. Además cuenta con dos procesos judiciales abiertos por “favorecimiento”.
El segundo mayor general que no tendría chance de comandar el Ejército con el nuevo gobierno sería Germán López Guerrero, tiene 147 expedientes abiertos en la Fiscalía, la mayoría de ellos por fraude a resolución judicial y uno más por homicidio.
El tercer alto oficial que quedaría sin ninguna opción en la cúpula de Petro sería Juan Pablo Forero Tascón, investigado y llamado a declarar ante la JEP por falsos positivos cometidos en Antioquia bajo su mando entre los años 2004 y 2005, cuando fue comandante del Batallón Girardot. Sus subalternos de ese entonces lo acusan de haber sido él quien incluso, en persona, conseguía las armas para justificar los asesinatos.
El cuarto Mayor General que quedaría descartado es Wilson Cháwez, acusado en meses pasados por la Fiscalía de ser parte de la red de narcotráfico de alias Matamba, cabecilla de la banda La Cordillera del Sur y el Clan del Golfo. Según audios publicados por diferentes medios de comunicación, Cháwez era el encargado de mover oficiales y suboficiales y evitar operaciones que pudieran afectar las actividades delictivas de estas organizaciones al margen de la ley.
El quinto alto mando que quedaría con serios problemas para ganarse un puesto en el círculo de Petro y para seguir con su carrera activa sería Jorge Isaac Hoyos, investigado por el asesinato de dos menores de edad el 15 de abril de 2020 cuando era comandante de la Tercera División del Ejército en una operación bajo su mando.
Dichos menores serian dos falsos positivos. Hoyos es el actual comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército (CCOES), el mismo que ordenó un bombardeo en el Guaviare contra las disidencias de las Farc el 2 de marzo de 2021 y que habría dejado al menos tres niños muertos, y otro más contra el ELN el pasado 16 de septiembre en el Chocó y que dejó 4 menores sin vida. Así mismo se rumora al interior de la institución que CCOES ha sido el comando que ha realizado las operaciones para dar de baja a Santrich, Romaña y el paisa en Venezuela, violando claramente la soberanía de ese país (información que deberá corroborar Petro); hechos no menores para un gobierno que busca restablecer relaciones políticas y comerciales con Nicolás Maduro.
El sexto general que quedaría por fuera de carrera sería Edgar Alberto Rodríguez, investigado por la JEP por su responsabilidad en al menos 22 falsos positivos, cuando fue comandante del Batallón Magdalena en Pitalito, Huila, entre los años 2006 y 2007. Sostienen algunos de sus subalternos de ese entonces que eran precisamente sus hombres de confianza quienes conseguían las armas y los uniformes para legalizar dichos crímenes.
El séptimo alto oficial descartado sería Mauricio Moreno, sobre él llueven investigaciones de todo tipo: ha sido acusado por corrupción en el desvío de gasolina cuando era comandante de la Fuerza de Tarea Titán en el Chocó, así como de extorsionar mineros ilegales en este departamento para no realizar operaciones militares contra ellos. Igualmente de ejercer presiones indebidas para detectar filtraciones a la Procuraduría de presuntos actos de corrupción siendo comandante de la Segunda División del Ejército.
Así mismo de su presunta responsabilidad en el asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, en el Catatumbo por hombres bajo su mando. De igual forma aparece en fotos y en el acta de la reunión cuando el hoy retirado General Villegas dijo que si en el Ejercito había que sicariar se sicariaba, y que tenían una alianza con la banda criminal de Los Pelusos.
El octavo mayor general con problemas para ser tenido en cuenta por Petro sería Jorge Eduardo Mora, pues según diferentes medios de comunicación como El Espectador, Caracol, El Tiempo, Semana, Infobae y Las2Orillas, este fue denunciado por siete de sus subalternos por presunta corrupción al interior de las Fuerzas Especiales cuando era su comandante. Según la denuncia, el general Mora les ordenaba a estos darle una cuota de sus viáticos de forma irregular que oscilaba entre los 8 y los 10 millones de pesos mensuales.
El noveno alto oficial que presentaría dificultades para ser tenido en cuenta es Juan Carlos Correa Consuegra, pues pese a que su carrera ha sido limpia y sin mayores sobresaltos, si tiene una polémica reciente con heridas que aún no sanan en el país. Correa Consuegra fue el general que comandó la operación en el Putumayo el pasado 28 de marzo que dejó 11 muertos y que, según la comunidad y varias organizaciones campesinas, la mayoría de ellos civiles. Dicha operación ha generado dudas porque fue hecha en medio de una fiesta donde había mujeres embarazadas y niños, los soldados no iban con su respectivo uniforme y dejó como resultado muchas más personas muertas que armas incautadas.
El décimo general de tres soles que quedaría descartado por Petro y su equipo de empalme es Raúl Hernando Flórez, investigado por la JEP por su presunta responsabilidad en al menos 18 falsos positivos cometidos por hombres bajo su mando en el año 2008 cuando él fungía como comandante del Batallón de Infantería Domingo Caicedo en Tolima. Uno de esos falsos positivos habría sido el del sindicalista Israel González.
El último mayor general sin posibilidades de seguir ascendiendo con Petro sería Oscar Reinaldo Rey, confeso amigo del “ñeñe” Hernández, narcotraficante al que incluso transportó en un avión del Ejército. Así mismo, Rey está acusado ante la JEP por haber pagado una recompensa por el asesinato de Nohemí Esther Pacheco, una niña indígena de 13 años, y de su hermano de 23, cuando era segundo comandante del Batallón La Popa del Cesar en el año 2005. Mientras Rey estuvo en esa unidad militar se habrían cometido al menos 13 falsos positivos. Human Right Watch se opuso a su ascenso a general.
Si el presidente Petro se mantiene fiel a su promesa de no trabajar con investigados por violaciones de Derechos Humanos ni por corrupción, todos estos generales pasarían a un feliz retiro o, a rendir cuentas ante la justicia.
