Todo comenzó a mediados del año pasado cuando la empresa CTU Security con sede en los Estados Unidos, cuyo representante legal es el venezolano Antonio Intriago, comenzó a buscar exmilitares colombianos para trasladarlos a Haití con la misión de trabajar legalmente en la seguridad de funcionarios del alto gobierno y el entrenamiento de tropas en ese país centroamericano.
Animados por la oferta laboral varios militares, soldados profesionales y suboficiales con muy buena formación e incluso entrenamientos antiguerrilla, empezaron a pasar la voz a voz.
El Sargento Duberney Capador quien murió en el asalto se encargó de reclutar a 22 de esos curtidos militares, con plena capacidad física para asumir el rol de alto riesgo. El entusiasmo del viaje lo dejaron registrado en sus cuentas de FaceBook a través de las cuales se supo qué habían pasado unos días de vacaciones en Republica Dominicana antes de iniciar el viaje rumbo a Puerto Príncipe.
Soldado Profesional Enalber Vargas a su llegada a República Dominicana días antes del magnicidio del presidente haitiano.
Solo volvió a saberse de ellos por los titulares de prensa a raíz del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en el palacio presidencial en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021. Este había sido abaleado en un oscuro episodio al que sobrevivió su esposa Martine Moise. En el enfrentamiento con la seguridad presidencial murieron tres exmilitares colombianos y muy rápidamente fueron señalados como responsables 19 colombianos que permanecían en casas alquiladas en Puerto Príncipe.
Así empezó el viacrucis, que después de un año no termina. Las esposas, quienes viven de la limitada pensión de ex militares viven en varias ciudades del país, Bogotá, Girardot, Neiva, Sogamoso, Cali y Villavicencio, en esta última localizamos a tres de ellas.
Su situación continúa en el limbo jurídico. El abogado colombiano que ha asumido el caso Nelson Romero, reconoce que no hay ningún proceso abierto legalmente para adelantar las investigaciones. En dos ocasiones las sedes judiciales donde se conservaba material probatorio han sido asaltadas por las bandas criminales que azotan ese país. El caso ha estado en manos de cinco jueces y no hay abogados que quieran defenderlos porque los amenazan de muerte. Una tragedia.
