El pasado 4 de diciembre, a las 9:37 am, fue enviado a los correos electrónicos de diferentes colectivos y medios de comunicación alternativa y popular de Colombia un panfleto amenazante firmado por el Bloque Capital del grupo paramilitar Águilas Negras.
En el documento se declara como objetivo militar a 12 de estas organizaciones, así como a 14 periodistas que son mencionados con nombre propio, asegurando que son “terroristas guiados por la farc-eleno política” y se les advierte que “cesen sus actividades […] en pueblos y ciudades con el cuentico de la comunicación alternativa y popular”, indicando que “su propaganda será callada a plomo” y dándoles un plazo hasta el 1 de enero para abandonar las ciudades en las que desarrollan sus labores periodísticas.
Los colectivos y periodistas amenazados señalamos que este panfleto hace parte de una campaña de persecución en contra de la prensa independiente, de la cual también hacen parte otras amenazas similares, como la que circuló el lunes 1 de diciembre en contra del Canal Capital, la cadena Telesur y la Agencia Reporteros sin Fronteras, y otra que recibió justo un día después el señor Nelson Armesto Chávez, director del periódico comunitario Patio Bonito al Día, que está llevando al comunicador en pensar en el cierre de su medio, según ha manifestado.
Consideramos que todas estas intimidaciones buscan silenciar la labor de los periodistas independientes en defensa de los derechos humanos y su trabajo con comunidades en todo el país y que que este evento no representa otra cosa que la continuación de la política estatal de persecución política en contra de quienes expresan opiniones por fuera de lo aceptable para los grandes poderes que dirigen el destino de Colombia, donde se acusa a las organizaciones sociales de aliadas del 'terrorismo' o de ser 'enemigas del progreso' o de la Fuerza Pública por el simple hecho de defender sus derechos.
En este contexto, el paramilitarismo ha sido sólo un instrumento más de esta política de represión, una herramienta de terror que, articulada con los agentes estatales, ha dejado a su paso millones de víctimas sin que el Estado tenga respuestas efectivas para garantizar los derechos humanos en el territorio nacional o intención de salvaguardar la libertad de expresión para el amplio número de periodistas amenazados y perseguidos.
Por esto, declaramos que ni ésta ni ninguna amenaza impedirá que cumplamos nuestra labor por la verdad informativa y la defensa de los derechos humanos, y que las amenazas, antes que amedrentarnos y aislarnos, nos unen en defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho del pueblo colombiano a comunicarse libremente, con calidad informativa y sin ningún tipo de censura ni autocensura.
Dado que el Estado colombiano tiene como deber constitucional garantizar la existencia de una prensa independiente, libre, veraz y comprometida con informar sobre la realidad del país, exigimos:
1 – A la Fiscalía General de la Nación, investigar estos hechos, dar con los autores materiales e intelectuales de estas amenazas y ponerlos a órdenes de la justicia.
2 – A la Procuraduría General de la Nación, investigar sobre la posible participación de agentes estatales y miembros de la Fuerza Pública en estas amenazas, para que, de darse el caso, sean procesados disciplinariamente y sancionados según la Ley.
3 – Al Gobierno Nacional, tomar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de los periodistas amenazados y de sus familias, así como dar las garantías necesarias para el ejercicio de las libertades de expresión y prensa a los comunicadores y medios independientes, según lo consagrado en el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4 – A las organizaciones de periodistas y defensoras de la libertad de expresión, Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF), acompañar esta denuncia e incidir en las instancias respectivas del Estado colombiano para salvaguardar la vida, integridad y derechos de los periodistas y medios amenazados.
5 – A las organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de Colombia y el mundo a solidarizarse con los periodistas y medios amenazados, exigiendo al Estado colombiano el cumplimiento de su deber constitucional de protegerlos y ofrecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de su labor comunicativa.
Firmas
Colectivos y medios amenazados:
Casa de la Comunicación de Techotiva.
Colectivo Brecha.
Colombia Informa.
Contagio Radio.
El Macarenazoo.
El Rebelde.
El Salmón Urbano.
El Turbión.
Kino Rama.
Reporte Colombia.
Trochando Sin Fronteras.
Periodistas amenazados:
Andrés Gómez.
Camila Ramírez.
Carlos Castaño.
Ernesto Che Mercado Jones.
Leandro Murillo.
Nelsón Lombana.
Luis Alberto Castaño.
Milena Galvis.
Omar Vera.
Oscar Castaño.
Ricardo Murcia.
Silvia Oviedo.
