Según la última decisión adoptada por la Fiscalía en Cali, los softwares que aplicará la Registraduría para contar los votos de las votaciones del 19 de junio, fecha en la que como sabemos se adelantará la segunda vuelta para elegir Presidente de la República, serán revisados mediante una auditoría forense, pues el antecedente de los más de 1.5 millones de votos no acreditados en las elecciones legislativas del 13 de marzo plantean un alto riesgo político para el Pacto Histórico y las fuerzas políticas anti sistema.
Lo cierto es que el sistema electoral, toda su institucionalidad y la votación directa de los colombianos podría estar en riesgos dada la captura de las mismas por las mafias políticas asociadas al poder oligárquico de banqueros, generales, terratenientes y poderosas multinacionales.
Gracias a las presiones y acciones de juristas y organizaciones políticas de izquierda, la Fiscalía debe actuar con expertos del CTI para que revisen detalladamente si se dan ataques cibernéticos por agentes extraños y anónimos que vulneren y deriven en el fraude.
La orden la dio un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali, José Freddy Restrepo, quien exigió una revisión muy detallada a por lo menos cuatro componentes del software: los de selección de testigos y jurados, los de preconteo, los de escrutinios y los de obtención del consolidados.
Todos serán revisados en detalle no solo para los comicios de este 19 de junio, sino que se verificará de manera retroactiva para ver si fueron o no alterados durante las elecciones del pasado 13 de marzo –en las que se eligió al Congreso– y del 29 de mayo (primera vuelta presidencial).
De hecho, las elecciones legislativas fueron el origen de esta medida ordenada apenas tres días antes de los comicios, pues el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, consideró necesario supervisar el proceso para evitar inconsistencias como la que arrojó 1,5 millones de votos sin contar y que derivaron en procesos penales y disciplinarios que tocan al registrador Alexander Vega con varias investigaciones en el Consejo de Estado y en otras instancias judiciales dado su oscuro proceder en favor de las mafias de la politiquería, especialmente las que están bajo el control del actual gobernador del departamento del Meta, señor Zuluaga.
Pérez sostiene con mucha solidez argumental que pidió la auditoria porque el registrador Vega reconoció que hubo más de un millón de votos que no se contaron para el Senado y más de 500.000 que no se contaron para la Cámara, y esos, más que errores de transmisión o mala fe de 5.000 jurados, puede tener que ver con manipulación del software, por lo que es necesario despejar cualquier duda y asegurar que la campaña del Pacto Histórico tenga algún grado de confianza.
La revisión de bases de datos y sistemas ya avanza por parte de los delegados del CTI y continuará después del domingo, pues el objetivo es claro: impedir que algoritmos maliciosos ingresen al software y manipulen los resultados. El riesgo está latente. Aunque no hay que confiarse tanto de esos funcionarios policiales que son reconocidas fichas de los politiqueros del uribismo, por eso es muy necesario el control y la auditoria social.
Los delegados, testigos y auditores del Pacto histórico deben estar muy al tanto de cada situación irregular para denunciarla oportunamente bloqueando la trampa y el fraude de Vega, el registrador bajo sospechas permanentes.
Esperemos que esta auditoria forense funcione, aunque lo mejor es la accion de vigilancia permanente de las redes de primera línea del Pacto Histórico.
