La política de defensa y seguridad del presidente Duque, siempre fue desde su campaña un contrafuerte discursivo, un eje central dentro de su estructura de gobierno y un derrotero programático que pretendía marcar distancia, frente a la inminente caída institucional sucedida de los acuerdos de la Habana y un eventual surgimiento del comunismo como forma de gobierno.
Sin embargo, luego de casi cuatro años de mandato, la Defensa y en especial la Seguridad como políticas de control, no han tenido el éxito y la contundencia esperada; al contrario, su desarrollo, eficacia y eficiencia, han sido más un tránsito entre tinieblas y nubarrones, que un pasar limpio y ladino sobre praderas fulgurantes.
Ahora bien, para abordar lo anteriormente citado es pertinente señalar que el documento que guía la política de Defensa y Seguridad, presentado en el año 2019, acertó en la identificación de factores claves (narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, crecimiento de GAO, GDO) que amenazan los principios del Estado Constitucional y Social de Derecho.
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Abrió desde el plano nominal enfoques que permitían ver el carácter multidimensional de este principio básico del Estado moderno, apuntó a la presencia de ejes como el medio ambiente, el control territorial, la disrupción estratégica del delito y la seguridad cooperativa, entre otras para el afianzamiento y transformación de la concepción Seguridad.
De igual manera, señaló y como hecho destacable, lo indispensable que resulta “superar la tradicional estrategia de control militar del territorio basada, con pocas excepciones, en el despliegue de unidades militares y de policía” [1], como uno de los fundamentos básicos y trascendentes para la nueva política que guía la Defensa y Seguridad nacional.
No obstante, y pese a lucidez de la propuesta de desligar lo militar como única forma de control estatal, la respuesta del actual gobierno para enfrentar el vacío institucional, la falta de garantías y seguridad en los territorios y afrontar las nuevas amenazas producto de la complejidad del conflicto colombiano, ha sido en primera instancia la vieja confiable de copar zonas en disputa con grandes contingentes de fuerzas armadas y militares.
Tal y como como sucediera en el 2019 en el departamento del Cauca, donde se desplegó en su momento el grupo de operaciones especiales Fudra 4 con 2500 efectivos; lo sucedido en Arauca, luego del álgido periodo de confrontación a inicios del 2022, donde se determinó el apoyo de dos batallones para el control territorial.
También, es posible enumerar los más de 300 hombres enviados al sur de Córdoba en el 2020, para conjurar el fortalecimiento de estructuras como el denominado Clan del Golfo y los casi 1400 efectivos entre ejército y policía anunciados durante el mes de mayo del presente año en el Necoclí, (Ant).
Esto, para hacer frente al accionar delictivo, lo que da cuenta que el actuar del gobierno de turno pese a los avances en capturas, bajas y erradicación forzadas entre otros, ha sido mucho más de lo mismo.
Que la contención militar sigue siendo un eje central para el tratamiento de la Seguridad y que la presencia integral de la institucionalidad en los territorios de mayor carga conflictual es tan débil, como perenne ha sido el conflicto.
Ahora bien, este tipo de respuestas como bien lo señala algunos analistas de “la silla vacía” y con los cuales se coincide en su análisis buscan generar impactos a corto plazo.
Disuadir mediáticamente la opinión pública, responder a la inmediatez de la acción violenta y mostrar capacidad de control y generación de orden.
Sin embargo, el asesinato de más de 27 personas en Arauca a inicios del presente año; las más de 150 víctimas generadas por casi 44 masacres en lo que va corrido del 2022, la no despreciable cifra de 930 líderes, lideresas y defensores de DD.HH. asesinados en lo corrido del gobierno de Iván Duque, según datos registrados por Indepaz.
Los más de 75.000 mil desplazados el año inmediatamente anterior de sus territorios por acciones violentas asociadas al conflicto y los recientes paros armados que dejaron en entredicho la reacción institucional y el fundamento militar, permiten denotar que, la política de Seguridad del actual mandatario ha carecido de peso y fortaleza, de visión de Estado, pese a lo propuesto por las zonas con enfoque territorial (PDET) y Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII).
También, falta de atención conjunta frente a las nuevas dinámicas delincuenciales que se gestan en el territorio, de capacidad para morigerar y rencausar su discurso y sobre todo de desajuste, articulación interinstitucional y legitimidad frente al actuar operacional.
Así mismo, otros de los grandes vacíos que destacan los cuatro años de mandato del presidente Duque, es que la estrategia de confrontación mantuvo en el imaginario político y, claro está, en el actuar militar, un repertorio contra-insurgente previo al acuerdo de paz, en donde las estructuras armadas estaban mejor definidas, contaban con mayores niveles de jerarquización.
Un posicionamiento territorial estratégico y de afianzamiento, así como un relacionamiento con la comunidad con mayores márgenes de aceptación y legitimación social como bien lo detalla el informe “Ni paz ni guerra” de la fundación IDEAS PARA LA PAZ.
Sin embargo, las actuales dinámicas del conflicto se encuentran lejos de ser lo que antes eran y las acciones que se dirigían sobre estructuras y líneas de mando específicas, hoy son cada vez más complejas de materializar, puesto que la capacidad de reconfiguración de las estructuras armadas y organizadas, les ha permitido entender a estas, primero, que el objetivo no es controlar vastas zonas del territorio, sino, afincarse en sus propios feudos sin dejar de lado posibles ampliaciones estratégicas.
Segundo, que la confrontación con las fuerzas armadas o la ruptura del orden institucional ya no es una política de base, y tercero, que la disciplina y orientación ideológica como bien lo señala investigador Eduardo Álvarez Vanegas, del portal Verdad Abierta “no es en la actualidad el pilar que sostiene esta nuevas estructuras delincuenciales”, motivo por el cual, la degradación del conflicto y la afectación a la ciudadanía, tiende a ser mayor que en años anteriores.
Para continuar, dentro de las grandes carencias con las que ha contado la política de seguridad de la actual administración, está la de centralizar el narcotráfico como causa primaria de la violencia estructural que vive y ha vivido el país, mas no como consecuencia del vacío institucional, la falta de presencia integral en las zonas de mayor concentración de violencia y cultivos ilícitos.
Además, la incapacidad constante de sostener el monopolio de la fuerza como hecho congénito a la configuración del Estado.
A la par, la lucha contra el narcotráfico ha generado resultados tan ambiguos como ha sido este gobierno, pues si bien el número de cultivos ha presentado reducciones del 7 % para períodos entre el 2019 al 2020 y erradicaciones significativas que rondan las 103.000 hectáreas en el 2021, se presenta paradójicamente para estos mismos periodos, un incremento del 8 % aproximado en la producción de clorhidrato cocaína.
También, un aumento en el rendimiento de clorhidrato de cocaína por hectárea cosechada pasando de 6.7 kg a 7.9 kg.
Finalmente, las áreas de Parques Naturales, Zonas de Reserva Forestal de ley 2° resguardos indígenas y tierras de comunidades afro, siguen registrando según informes del Fondo de Ideas para la Paz, una alta afectación por cuenta de este tipo de cultivos al sumar el 47 % del total de éstos.
A la par, los cultivos en Parques Naturales como son el Bari en Catatumbo, la Playa (Putumayo) los Farallones de Cali (Valle del Cauca) Sanguianga (Nariño) presentaron un aumento del 66, 49, 14 y 39 por ciento respectivamente; denotando entonces, que la acción de contención del gobierno nacional es combatida con el mejoramiento y tecnificación de los cultivos así como el desplazamiento de estos de ser necesario.
En suma, el discurso muy bien manejado por parte de la administración Duque, unidimensionaliza los planes de atención institucional en materia de seguridad nacional y atención integral frente a temas relacionados con el narcotráfico, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes y lideresas de derechos humanos.
Enfoca en una sola dirección las alternativas de solución a los conflictos surgidos en los territorios, crea resistencias, deslegitima el actuar de los estamentos públicos y fuerzas militares al interior de las poblaciones; de igual manera y reproduce discursos que alientan el binomio amigo/enemigo.
Homogeniza las comunidades asentadas en territorios donde la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos y economías ilegales es la regla y desconoce de manera significativa las brechas, necesidades y carencias de la población adscrita a cada uno de estas zonas en disputa.
[1] Documento: “Política de Defensa y Seguridad / Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”
