Por estos días ha sonado mucho en medios el caso de “difamación” en contra del famoso actor Jhonny Depp y al margen del resultado del juicio, ha logrado dañar su imagen y tener consecuencias que afectaron su vida. Pero parece que en este tipo de delitos solo proceden si usted es de alguna manera una figura pública. ¿Pero para el ciudadano de a pie, que?
Solo en Colombia, el caso de Ciro Guerra (cineasta), quien fue acusado por dos periodistas de acoso sexual hacia algunas actrices, aún sigue abierto, pero tiene toda la atención de la Fiscalía, o el caso del internauta que se atrevió a dar una opinión sobre un caso de corrupción donde la protagonista era Gloria Lucía Escalante, exgerente administrativa de EMCALI y por lo cual fue condenado a 18 meses de prisión y multado con 9,5 millones de pesos, son evidentes casos de que solo si usted es una figura pública, es tenido en cuenta por la justicia, pero vuelvo y hago la pregunta… ¿para el ciudadano de a pie, que?
Soy Paola Hernández, funcionaria pública, líder sindical, emprendedor, madre, hija, hermana y sobre todo mujer, de esas que con algo de burla nos llaman “mamá luchonas” por haberme atrevido a salir adelante sin un hombre a mi lado.
Logré comprar un apartamento a mis 45 años de edad y con mi ánimo de participar y colaborar con la comunidad donde ahora pertenezco (una propiedad horizontal de 1040 apto), me lancé a formar parte del primer Consejo de administración del conjunto donde soy propietaria.
Con algo de conocimiento y con muchas ganas, con mi grupo de compañeros consejeros empezamos a trabajar por la comunidad, con tareas tan difíciles como hacer un primer presupuesto o contratar a la primera administración, empresa de seguridad y empresa de aseo, entre otras cosas. Por la situación de pandemia, permanecimos durante 18 meses en ese cargo. El proceso no fue fácil y quizás en algunos aspectos lo hubiéramos podido hacer mejor; sin embargo, se realizó una gestión comprometida y honesta.
Como en todo conjunto (y sobre todo en uno tan grande) no todos los copropietarios estaban de acuerdo con las decisiones tomadas por el consejo, pero un grupo de personas, y en particular dos copropietarias, la señora Carolina y señora Tefy, lideraron una campaña de odio contra mí, dentro y fuera del conjunto.
Además de insultos y malos tratos, he sido acusada de robar, de recibir coimas, de maltratar al personal que presta sus servicios en el conjunto, de cometer actos de corrupción. Se ha dicho que he sacado información de la empresa en la que trabajo (una empresa del Estado) sobre los copropietarios del conjunto para sacar provecho de esto, exponiéndome a que se me abra un proceso disciplinario como funcionaria pública que soy.
Han afirmado que mi emprendimiento, una plataforma para realizar asambleas virtuales, fue creada con los dineros que me robó. Incluso se ha mencionado a mi hija (una menor de edad que no tiene nada que ver con el asunto), queriendo insinuar que es lamentable que tenga una madre como yo.
Se ha investigado cualquier actuación judicial que se registre con mi nombre (es decir, las denuncias que he interpuesto, el caso de inasistencia alimentaria, la responsabilidad civil por haber sido fiadora de un conocido, etcétera) y se ha presentado ante la comunidad como si fueran sentencias de la justicia en contra mía, entre muchos otros comentarios. Se me ha puesto en riesgo, pues cualquiera que crea estas afirmaciones podría desquitarse con mi hija, mis mascotas, mis bienes o conmigo.
Como consecuencia de esto, estuve viviendo más de 10 meses en casa de mi madre, dejando todas mis cosas en mi apto, solo por el temor de poner a mi hija y a mis mascotas en riesgo.
Intenté encontré alguna solución exponiendo la situación ante la administración y el comité de convivencia, pero no pasó nada con esto.
Traté de aclarar la situación en una reunión con la comunidad, solicitando que si alguna de las administraciones que han pasado por la copropiedad, de los contadores, o la revisoría fiscal, tenían evidencia o conocimiento de algún acto irregular que yo hubiera cometido, que lo expusieran ante la comunidad, lo que evidentemente no paso, pero sin embargo, no cambió lo que la gente ha escuchado de mí y nada de esto ha hecho que estos ataques paren.
Presente ante la Fiscalía una denuncia por injuria y calumnia desde marzo de 2021, les he anexado pruebas audios y mensaje en Telegram donde se evidencia cómo se sigue cometiendo este delito contra mí, pero no ha pasado nada.
En este punto, cada vez que me expreso por cualquier grupo de redes de la comunidad, sin importar cuál sea el tema, sigo siendo maltratada y acusada falsamente. No puedo pertenecer a ningún comité de la copropiedad, pues la mayoría de los vecinos ha creído lo que se ha dicho de mí. No puedo ofrecer mis servicios de asambleas virtuales a ninguno de los conjuntos cercanos, por temor a que estas personas dañen la imagen que con tanto trabajo he construido alrededor de mi microempresa y en conclusión.
Entonces, ¿qué puede hacer una persona como yo, que ni los entes internos del conjunto, ni la justicia colombiana garantizan el derecho al buen nombre? Porque si usted no es una figura pública, puede cualquier persona destrozar su imagen y causarle daño con acusaciones falsas y no pasa nada?
Pretendo que con esta denuncia pública, donde se evidencia esta situación particular, la Fiscalía pueda poner el ojo a este tipo de delitos, de los cuales cada vez más personas son víctimas, sin tener un organismo o entidad que garantice su derecho fundamental al buen nombre.
Agradezco a Las2orillas publicar esto, porque en este punto creo que solo así la Fiscalía podría voltear sus ojos ante estas situaciones, donde a pesar de no ser Jonny Depp, también arruinan vidas y le hacen más dura la existencia a quienes lo sufrimos.
