A escasas dos semanas de las elecciones presidenciales, se intensifican las tensiones políticas, el terror y la intimidación, convertidos bajo este gobierno en instrumentos habituales. Regiones enteras han convivido bajo su dominio.
Pero el terror también lo siente la extrema derecha. Terror a perder sus enormes privilegios y concesiones. Terror a que se conozca la verdad sobre la complicidad de muchos de ellos en los peores episodios del conflicto armado, como lo está develando el trabajo de la JEP y la Comisión de la Verdad, así como las confesiones de jefes paramilitares, dispuestos a no hundirse solos.
Los últimos eventos del país, que han generado alarma nacional e internacional, hay que entenderlos en dicho contexto. Cuando el Ejército detuvo a Otoniel, jefe del temible Clan del Golfo en octubre pasado, Duque anunció el fin de la organización. A partir de entonces, la JEP hizo todos los esfuerzos legales para interrogarlo, en contra de la voluntad del gobierno.
Cuando finalmente pudo hacerlo, el preso mencionó a 64 personas de alto nivel, entre políticos, empresarios, miembros del Ejército, vinculados a la organización criminal. Todos cercanos a Uribe.
Pero cuando Otoniel se disponía a dar una entrevista a un medio, el gobierno lo extraditó, moviendo todas sus influencias en el Consejo de Estado. Así, las víctimas del Clan del Golfo y el país entero perdieron la posibilidad de conocer la verdad. Como en todas las ocasiones anteriores, los tribunales estadounidenses lo requieren para que responda por narcotráfico pero no por sus crímenes de guerra en Colombia.
En represalia por dicha extradición express, la organización desplegó un poderoso paro armado durante cinco días, en una muestra incuestionable de control territorial. Once departamentos y más de cien municipios se vieron afectados.
Las hordas de asesinos se movieron a sus anchas por ciudades, pueblos y caminos, intimidando y aterrorizando a la población. Impusieron confinamiento total y cierre de toda actividad económica o social. Según informó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, ocurrieron 24 homicidios y se incineraron cerca de 200 vehículos.
Pero no hubo autoridad civil ni militar que apareciera. Una demostración de la connivencia que impera entre las fuerzas del Estado y el paramilitarismo.
________________________________________________________________________________
El presidente y demás autoridades, tan vociferantes y energúmenos durante el estallido social del año pasado, en esta ocasión del paro armado no se pronunciaron
________________________________________________________________________________
El presidente y demás autoridades, tan vociferantes y energúmenos durante el estallido social del año pasado, en esta ocasión no se pronunciaron. En el fragor del paro armado, Duque viajó al exterior y apenas cuando el Clan anunció el fin del paro, hizo declaraciones insulsas.
Llama la atención que, en medio del terror de la población, se realizó una fastuosa boda en Montería, con asistencia de la oligarquía “romosinuana”. El evento contó con el apoyo del Ejército Nacional. Recordemos que Montería queda alrededor de El Ubérrimo.
El paro armado fue también un intento desesperado de intimidar a la población, para que se abstenga de votar por el cambio. De hecho, los miembros del Clan destruyeron a su paso arrollador vallas del Pacto Histórico, muy fuerte en la región Caribe.
La situación de orden público en diversas regiones es de extrema gravedad. El 8 de mayo se conoció una carta de los alcaldes de 30 municipios del Chocó y 11 de Urabá al presidente. Le advierten que están confinados, por efecto de las acciones del Clan. Expresan su preocupación por las amenazas a los habitantes, empresas e instituciones por hombres fuertemente armados en la zona rural y urbana. Señalan que campesinos y productores no pueden salir a trabajar ni comercializar sus productos. Critican la falta de presencia del Gobierno Nacional y claman por el restablecimiento urgente del orden público.
La indolencia del Gobierno Nacional frente al desastre del orden público en el país ha sido ampliamente conocida. Los tres obispos del Chocó vienen denunciando desde hace meses la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el departamento y se han referido a la relación de algunos miembros del Ejército con el Clan.
Según informe presentado, el 77 % de la población está en riesgo de violencia. Las comunidades étnicas han sido confinadas o desplazadas. La respuesta del gobierno y el Ejército ha sido negar la situación y atacar y estigmatizar a las autoridades eclesiásticas. El presidente se negó a concederles una cita.
Más recientemente, un importante grupo de Iglesias y organizaciones basadas en la fe, nacionales e internacionales, suscribieron una carta de apoyo a los obispos, con el título “si callan, gritarán las piedras”.
Lo cierto es que el terror ante el resultado de las elecciones los puede llevar a desplegar cualquier recurso, desde incrementar la violencia hasta impedir las elecciones.
Una vez suspendido arbitrariamente el alcalde de Medellín, el presidente designó como encargado a Juan Camilo Restrepo, Comisionado de paz del gobierno, pero enemigo de la paz, y expresidente de la tenebrosa Augura. Según audio que se conoció de reunión reciente en San Pedro de Urabá, llamó a reactivar los frentes de seguridad, dirigiéndose a los ganaderos, y a “desmamertizar” nuestra sociedad. El fascismo en toda su expresión. Ahí están las consecuencias de hacer trizas el acuerdo de paz
Por esto y mucho más, se impone el cambio.
