No era la primera vez que el alcalde Daniel Quintero se juraba intocable. Amparado en una supuesta decisión de la Corte Interamericana con el caso Petro, que le amarraba las manos a la Procuraduría para suspender funcionarios públicos elegidos popularmente el alcalde de Medellín y otros más abusaron con su favoritismo electoral. Pero les llegó la hora.
La Procuradora Margarita Cabello recordó las normas y actuó drásticamente a tres semanas de las elecciones y anunció que ordena la investigación disciplinaria contra los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero y de Ibagué, Andrés Hurtado y también al concejal de Calarcá (Quindío) Gustavo Herrera y al personero de Nátaga (Huila), Grenfel Lozano Guerrero. Todo gracias a la entrada en vigencia de la ley que reformó el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.
Lo que muchos se preguntan hoy es qué tan solida es la decisión de la procuradora Margarita Cabello. ¿Qué caminos jurídicos tienen los suspendidos alcaldes de Medellín e Ibagué?. El experto constitucionalista Juan Manuel Charry analiza:
