En días pasados se anunció con bombos y platillos que el Partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, se unió a la campaña de Federico Gutiérrez “Fico”. Esta adhesión, según declaraciones del mismo Gutiérrez, se debe a que “…el Partido Liberal tiene un proyecto común de país, liderado desde las regiones con orden y oportunidades”.
Sin embargo, cuando miramos el tipo de acciones llevadas a cabo por esta colectividad en las regiones, lo que encontramos es una larga lista de actos de corrupción y de saqueo a los recursos públicos; es el caso de Bolívar con el acueducto y alcantarillado del municipio del Carmen de Bolívar.
En el año 2017, el 20 de diciembre, a la empresa mixta Aguas de Bolívar se le adjudicó, mediante la resolución 133 al consorcio Virgen del Carmen, el contrato de construcción del alcantarillado de este municipio, por un valor de 56.076.901.443 pesos, con un plazo de ejecución de 17 meses.
El contrato de obra fue suscrito el 3 de enero de 2018, entre el representante legal del consorcio Guillermo Gabriel Quintero Márquez -integrado por las empresas JV Ingenieros y Construcciones SAS (35%), Construcciones y Pavimentos LTDA CIP (35%), Excavaciones Obepa SL Sucursal en Colombia (15%) y VHA Empresa Constructora S.A. (15%)- y Miguel Eduardo Torres Scaff, gerente de Aguas de Bolívar y quien es primo del actual gobernador del departamento.
Su culminación estaba prevista para el 4 de octubre de 2019, sin embargo, las obras se iniciaron a finales de febrero de 2018, según denunciaron varios veedores. No obstante, en junio de 2019 se le concede al consorcio la primera prórroga del contrato con una adición de casi 20 mil millones de pesos, con lo que el contrato queda por un monto total de 76 mil millones de pesos.
Posteriormente, Aguas de Bolívar le otorgó inicialmente otras cuatro prórrogas al Consorcio, para un total de cinco aplazamientos en la entrega de las obras. La segunda prórroga se la concedieron el 5 de diciembre del 2019, una tercera el 28 de diciembre del 2019, una cuarta el 4 de mayo de este año y una quinta el 30 de junio; hasta cumplir con 12 prórrogas, con el agravante que a la fecha no se ha terminado el anhelado alcantarillado de los carmeros. Hay que recordar que recursos usados en esta obra, que ya han superado los 80.000 millones de pesos por sobrecostos, vienen del Plan de Desarrollo para las zonas afectada por la violencia, como es el caso del Carmen de Bolívar.
Pero esta situación no termina allí. Una reciente solicitud de investigación a la Corte Suprema de Justicia por posible corrupción con plata del acueducto y alcantarillado de El Carmen de Bolívar tiene con los reflectores al senador gavirista Lidio García, y a su primo, el exgobernador Dumek Turbay, dos prohombres del Partido Liberal en Bolívar, oriundos de esa población de los Montes de María, y cuyo caudal político y económico se ha fortalecido durante la última década en este departamento.
El presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, recibió dicha petición el pasado 22 de febrero, firmada por Juan David Huepe, fiscal de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, informó la Revista Cambio.
La Fiscalía tiene sólidos indicios de que, hace cuatro años, el liberal Lidio García, quien fue cabeza de la lista al Senado de su colectividad en las elecciones parlamentarias de este año, financió su campaña al Congreso con parte de los $56.506 millones iniciales destinados por la Gobernación de Bolívar para la construcción del alcantarillado del Carmen de Bolívar. En 2018 su primo Dumek Turbay era el gobernador.
En 2018, el alcalde de Cartagena William Dau denunció ante la Fiscalía que la campaña al Senado de Lidio García de ese año había sido financiada con plata pública, bajo la anuencia de su primo gobernador.
Según la Fiscalía, la plata se cobró a través de siete cheques que se descontaron de los $56.506 millones por los que la Gobernación, inicialmente, contrató en 2017 el alcantarillado de El Carmen. Dos años después, el Departamento le adicionaría más recursos a esa obra aún inconclusa.
Dau denunció en aquel momento que de ese contrato salieron $3.000 millones para la campaña liberal, mientras que el documento judicial firmado por el fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos —y citado por Revista Cambio— detalla que se usaron, al menos, $3.500 millones para la aspiración de Lidio García al Senado.
Según la Fiscalía, esos cheques fueron cobrados por tres personas que obtuvieron contratos de prestación de servicios en la Gobernación de Bolívar, quienes tan pronto recibían la plata por esos contratos debían transferirla a Vanessa Rojas Olmos, esposa de Luis ‘Tuto’ Majana Pupo, cuñado de Dumek Turbay y poder a la sombra durante su gobernación.
Rojas Olmos es la representante legal de Luxury Service Carzone SAS, una serviteca ubicada en el barrio Manga de Cartagena que tuvo como accionistas iniciales a Olmos y a Liliana Majana, esposa del exgobernador Turbay.
Los cheques, según publicó Revista Cambio, los cobraron así:
María del Carmen Gómez Díaz (descrita por Dau como administradora de Luxury Service y quien en los registros de Cámara de Comercio figuraba en 2017 como secretaria de esa serviteca) reclamó cinco por $2.269 millones.
Eduardo Guardó Montero, ex escolta de ‘Tuto’ Majana, cobró uno por $675 millones. Wilmer Martínez Cárdenas, exrepresentante legal de Luxury Service, cobró otro cheque por $530 millones.
En definitiva, la candidatura de Fico Gutiérrez y su socio predilecto, el Partido Liberal en el departamento, representan el continuismo de los mismos con las mismas, el continuismo de esta rancia elite política tradicional que ha separado su suerte personal de la suerte del país y del departamento, y que son los responsables del atraso, la pobreza que experimenta los bolivarenses. Por eso, este 29 de mayo tenemos una oportunidad de oro de cambiar el rumbo del país y de Bolívar, votando por un candidato como Sergio fajardo Valderrama.
