Vistos los programas políticos de los candidatos más opcionados a la presidencia de la República no se encontró ninguna mención o propuesta relacionada con la democratización del empleo público y el diseño de mecanismos meritocráticos para su vinculación de forma vertical, es decir desde el nivel temporal más bajo hasta los de libre nombramiento y remoción.
El problema de la corrupción en Colombia tiene unos actores claramente identificados, que son los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, nombrados a dedo, productos de lógicas clientelistas, que son los que gerencian, dirigen, y ejecutan los recursos públicos del estado.
Lógicas clientelistas practicadas por los gobernantes de turno, que son la repartición de estos empleos directivos, tomados como mercancía a repartir entre los partidos políticos triunfantes de las elecciones.
Este es el foco de la corrupción que ninguno de los candidatos pretende modificar, no se ha visto ningún planteamiento por parte de ninguno de los candidatos presidenciales por cambiar estas costumbres políticas y administrativas, que si bien son legales, en la práctica son contrarias a la ética pública, y al interés general, que muchas veces han terminado en verdaderas concertaciones delictivas para asaltar el erario de los colombianos, como lo fueron el carrusel de la contratación de Bogotá, los alimentos escolares , o los contratos Abudinen de MinTic para llevar el internet a los colegios más lejanos del territorio, etc., etc.
Es importante destacar de otra parte que existen otras categorías laborales que desarrollan la función pública, como los contratos de prestación de servicios, los trabajadores oficiales, los funcionarios provisionales de carrera, y otras formas de prestación de servicios temporales que igualmente son objeto de repartijas clientelistas entre los partidos políticos ganadores de las elecciones que obtienen el poder para esos propósitos. Prácticas que hacen parte de la cultura política de nuestra democracia y la administración pública en todos sus órdenes y niveles.
Los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Registraduría, llamados a ser ejemplo de transparencia, de mérito, que deberían ser los primeros en investigar, y sancionar estas prácticas, están capturadas por la misma clase política que manipula estas entidades para estos fines.
Mientras no se modifique la forma de elección de los titulares de los organismos de control para que estas pasen a ser de la sociedad y no de la clase política, será imposible un estado más democrático y una administración publica más eficiente y eficaz. Al respecto tampoco hay propuestas de fondo por parte de ningún candidato presidencial.
El candidato Petro ha planteado expropiar tierras y democratizar la propiedad, pero no ha propuesto expropiar el empleo público de las elites y la clase política. El candidato Fajardo ha dicho que gobernaría con “los mejores”, eufemismo que implica el mismo clientelismo de gobernar con los amigos y clientelas.
El candidato Rodolfo ha planteado procesos meritocráticos para vincular a los ministros y altos funcionarios por agencias caza talentos, pero nada dice de las demás categorías, es incompleta la propuesta. El candidato Fico representante del clientelismo histórico ya habrá repartido toda la burocracia del estado.
De esta manera la corrupción, expresado en el clientelismo, el cáncer del país, diseñado y promovido históricamente por redes clientelistas de la clase política de todas las tendencias, sea quien sea el ganador en la contienda presidencial, seguirá siendo el factor que impida una verdadera transformación del estado.
Podrá haber un gobierno de derecha, de izquierda, o de centro, las cosas en materia de empleo público, seguirán igual, mientras no haya una verdadera voluntad de modificar esta cultura política, y la corrupción seguirá campeando, al igual que la violación del principio constitucional del mérito.
Principio del mérito constitucional que, si fuera acogido por un verdadero presidente demócrata, deberá implementarse para la vinculación vertical de cualquier tipo de relación laboral, es decir, desde los contratistas de prestación de servicios, todas las temporalidades, hasta los de libre nombramiento y remoción.
La situación del empleo público en términos de la jurisprudencia constitucional es un estado de cosas inconstitucional, que ni la misma corte advierte, y se atreve a enderezar, en vez de declarar inconstitucional un asunto menor como la pesca deportiva. A veces hasta la justicia cojea en estos campos.
